Balbina Flores
Regina Martínez Pérez, periodista profesional como pocos, fue canal indispensable para dar voz a las demandas sociales en Veracruz, un estado desbordado por la violencia, que nunca dejó de cubrir hasta el último día de su vida. Tan solo entre los años 2011-2012, los de mayor violencia en aquel estado, publicó más de cien notas periodísticas, relacionadas con inseguridad, corrupción, abusos policiales, ejecuciones, desapariciones, detenciones y violaciones a los derechos humanos.
Pero la línea de investigación de su muerte y su labor periodística nunca se agotó. Once años después es fundamental que se conozca y reconozca que Regina Martínez, fue asesinada por ejercer su labor periodística.
Después de su asesinato el 28 de abril de 2012, en su domicilio en Xalapa, las investigaciones seguidas por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, hoy Fiscalía General del Estado estuvieron plagadas de inconsistencias. Serias omisiones se registraron desde un inicio como el no agotamiento de las líneas de investigación vinculadas por su labor periodística.
La autoridad mantuvo desde un principio, su versión de que los hechos tuvieron como móvil un “crimen pasional” para después manejar como móvil un robo violento. Ante el reclamo del entonces director y fundador de Proceso, Julio Scherer, este respondió, “No les creemos”, sentenció.
Expresión que sigue vigente hasta la fecha, donde han pasado cuatro gobernadores incluido Cuitláhuac García, que está por concluir en 2024 y que poco o nada han hecho por esclarecer este crimen que tanto lastimó al gremio periodístico. Además del compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar y reabrir el caso.
Investigación y sentencia cuestionada
En 2012, la PGJ de aquel estado presentó a José Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, como cómplice del homicidio de Regina junto con José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”. La acusación en contra de “El Silva” se basó únicamente en su supuesta confesión, de la cual un día después se retractó y alegó ser víctima de torturas y amenazas para confirmar su participación en el homicidio además de haber permanecido detenido varios días antes sin ser presentado ante la autoridad. Después de diversos procesos legales, “El Silva”, continúa preso a pesar de las violaciones graves a sus derechos humanos mientras que “El Jarocho” continúa prófugo.
Por su parte, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión FEADLE, mantiene abierta la indagatoria e intenta agotar las líneas de investigación relacionadas a la labor periodística de Regina, ojalá y lo logré pero seguramente muchos datos y pruebas contundentes se han perdido en el camino. Quienes siguen en la escena pública son los funcionarios para los que Regina fue una periodista incómoda.
Estrategia a favor de las víctimas y de la verdad desde el año 2021, Propuesta Cívica, junto con Reporteros Sin Fronteras, con el consentimiento de revista Proceso, se iniciaron juicios para impulsar el reconocimiento en la investigación que continúa abierta en la Averiguación Previa 034/ FEADLE/2012 ante (FEADLE) de la calidad de víctima indirecta u ofendido del Semanario Proceso, medio de comunicación del que Regina, fue corresponsal en Veracruz por 12 años. Calidad que fue negada el 23 de febrero de 2022, por la Fiscalía, argumentando la inexistencia de una afectación directa al medio por el asesinato de Regina, porque respondió que “en ningún momento tuvo algún grado de afectación con motivo del agravio, el único daño consistió en que la periodista ya no pudiera seguir prestando sus servicios para dicho medio de comunicación”.
El 24 de octubre de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó conocer del amparo promovido por Propuesta Cívica en colaboración con Proceso, con el expediente del amparo en revisión 547/2022 pendiente de resolución en la Primera Sala, a cargo del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La Suprema Corte tiene la oportunidad histórica de reconocer la existencia de afectación hacía el semanario Proceso por el homicidio de Regina. Una decisión que podrá dejar un precedente para el derecho a la información, no solo en el caso de la periodista, sino también para otros periodistas asesinados y desaparecidos en México. Además de dar a los asesores jurídicos y a las víctimas, la posibilidad de tener un papel activo en las investigaciones para frenar la impunidad en los asesinatos y desapariciones de periodistas en México.
La última palabra la tiene ahora la SCJN. Ojalá tome una decisión significativa a favor de los medios de comunicación, las víctimas y por el derecho a la información y a la verdad, a la que tienen derecho sus familias, el gremio y la sociedad.
*Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras
floresbalbina2@carlos-padilla-rios
Publicado en el número 279 de la revista Zócalo, comunicación, política y sociedad.
