El rechazo de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte a una parte del Plan “B” electoral propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, generó el mayor enfrentamiento entre la Presidencia de la República y el máximo tribunal de que se tenga memoria.
El polémico rechazo de nueve ministros a la propuesta presidencial que buscaba reducir el gasto público en materia electoral como parte de la agenda gubernamental de austeridad, produjo severas críticas en contra de los togados, quienes terminaron la semana como defensores y protagonistas del derroche económico en materia electoral y como defensores de delincuentes de cuello blanco.
Conocedor del linaje conservador de la Suprema Corte, por lo menos de la mayoría de los ministros, seguramente López Obrador previó que aquellos ministros votarían en contra de sus reformas legales, después de que Arturo Zaldívar dejara la presidencia de la Suprema Corte.
Tal vez por eso, desde 2021, el Senado, con mayoría morenista, propuso que Zaldívar, cerca al mandatario, prolongara dos años más su gestión.
La reacción gubernamental a la negativa al “Plan B” fue respaldada desde el Senado. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal advirtió la posibilidad de emprender ‘juicio político’ en contra los ministros, además de llamarlos a comparecer: “El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no las hemos ejercido. Pero este Senado, o el Congreso, nombra a los ministros de la Corte, y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, detalló.
“Y también tenemos un recurso que poco se agota que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros Poderes”, adelantó.
Paralelamente, el presidente del Senado, Alejandro Armenta consideró que la actuación de la Suprema Corte (al rechazar la primera parte del Plan “B”) “ha sido excesiva, no sólo en esta decisión de invalidar el plan “B” electoral, sino que hay un golpe al Legislativo en otras reformas impulsadas por Morena que ha frenado en los últimos meses.
“La acotación de la Corte en la resolución reciente de dos reformas electorales tiene una implicación política, más que legal, ya que el plan “B” se aprobó con base en los reglamentos de la Cámara y del Senado. No hubo violación a ninguna ley”, agregó.
Según los nueve ministros consideraron que el “Plan B”, tuvo durante el proceso legislativo “claras violaciones”. El proyecto aprobado fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, que fue respaldado también por el ministro Arturo Zaldívar.
López Obrador fue más allá de las críticas -los calificó como “abusivos y ventajosos”-, y propuso un “Plan C”, consistente en convocar a los ciudadanos a votar en 2024 por su partido y aliados para obtener la mayoría en el congreso federal (Morena y aliados gobiernan 22 estados) e impulsar las reformas ahora rechazadas al poder Judicial.
Pero el Presidente, como estadista que es, no dejó pasar la oportunidad para proponer otro cambio histórico: que los ministros de la SCJN, fueran electos por los ciudadanos mediante votación, luego de considerar que actuaron de manera facciosa tras invalidar la primera parte del Plan “B”, ya que aseguró el poder Judicial “no tiene remedio, está podrido”.
Detalló que antes de terminar su mandato promoverá al menos tres reformas constitucionales, una de ellas entorno al Poder Judicial para que el pueblo decida, mediante votación, a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857.
Aunque el sistema político mexicano desconoce los mecanismos para elegir a los principales integrantes del poder Judicial, se pueden debatir y construir. Sería un cambio, uno más de los muchos aplicados o sugeridos desde Palacio Nacional para fortalecer al muy desacreditado poder Judicial.
Redacción.
