Fotos: Iván Bustamante
Aquel verano del 2000, el tercer milenio inspiraba optimismo, esperanza por un mejor país y un mundo distinto. En México, los ciudadanos se despojaban, por fin, de la hegemonía priista en la presidencia de la República e iniciaban el sinuoso camino rumbo a la consolidación de la democracia, pero con aquel relevo, los mexicanos emprenderían larga y azarosa travesía para ejercer plenamente el derecho a la información, viaje que todavía continúa.
El partido de Estado heredó una carga muy pesada de rezagos relacionados con el derecho a la información, que la derecha en Los Pinos durante doce años, no quiso atender ni pudo resolver por intereses políticos, favoreciendo al empresariado mediático, con menoscabo de las garantías de la mayoría de los mexicanos, a pesar de que ese derecho, se encuentra en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Durante dos décadas, la revista Zócalo acompaña a catedráticos, analistas, legisladores y periodistas quienes demandan equidad social en el acceso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información; fin al contubernio medios-poder político; plena libertad de prensa, derechos para las audiencias, entre otras temáticas. Esa exigencia dio frutos hasta el 2013, con la reforma constitucional, y un año después, con su legislación secundaria: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las reformas -en el gobierno de Peña Nieto-, crearon el órgano autónomo para regular y transparentar las concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión; se reconoció el derecho de las audiencias; pero no se transparentó la entrega de publicidad gubernamental.
En la ley secundaria, se escamotearon las garantías para el pleno derecho a la información. En los últimos tres sexenios, la constante ha sido la supeditación del Estado a los intereses empresariales; y la arrogancia y desafío de los dueños de los medios frente al gobierno.
La nueva administración ahora en Palacio Nacional, ha venido a desempolvar ese amasijo de intereses entre el poder político y los medios: se redujo drásticamente y se transparentó la publicidad gubernamental; existe plena libertad de prensa; y se rinde cuentas cotidianamente; ya no se compran plumas de periodistas; aunque tropezó al reducir injustificadamente los tiempos fiscales para entregarlos al empresariado; mientras está pendiente fortalecer a los medios públicos.
En veinte años el activismo a favor del derecho a la información arrojó enormes avances, pero suficientes. La brecha digital lacera el derecho al internet de amplias capas de la población; la seguridad aún es frágil entre los derechos de los consumidores de telecomunicaciones; y los contenidos en la radiodifusión comercial siguen siendo anodinos.
Aquellos pendientes son parte de la temática por abordar en Zócalo, entre el abanico de asuntos que nos ofrece la comunicación política, la libertad de prensa y las nuevas plataformas digitales. Esperamos, estimado lector, continuar figurando entre sus lecturas cotidianas.
