Luis Miguel Carriedo*
El pasado 10 de junio el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno inyectaría recursos para evitar la quiebra de Altán Redes, empresa responsable de la llamada “red compartida” de telecomunicaciones que empezó a operar en 2016 con dos objetivos: generar mayor competencia en un concentrado mercado de telecomunicaciones e instalar más infraestructura en todo el país para garantizar cobertura universal de internet con banda ancha móvil en localidades donde las grandes empresas privadas del sector -con o sin competencia-, se niegan a invertir por considerarlo no rentable.
Cuando arrancó el sexenio de Enrique Peña Nieto se firmó el llamado “Pacto por México” entre las principales fuerzas políticas (entonces PRI, PAN y PRD), quienes acordaron impulsar, entre otros temas, reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que finalmente fueron aprobadas y publicadas el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.[1] Desde entonces el artículo 6 de la norma fundamental establece que el Estado debe garantizar “el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”.
Para lograr ese mandato se dispuso en el artículo décimo sexto transitorio del decreto que habría una “red pública compartida de telecomunicaciones”, la cual podría “contemplar inversión pública o privada”. Esa red tendría a su disposición 90 Mhz del espectro liberado por la transición de la televisión analógica a digital en la banda de 700 Mhz, la cual tiene características favorables al internet de banda ancha móvil, con una tecnología 4.5 G (LTE) que puede atravesar paredes y alcanzar buena cobertura, a lo que se sumaría infraestructura de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
Durante el sexenio de Peña Nieto se optó porque la inversión fuera pública y también privada. Altán ganó el concurso para operar la Red compartida en 2016, pero arrancó dando prioridad al objetivo de mayor competencia antes que completar primero el de cobertura en zonas sin internet, desplegando primero infraestructura en zonas donde ya había servicio, aunque acaparado por América Móvil (Telcel).
Ahora, en el sexenio de López Obrador, ante la insolvencia de Altán, la prioridad presidencial apunta a la cobertura universal que busca llegar al menos al 92 por ciento de la población con foco en las localidades que nadie quiere conectar, sin que ello implique renunciar a mantener viva la infraestructura en zonas urbanas ya desplegada por Altán que propician competencia.
¿Competencia desleal?
No será fácil, la empresa tiene muchos candados que le impiden ser rentable a juicio de especialistas, tiene restricciones que nacieron a modo de las grandes empresas del sector que ahora acusan “competencia desleal”, cuando el Estado use su propia red para contratar con dependencias públicas o brindar los servicios a usuarios finales directamente para tener viabilidad y seguir avanzando en conectar a desconectados con acceso efectivo.
Si es el Estado quien despliega la infraestructura donde los privados se niegan, ¿por qué no podría el Estado dar directamente el servicio ahí o contratar internet de instituciones públicas en esos u otros lugares con una empresa estatal sin fin de lucro para sostener el proyecto? Porque la industria se opone y amaga con invocar el T-MEC y las reglas de competencia.
La opción de que dependencias públicas contraten con Altán sus servicios de internet parece ser la preocupación central de las empresas, es tema que está en la mira de una inminente oposición férrea de la industria, desde donde ya se mandan avisos de que no permitirán que les quiten contratos de internet con instituciones públicas, aunque el gobierno usando su propia red de ese modo, tendría una alternativa para dar rentabilidad social al proyecto de la Altán.
Las grandes empresas y su aparato de cabildeo presionan para que la nueva Altán controlada en su administración por el Estado, con todo y su red, desaparezcan de una vez en todas las zonas urbanas donde no quieren riesgo de competencia privada o pública, aunque eso implique también cancelar todo el proyecto en las zonas rurales e incluso urbanas marginadas sin conexión. Es verdad que podrían existir otras opciones, pero se impone sólo el interés comercial, la afectación siempre será para las zonas más pobres que seguirían en la oscuridad tecnológica.
Ese día 10 de junio, durante una gira en Oaxaca, el Presidente confirmó en su conferencia matutina que Altán “estaba en quiebra”, y por ello su gobierno había tomado la decisión de aportar recursos para “que haya internet en todos los pueblos”. Aclaró entonces que, con la inversión estatal, Altán ya es de la nación: “El Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración de la empresa”, dijo, lo que en su opinión permitiría a su vez “internet gratuito en plazas públicas, en escuelas, en hospitales, en todos los sitios de interés colectivo”.
El acuerdo de financiamiento se habría firmado el 9 de junio y el Presidente lo informó al día siguiente, asegurando que la Secretaría de Hacienda daría un informe técnico al respecto. El día del anuncio, Altán difundió un comunicado en donde explica que la inyección de recursos, que algunos analistas (sobre todo los cercanos a la industria) han denominado “rescate” a particulares, implica acceder a un crédito por 388.1 millones de dólares (unos 7 mil 700 millones de pesos), de los cuales la banca mexicana de desarrollo aporta 41% con 161 millones de dólares, mientras que el 59% restante es la suma de 166.6 millones que aportan proveedores, 50.5 millones de los propios accionistas, así como 10 millones que vendrían de clientes.[2]
El principal accionista privado de Altán, antes de que el gobierno actual tomara las riendas en la administración, era Marapendi Holding B.V., un fondo de infraestructura administrado por Morgan Stanley Infrastructure; en menor medida el International Finance Corporation (IFC), organismo del Grupo Banco Mundial y un Fondo China México, así como la empresa española Isla Guadalupe y acciones sin derecho a voto que incluyen a Megacable y Axtel.
Es probable que, si Altán continúa operando en las mismas condiciones, los problemas financieros volverán en poco tiempo, pero también es cierto que, si el Estado no tomaba medidas para evitar el cierre definitivo, sencillamente se habría condenado a las zonas marginadas a seguir en orfandad de infraestructura, al menos con el modelo completo de alta velocidad que pretende la Red compartida con perspectiva integral desde que se incluyó en la Constitución en 2013.
El acento durante el sexenio pasado fue la competencia y no tanto en la cobertura, por eso Altán inició su despliegue en zonas urbanas donde ya había conectividad, y dejó al final las localidades marginadas que requieren una inversión mayúscula. Fuentes consultadas consideran que el 30% de cobertura que le falta a la Red compartida para alcanzar la meta de 92 por ciento de población, por ser en zonas lejanas o territorios complejos, podría ser igual o más caro que lo que ya costó desplegar el 70% que se lleva hasta ahora.
La industria, pese a que se niega a desplegar esa infraestructura en donde hay más zonas pobres y marginadas, ha reaccionado rechazando la participación gubernamental en Altán que busca seguir adelante, pese a condiciones adversas. Las voces de importantes consorcios del sector abrazan la narrativa que exige dejar todo al mercado, no quieren perder ningún beneficio económico ni dejar de tener como cliente cautivo a las propias dependencias públicas.
Consorcios por el negocio, olvidan cobertura
Gerardo Soria, especialista en el sector, muy cercano a la industria, lanzó en un foro registrado en el portal de la revista Expansión una advertencia al presidente López Obrador apenas cinco días después de que se informara de la participación mayoritaria del Estado en Altán: “Si al presidente se le ocurre, como creo que se le va a ocurrir, que todos los proyectos de gobierno y en todos los gobiernos en los que pueda influir contraten sus servicios de conectividad dejará fuera a los competidores para darle aire a Altán para que tenga recursos para que logre su cometido de llevar internet a todos los mexicanos. Esto violará el T-MEC”.[3]
América Móvil (Telcel) de Carlos Slim y la estadounidense AT&T concentran hoy el mercado de la telefonía móvil con banda ancha, pero magnates como Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, así como Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, también están en el negocio de internet. Eso explica posturas de rechazo en las pantallas de TV Azteca poco después de conocerse el apoyo financiero a Altán, incluso los días previos, cuando sus noticiarios comenzaron un nado sincronizado con analistas que defienden dar por terminada la Red y dejarle todo al mercado.
Otro vez Salinas Pliego
Desde el 8 de junio, antes del anuncio formal de la participación gubernamental en la administración, el noticiario estelar de Azteca, conducido por Javier Alatorre, adelantó el golpeteo mediático y leyó: “el gobierno es un pésimo empresario que gasta millones de pesos en proyectos ineficientes de los que no se beneficia México sino algunos políticos y sus socios, una muestra de ello es Altán Redes, creada supuestamente para llevar internet a regiones pobres del país”.[4]
Azteca aseguró en su guion que del 92% de cobertura que debía generar, Altán sólo tenía 2%, algo que es falso, pero fue la estrategia y el malestar en personajes poderosos de la industria, no sólo en Azteca. En realidad, el gobierno no administraba Altán hasta la inyección de recursos, la empresa estaba conformada por accionistas privados que no lograron hacerla crecer lo suficiente en términos de negocio.
En esa misma televisora, el 19 de junio, Soria tuvo espacio para reiterar su reclamo anticipado a la participación estatal en Altán, concediendo una entrevista con el periodista Sergio Sarmiento, quien antes de preguntar equiparó el “rescate” de la operadora de la Red compartida con el Fobaproa (el fondo que en los años noventa tenía deuda privada de bancos que se convirtió en pública para evitar la afectación de ahorradores defraudados).
El entrevistado Soria reprochó en el programa con Sarmiento, nuevamente, que Altán iniciara operaciones en 2016 con apoyo del gobierno de Peña Nieto a través de créditos de la banca de desarrollo, y sugirió que un fondo “México-China”, que es parte de los accionistas, podría favorecer a empresas de ese país como Huawei, quienes efectivamente son proveedores de equipos para el despliegue de infraestructura.
En mayo pasado, un mes antes de que se confirmara la inversión estatal para evitar la quiebra de Altán, la empresa aseguraba en un comunicado contar ya con una cobertura del 70.97% de la población y haber incrementado 30 veces su número de usuarios finales, pasando de 200 mil en 2019 a 6 millones en 2022. Esos usuarios son indirectos, porque la Red es mayorista.
El incremento se habría logrado, según Altán, en menos de 3 años, porque en noviembre de 2019 tenía sólo unos 200 mil usuarios finales. Aseguró tener presencia en “87 Pueblos Mágicos, 56 mercados comerciales y cobertura social en 108 mil 106 localidades con menos de 5 mil habitantes” y dar un precio cuatro veces más barato para Operadores Móviles Virtuales, quienes no tienen infraestructura y compran al mayoreo el uso de espectro de Altán para dar servicio a usuarios finales compitiendo con grandes consorcios que tienen su propia red pero no la extienden a las zonas marginadas.
Un mes antes de la inminente quiebra, Altán decía contar con 114 clientes de ese tipo (OMV) y haber alcanzado a un millón de personas en “zonas de cobertura social” donde antes no había acceso a internet.
La falta de grandes clientes mayoristas puso contra la pared la viabilidad del modelo de negocio en Altán, porque quien opere la Red compartida tiene prohibido vender el servicio de forma directa al usuario final, sólo puede ofrecerlo sin discriminación a empresas que a su vez revenden e instalar infraestructura donde no lo hacen privados dominantes.
Golpeteo contra Altán
Fuentes consultadas coinciden en que un golpe considerable a la viabilidad del modelo de negocio previsto para Altán, fue la decisión de Telefónica Movistar de rentar espectro a su propio competidor AT&T en lugar de a la Red compartida. Telefónica incluso ha devuelto el espectro que operaba de forma directa para no pagar los derechos al Estado, pero sigue prestando servicio rentando al mayoreo y revendiendo, aunque esa renta de espectro no es con Altán sino con AT&T.
Es decir, el Estado le concesiona a AT&T espectro y esta empresa grande, en lugar de ocupar todo el que tiene disponible para servicio minorista, revende una parte a sus propios competidores al mayoreo con aval del Instituto Federal de Telecomunicaciones, modalidad que permite la ley pero camina al borde de la simulación.
Con el pretexto de no inhibir mayor despliegue de infraestructura se da más espectro del que realmente usan grandes consorcios, pero esa infraestructura no se despliega de todas formas en donde más se requiere y el espectro no se colma, se renta incluso.
Las empresas presionan una y otra vez al Estado para que absorba todos los costos que implica conectar zonas marginadas siempre y cuando sean beneficiadas al final del camino, para operar esa infraestructura que no pagan, cuando esté ya instalada. Así, en caso de que existieran usuarios interesados en contratar servicio en donde la conectividad la pague el Estado, sólo podrían brindarle esos servicios las empresas privadas que se negaron a invertir en infraestructura, usando la Red pública sin que ésta, que fue la que invirtió en esa conectividad específica, pueda dar directamente el servicio a las personas.
Un argumento de la industria es que ya existen empresas que cubren a la mayoría de la población, pero eso no es igual a las condiciones de acceso con calidad similar o precios razonables, porque, aunque teóricamente tengan cobertura en un territorio, el servicio no tiene la misma calidad y posibilidad de llegar a familias que no pueden pagar planes costosos.
Soria hizo, en su entrevista con Azteca, un planteamiento elocuente sobre lo que opina de la Red compartida: “Por pretender cubrir zonas no rentables, lo único que ha hecho es convertirse en un hoyo negro que lo único que hace es chupar dinero y así como quebró y ahora es rescatada por el gobierno dentro de tres años cuando termine este gobierno, o va a volver a quebrar o va a tener que seguir siendo subsidiada”.
Insistió que no es adecuado que el gobierno brinde cobertura en zonas “no rentables” (las de mayor pobreza) porque su red tendría obligación de ser “neutralmente competitiva” y, a su juicio “no puede tener beneficios por parte del Estado. Si el presidente quisiera, para subsidiar esta red (que) todo el gobierno contrate con la red y de esta manera se puede subsidiar el acceso a zonas no rentables violaría no sólo la Constitución y la ley, violaría de manera expresa el T-MEC que prohíbe darle a las empresas estatales un trato preferente”.
Desconectados
Miles de localidades pobres no tienen hoy cobertura de ningún tipo para internet, ni de Altán ni de ninguna empresa minorista. Acorde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (con cálculos que realiza a partir de lo que dicen cubrir las propias empresas), hay 8.3 millones de personas que habitan en 77 mil 219 localidades donde no hay cobertura de internet de ningún tipo, incluidas no sólo las localidades rurales, también cabeceras municipales[5]. De acuerdo con el INEGI, localidades menores a 2 mil 500 habitantes son las que se consideran rurales.
Sin embargo, acorde a la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares que realiza el INEGI, en 2020 había 84.1 millones de personas en México (72% de la población) que declaraban haber usado internet, pero sólo el 60.6% de los hogares tenía acceso a ese servicio.[6]
Es decir, cerca de 40 millones de personas no tienen acceso a internet (aunque en teoría tengan cobertura). La cifra podría ser mayor si consideramos que la brecha de acceso en territorios con mucha pobreza y poco interés de las empresas por invertir en clientes que no tienen capacidad económica para pagar planes costosos, implica que donde formalmente ya hay conectividad, en realidad la cobertura, en el mejor de los casos es 3G con mala calidad para navegar con muchas limitantes en internet móvil, lo que impide usar la tecnología para un flujo importante de datos a costos razonables para quienes menos recursos tienen, o permitir por ejemplo dar consultas médicas o educación a distancia y recibir contenidos de video e información constantes.
El 21 de junio, López Obrador volvió al tema y dio a conocer que a partir de julio y durante todo el 2023, su gobierno, ya con el control de Altán, instalaría mil antenas para avanzar en conectar a cerca del 30% del territorio nacional que todavía no tiene acceso a internet en la cobertura Altán. Reiteró entonces que, aunque el Estado controla a la empresa, hay participación mixta de dinero público y privado: “los inversionistas privados que ya estaban en la empresa, nacionales y extranjeros, aceptaron, nos dieron su confianza para que nosotros manejemos la empresa, porque ellos saben que ya no hay corrupción y que se actúa con eficiencia”.
El riesgo de poca rentabilidad o de sólo prolongar un poco más la quiebra, seguirá presente si prevalecen las condiciones actuales, y hay presión constante de la industria para que el espectro que tiene Altán se licite en favor de los grandes consorcios, que no haya Red compartida y se deje al mercado el negocio y al Estado toda la carga de infraestructura en las zonas marginadas, siempre que ya instalada puedan las empresas usarla para seguir lucrando.
Sin Altán ofreciendo servicios mayoristas de espectro (con ayuda y supervisión de la estatal PROMTEL), la posibilidad de competencia en zonas urbanas donde ya hay cobertura se aleja, pero al mismo tiempo, las empresas buscan que el gobierno cargue con todos los costos de la infraestructura en zonas alejadas, con alta marginación, en caso de instalarse, licite subsidios en todo caso, quieren también que no pueda el Estado que desplegó esa infraestructura, prestar el servicio directo a usuarios o dar internet gratuito en comunidades que conectó.
Las empresas sólo aceptarían, a partir de esa narrativa, que los potenciales nuevos clientes, ahora sí, queden en manos de grandes consorcios que nada aportan al despliegue de infraestructura en donde más se necesita por los altos niveles de marginación y desigualdad.
Malas señales de accionistas
Hay señales claras de que los propios accionistas privados de Altán no confían del todo en la viabilidad de la empresa si todo continúa igual. Su aportación financiera en la inyección anunciada por el gobierno estuvo muy por debajo de lo que dieron los proveedores, quienes no quieren quiebra antes de que se les paguen adeudos que son mayores a la parte de financiamiento que dieron para salvar a la empresa. En el caso de accionistas, que deberían ser los más interesados, sólo aportaron 50.5 millones de dólares al llamado “rescate”, lo que representa apenas el 13% del monto para evitar la quiebra inmediata.
Antes de esa inyección de recursos impulsada por el gobierno, el capital era completamente privado en Altán, pero con apoyo de la banca de desarrollo a través de créditos. El Estado participaba ya a través de PROMTEL, administrando el espectro que se renta y verificando que Altán desplegara la cobertura prometida en el contrato, además, hay algunos incentivos a la Red mayorista como permitir un pago de mucho menor por el espectro en la banda de 700Mhz. Los cabildeos de empresas privadas en el diseño de la reforma constitucional acotaron el margen de la Red compartida pública, con el argumento de que no fuera a distorsionar “la competencia”, se obligó por ley a que ese proyecto ahora a cargo de Altán desplegara infraestructura en todo el territorio siempre que no prestara directamente servicio a usuarios finales, es decir, que sólo le venda al mayoreo acceso a su infraestructura y espectro a otras empresas del sector, a pequeñas o a grandes consorcios sin discriminación, para que sean estas quienes revendan a usuarios.
Los empresarios y sus cercanos anticipan que habría violaciones al T-MEC si el gobierno decide adjudicaciones directas a la nueva Altán estatal de todos sus servicios de internet en dependencias públicas por el Estado. Pretenden equiparar esa empresa con mayoritaria presencia estatal con una privada dedicada al lucro, y aplicar el artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece una figura llamada “neutralidad de la competencia”, la cual señala como “obligación del Estado” no “generar distorsiones al mercado como consecuencia de la propiedad pública”[7].
¿Estado vs mercado?
A las grandes empresas no les gusta que el Estado promueva entrada de nuevos jugadores, lucran con el espectro radioeléctrico que es un bien de la nación pero presionan para dejar de pagar impuestos como el IEPS y también para que el derecho de espectro sea mucho más barato o nulo, no aceptan invertir en infraestructura de zonas marginadas y ahí sí no les importa la intervención estatal, siempre y cuando se limite a pagar esa infraestructura condicionando que ya lista, sólo empresas puedan usarla para darle servicio a usuarios finales sin posibilidad de internet gratuito y como último aspecto que no estarían dispuestos a ceder, está la garantía de que todas las dependencias públicas contratan sus servicios de internet y telefonía con las empresas privadas y nunca con la Red compartida que funciona con recursos públicos, quieren todo el negocio cautivo, todo el beneficio pero cero compromiso con quienes más lo necesitan.
La salida para Altán con el control estatal parece estar en priorizar conectividad en zonas marginadas, pero dar un golpe de timón en cuanto la restricción de sus ventas mayoristas, permitiendo que sobre la infraestructura que despliega donde el resto de operadores no va, pueda incluso brindar servicio a usuario final y además, hacer valer que los servicios de internet del Estado puedan contratarse con Altán y no sólo con concesionarios de siempre. Es la Constitución es donde se mandata cobertura universal, entonces no debiera estar en duda que la infraestructura y conexión efectiva es un derecho general, que no resuelve sólo el mercado y su modelo neoliberal.
*Periodista
@lmcarriedo
[1] Ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013#gsc.tab=0
[2] Ver: https://www.altanredes.com/logra-financiamiento-millones-dolares/
[3] Ver: https://expansion.mx/empresas/2022/06/15/estado-altan-arriesga-competencia-telecomunicaciones
[4] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=RHqbkWogD-Y
[5] Ver: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/687804/211209_PCS_2021-2022_vf.pdf
[6] Ver: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Internet22.pdf
[7] Ver: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/346846/LEY_FEDERAL_DE_TELECOMUNICACIONES_Y_RADIODIFUSION.pdf
