Mario. Medina
¿Por qué un importante número de grupos empresariales, políticos y medios de comunicación, acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de “expropiar” tres tramos ferroviarios de Grupo México en Veracruz? Si así fuera, esta posible decisión está contemplada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Ese tramo es una concesión de 120 kilómetros que le entregó Ernesto Zedillo a Germán Larrea en 1998, dueño de Grupo México, uno de los hombres más ricos del mundo, quien ha visto crecer su riqueza, gracias a gobiernos priístas y panistas que le entregaron lo que ha querido. Allí están las minas que son propiedad de la nación, y su usufructo ha beneficiado a este personaje, pero no a la población.
La reacción a la decisión presidencial no se dejó esperar, de inmediato, muchos se le fueron encima, acusando al mandatario de ejercer un acto “autoritario”. Empresarios, políticos, periodistas, se sumaron a la lista. Un reportero, por WhatsApp, enojado, escribio: “la acción contra Larrea para mí es un acto autoritario”.
Desde luego que estos críticos tienen claro que no es lo mismo propiedad pública que propiedad privada. La primera refiere al derecho que tiene el Estado mexicano (Federación, Estados, Municipios), sobre bienes de dominio público. La propiedad privada, es el derecho que tiene una persona física o moral particular para gozar y disponer de sus bienes con las limitaciones establecidas por la ley.
La Constitución le permite a la federación, a los estados y a los municipios, otorgar concesiones de una propiedad pública. En este caso, la concesión administrativa es un acto por medio del cual se concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado, pero insisto, no es de su propiedad, es de la nación.
Estos personajes buscaron aprovechar el hecho para tratar de engañar a la población de que el gobierno estaba expropiando el tramo de 120 kilómetros de la empresa Ferrosur, una concesión que el gobierno le entregó a Larrea, digámoslo, de otra manera, en préstamo.
El artículo 27 constitucional dice: “la nación tendrá en todo momento el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte la propiedad pública” y que las “expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
Los opositores a la 4T dicen que ha sido un “acto autoritario que va a alejar a la inversión extranjera”. Habrá que recordar que el 19 de abril pasado, el gobierno de AMLO y la empresa española Iberdrola, llegaron a un acuerdo mediante el cual la administración morenista adquirió 12 plantas de ciclo combinado y una eólica por 5 mil 943 millones de dólares, lo que tira sus afirmaciones de que López Obrador pretende, “como en Cuba y Venezuela, apropiarse de sus empresas”, según dijeron los críticos.
Se le acusa al presidente de ser “autoritario”. Entonces, ¿por qué previamente López Obrador y Larrea dialogaron y llegar en un primer momento a un acuerdo? Sí AMLO fuera un “peligro”, como lo acusan, le hubieran arrebatado a Iberdrola sus plantas eléctricas y negarse a pagarle un solo peso.
Larrea exigía como indemnización 9 mil 500 millones de pesos para dejar una concesión, un espacio del territorio nacional que le pertenece al Estado mexicano. Para López Obrador fue inaceptable esa petición.
Ahora bien, si fuera el caso de que hubiera sido una expropiación, la Constitución le permite al jefe del Ejecutivo decretar la expropiación, y esa posibilidad no sólo está contemplada en nuestro país, se practica en todo el mundo.
La periodista Viri Ríos en el diario Milenio, escribió: “En defensa de la expropiación”, recuerda que este mecanismo se utiliza con frecuencia por gobiernos democráticos de todo el mundo. Documentó que “en 2019 se expropiaron terrenos para construir instalaciones aduaneras en Texas.
En 2018 para un tren de alta velocidad en Inglaterra y desde 2020, en Barcelona, se expropian los pisos (departamentos) vacíos propiedad de la banca para convertirlos de alquiler social. Dice bien “expropiar es una herramienta legal y regularmente utilizada”.
“Enrique Peña Nieto expropió 8 mil 600 metros cuadrados de terrenos para construir el Libramiento Ferroviario a Santa Fe. Fox expropió 27 de los 36 ingenios azucareros, y “hace unos meses Miguel Treviño, de San Pedro Garza García, aprobó una expropiación en Centrito Valle para un proyecto de regeneración peatonal”, detalló en su texto.
El gobierno de Porfirio Díaz presentó en 1899 el proyecto del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec para impulsar la economía del país y el contrato se realizó con la empresa inglesa Pearson & Son Limited en 1899. Se buscaba unir al Pacífico con el Atlántico, pero con la entrada en funcionamiento del canal de Panamá, en 1914, se desistió de su construcción.
López Obrador en 2018 anunció la reactivación de aquel proyecto, al que bautizó como “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. La decisión de la “ocupación temporal” del tramo de 121 kilómetros concesionado a Larrea, va más allá de un conflicto con el empresario. Es la previsión del gobierno federal a no dejar un espacio que debe entenderse de “seguridad nacional”. donde debe prevalecer el interés público sobre el privado.
La ocupación temporal de los 121 kilómetros de Ferrosur, es un arbitraje que le permite ser Jefe del Ejecutivo, a partir de lo que le marca la ley.
Es pues, un acto legal. Lo demás, son las campañas de siempre: “Hay viene el lobo”; “ya llegó”; “nos quiere quitar el país que hemos construido y arrebatarnos el futuro de nuestros hijos”.
Son unos falsarios, su gritería, son los alaridos de los de siempre.
*Que no le cuenten…*
El 4 de junio debe ganar Delfina Gómez, las encuestas serias, profesionales, sin sesgo político, así lo marcan; si gana Alejandra del Moral, es porque, como siempre, pusieron en práctica el fraude electoral.
