Gerardo Israel Montes*
La desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos causó gran indignación nacional e internacional, que desembocó en severas críticas a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero (Guerrero), José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda (Iguala) y contra las policías federal, local y municipal y el Ejército mexicano, debido a su actuación omisa, negligente o de complicidad en los trágicos sucesos del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, donde privaron de la libertad a los jóvenes y su posterior asesinato.
Ante la falta de avances en las investigaciones por esas desapariciones, creció el clamor social por encontrar con vida a los normalistas y la exigencia de justicia. Mucha gente hizo suya las frases: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Nos faltan 43”. Inclusive, personajes del periodismo y el análisis, acostumbrados a la impostura, como Joaquín López Dóriga y Denise Dresser, usaron la tragedia para abonar a su pose personal de presuntos defensores de la justicia y críticos del gobierno federal. El primero en 2014 apareció en algunas ocasiones portando una playera con el número 43; o Dresser fue muy activa en Twitter pidiendo justicia por la desaparición de los normalistas.
Casi ocho años después de esa tragedia, el 18 de agosto, el gobierno del Andrés Manuel López Obrador, a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, dio a conocer el informe preliminar en donde contundentemente se asegura que la desaparición forzada de los normalistas fue un crimen de Estado.
A pesar de que los nuevos elementos contenidos en dicho informe desmoronan la “Verdad Histórica” construida en el gobierno de Peña Nieto, a través de su procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, donde se aseguró que todos los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas esparcidas en el río San Juan, los intelectuales orgánicos y periodistas afines y serviles al viejo régimen –de forma mezquina y con una actitud despreciable por no mostrar ninguna clase de empatía con los familiares de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa– cuestionaron el informe, desestimando que se tratara de un crimen de Estado y alegando que se había llegado a las mismas conclusiones contenidas en la investigación del gobierno peñanietista.
Lo que más destacó en su postura “crítica” fue la clara defensa que hicieron del exprocurador general de la República, luego de ser aprehendido días después de la presentación del informe. En una lamentable postura intelectual, reflejo de la ira y el odio incontrolable que mantienen en torno al gobierno de López Obrador, y junto a sus ganas de revanchismo y la intolerancia que les produjo que encarcelaran a una de las principales figuras del anterior régimen, quizás uno de sus benefactores, académicos y periodistas furibundos, lanzaron una amenaza a los funcionarios de la 4T, advirtiéndoles que en un futuro ellos podrán correr la misma suerte que el político priista detenido y preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Así lo expresaron, entre otros, Carlos Loret de Mola. En su columna de El Universal del 22 de agosto: “7 carambolas de la detención de Murillo Karam”, el comunicador utilizó la mentira falaz de que este gobierno atendió mal la pandemia del COVID-19, para hacer la siguiente comparación: “Si Murillo fue negligente y no actuó para rescatar a los 43, ¿cómo queda Gatell con 600 mil muertos en la pandemia?”.
Y en su pose intimidatoria, se lanzó en contra del actual Fiscal General y del jefe de Comunicación Social de López Obrador, subrayando que “Gertz abre la puerta de la cárcel…para sí mismo. El fiscal Gertz Manero detuvo a un hombre que despachó en su misma oficina hace unos años. Después de lo que hemos atestiguado de Gertz este sexenio hay materia para que siga los mismos pasos que Murillo (…) el miedo de Jesús Ramírez. En la lista de funcionarios acusados de haber fabricado la ‘Verdad Histórica’ figura Eduardo Sánchez, exvocero presidencial, que no hacía más que difundir las decisiones que se tomaban. ¿Qué le espera a Jesús Ramírez, mucho más poderoso e influyente que Sánchez, cuando se revise todo lo que ha fabricado López Obrador?”.
El abogado de Televisa, Javier Tejado Dondé, al final de su artículo publicado en el mismo periódico el 30 de agosto, siguió la misma línea que le fue marcada a los voceros-defensores del anterior régimen.
Adujo que bajo supuestos “documentos en poder de esta columna”, la Segob que entonces dirigió el ahora senador priista Migue Ángel Osorio Chong, “sí empezó la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa desde el mismo 26 de septiembre de 2014 (…) De igual manera, la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, inició la búsqueda un día después de atraer el caso. En concreto, en la iglesia de San Gabrielito, donde pensaban encontrar a algunos normalistas en sus bodegas. Con los argumentos que la FGR ha dado para arrestar a Murillo Karam por la muerte de 43 normalistas, centrados en la negligencia, ¿estarán varios funcionarios de la 4T en riesgo de ir a la cárcel, pues en su guardia murieron 600 mil mexicanos a causa del COVID?”.
Mientras que en Twitter, el 18 de agosto el sumiso peñanietista Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, lanzó un par de tuits amenazantes: “Los verdugos de hoy deben medir cuidadosamente sus palabras. No les vaya a tocar ser los corderos de sacrificio de mañana”.
En tanto, el intelectual orgánico de algunos grupos del prianismo y defensor a ultranza de Ricardo Anaya, el académico Raúl Trejo Delarbre, publicó el 19 de agosto en esa misma red social: “La detención de Jesús Murillo Karam es resultado de una operación de propaganda política del gobierno de López Obrador. Las conclusiones sobre Ayotzinapa que ha ofrecido Alejandro Encinas son esencialmente las mismas que presentó Murillo en 2014”.
El derrumbe de la “Verdad Histórica”
Los voceros del anterior régimen, profesionales en la distorsión informativa, parten de la premisa a modo de que la administración de Peña Nieto “sí empezó la búsqueda de los normalistas”. Eso es más que obvio. Lo que buscan evadir y omitir es que en 2014 el Estado hizo todo lo posible para que no se supiera la verdad sobre el grado de colusión que hubo entre autoridades de muchos niveles, incluidos integrantes del Ejército, en la desaparición y, todo indica, privación de la vida de los 43 normalistas, quienes fueron asesinados en distintos sitios y no sólo en el basurero de Cocula, como falsamente sostuvo Murillo Karam.
Cabe recordar que la incredulidad y el enojo colectivo se avivaron aún más ante los elementos inverosímiles contenidos en la denominada “Verdad Histórica” que presentó el 27 de enero de 2015 el propio Murillo Karam, en compañía de Tomás Zerón de Lucio, quien era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En aquella ocasión se afirmó que los 43 estudiantes normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de “Guerreros Unidos”, grupo que supuestamente arrojó las cenizas de los normalistas al río San Juan.
Al asegurar que su “Verdad Histórica” se basaba en pruebas aportadas por la ciencia, y a pregunta expresa de un periodista, Murillo Karam contestó que la investigación se tenía que cerrar porque había que castigar a los culpables. “Cerrar una investigación tal vez no es la palabra adecuada mientras no tenga yo detenidos a todos los culpables”, dijo, “pero si usted me pregunta ¿Los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron? Yo le diría sí. Y (hay) mucho más (evidencia) que en muchos otros casos: hay cuatro confesiones, no una, de autores materiales”.
En tanto Zerón de Lucio aseguró que no había una sola evidencia de la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas.
Tuvieron que pasar ocho años para que se conocieran nuevos elementos que están dando luz sobre lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre e incluso días posteriores, así como la colusión realizada entre autoridades de todos los niveles en la desaparición de los normalistas.
El pasado 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó las conclusiones preliminares del informe elaborado por la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, en el cual se confirmó que la desaparición de los estudiantes se trató de “un crimen de Estado”, en donde autoridades locales y federales (Sedena, Cisen, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía estatal, entre otras) conocieron en tiempo real las agresiones que estaban sufriendo los normalistas, pero fueron omisas en evitar su “desaparición y asesinato” que fueron perpetrados por integrantes de “Guerreros Unidos”; y además, se puso énfasis en el encubrimiento que se dio al más alto nivel gubernamental sobre los hechos ocurridos.
Durante esa conferencia, el funcionario señaló que, tras la revisión y análisis de documentos, registros telefónicos y de mensajería y de videograbaciones, se acreditó plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco Tetecuacuilco, con el grupo criminal “Guerreros Unidos” para llevar a cabo la desaparición de los muchachos.
En el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, se asienta que la “Verdad Histórica” orquestada por Jesús Murillo Karam, Gualberto Ramírez Gutiérrez y Tomás Zerón, se sustentó con la información obtenida “espontáneamente” de una llamada telefónica realizada el 25 de octubre de aquel 2014 por una mujer, propietaria de la tienda de abarrotes “Aquí me quedo”, quien proporcionó datos de miembros de “Guerreros Unidos”; y posteriormente en los interrogatorios realizados mediante tortura.
Tras subrayar que en la “Verdad Histórica” se configuraron violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas, privación de la libertad, homicidios, participación e involucramiento de agentes estatales y personas que actuaron con el apoyo del Estado, además de la negativa, ocultamiento y manipulación de la investigación de las autoridades gubernamentales, en el informe de Encinas, se hace un cuadro comparativo de elementos contenidos en la denominada “Verdad Histórica” y la información actual encontrada por la comisión creada en la actual administración federal, entre los que destacan:
| Verdad Histórica | Información actual |
| La desaparición de los estudiantes se realizó por instrucciones de integrantes de “Guerreros Unidos”. | “A1” (identificado como José Luis Abarca) ordenó recuperar la mercancía: “me chingan a todos a discreción”. Además, ordenó la desaparición de todos los estudiantes: “mátalos a todos, Iguala es mío”. |
| Integrantes de “Guerreros Unidos” incineraron a los normalistas en el basurero de Cocula. | Las instrucciones originales eran quemar a todos los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos. “El Chuky” les metió machete y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera. Se desconoce el método de ejecución de los normalistas llevados a Huitzuco. |
| Los restos hechos cenizas fueron colocados en bolsas negras que los sicarios arrojaron al río San Juan | El día de los hechos seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en “la Bodega Vieja”. El 30 de septiembre “El Coronel” (el general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, y quien se entregó a las autoridades a mediados de septiembre de este año) comentó que ellos se encargarían de limpiar todo y de los seis estudiantes que habían quedado vivos. |
| Respecto a las ubicaciones (primer destino) se conoce que: “El Chino” arrojó sus “paquetes” al río Balsas. “La Gorda” los llevó al pozo de Pueblo Viejo. A “El Moreno” se le pidió que cocinara a 10 estudiantes, pero por falta de material sólo cocinó a cinco, el resto se los mandó a “El Chuky”. “El Chino” comenta que hasta en la mina de los patrones aventaron gente. |
En el informe elaborado por la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, se señala que, días posteriores al 27 de septiembre, Abarca se reunió con los “asesores de México” para que ellos pudieran “limpiar”: “van a borrar evidencia … y los van a mover para que no los hallen”; “los licenciados y la gente de México ya tiene el circo armado”. Se menciona también que secuestraron a un ingeniero de Chilpancingo para ir a desenterrar los cuerpos y se los llevaron (segundo destino) a: el 27 Batallón; al Rancho del Cura; a Lomas de Coyote y a La Mina.
A pesar de los nuevos elementos aportados en el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, los periodistas, analistas y académicos orgánicos que supieron transitar durante los gobiernos emanados del PRI y el PAN bajo la impostura de una aparente posición crítica, dieron una muestra más de su alta capacidad para mentir y distorsionar la información de interés público, así como la baja calidad moral y ética que los pinta de cuerpo entero, producto del odio desmedido que tienen contra López Obrador.
Su principal argumento fue desestimar que estemos frente a un crimen de Estado, a la par de asegurar que la investigación encabezada por Alejandro Encinas llegó a las mismas conclusiones que la realizada por Murillo Karam. En esta tesitura estuvo Trejo Delarbre quien, con la visceralidad y soberbia que lo caracteriza, y seguramente sin haber leído todo el informe, publicó el 21 de agosto en La Crónica de hoy su artículo: “¡Fue el Estado!”: farsa y demagogia, en el cual sorprendentemente consideró que sostener el señalamiento de que se trató de un crimen de Estado “ha contribuido a ocultar la verdad sobre el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Y, yendo más allá, salió en defensa del entonces gobierno priista al decir que de tanto repetir que fue el Estado “en amplias zonas del espacio público se ha considerado que la muerte de los normalistas fue culpa de la administración de Peña Nieto. Ese presidente cometió numerosas torpezas, comenzando por su insufrible insensibilidad política. Pero no supo, ni pudo prever, ni evitar, la muerte de aquellos estudiantes”.
Un día después, en su Bitácora del director de Excélsior, Pascal Beltrán del Río tituló a su columna: “Crimen de Estado”, en donde, con su habitual estilo cargado de boberías y simpleza de comentarios, repitió el contenido del tarjeteó que recibieron diversos columnistas, para afirmar que “el gobierno federal produjo su propio relato de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (…) Éste no se distingue en demasiado de la vilipendiada ‘Verdad Histórica’ del gobierno anterior. Ambas investigaciones concluyeron que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales y puestos en manos de un grupo criminal que los asesinó”.
Luego de considerar que la pesquisa del actual gobierno no se debe a los peritajes criminalísticos, sino a la principal consigna política que se usó para condenar los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014: “Fue el Estado” (misma frase del título del artículo de Trejo Delarbre), Beltrán del Río adujo que “el concepto de crimen de Estado tiene nulo valor legal. Su principal función en este caso es política. Sirve para disfrazar la incapacidad de cumplir con la promesa hecha a los padres de los muchachos: encontrarlos”.
En respuesta a estos comentarios insidiosos de los intelectuales orgánicos y la prensa vendida al prianismo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, refirió que el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa “ha suscitado la reacción del viejo régimen y de los defensores de la ‘Verdad Histórica’, quienes han señalado que se trata de una posición política, cuando el informe es resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico”
Dijo que a diferencia de la investigación encabezada por Murillo Karam: “Nosotros no torturamos”. En el informe del 18 de agosto Encinas asegura que en el documento se comprueba “la intervención de las autoridades de distintos órdenes de gobierno en el encubrimiento y manipulación de los hechos, de lo que se desprende que existió una evidente colusión de agentes del Estado Mexicano con el grupo delictivo de ‘Guerreros Unidos’ que toleraron, permitieron y participaron en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, así como en el intento de ocultar la verdad sobre lo ocurrido y que tuvo su expresión en la llamada ‘Verdad Histórica’”.
*Periodista y analista
@GerardoIMontes
