¿Criminalización de la protesta social? Cárcel por defender parque público
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¿Criminalización de la protesta social? Cárcel por defender parque público

Dolores del Carmen Chinas Salazar*

Guadalajara.– En Guadalajara y su área metropolitana tener una vivienda digna y hacer uso de espacios públicos es un derecho que está lejos de ser garantizado para las mayorías; poder disfrutar la ciudad se ha convertido en un privilegio para las personas con mayor capacidad adquisitiva. Las áreas verdes que oxigenan la zona urbana gradualmente han sido afectadas por la construcción de desarrollos inmobiliarios que han abusado de regulaciones poco claras y se han beneficiado de concesiones y permisos de autoridades sin escrúpulos que privilegian el lucro frente a la protección del medio ambiente o las necesidades colectivas.

Frente al crecimiento desordenado de la ciudad y la afectación de espacios comunes en la zona conurbada a Guadalajara, diversos colectivos, grupos vecinales y personas expertas en temas ambientales se han pronunciado con gran preocupación respecto a los privilegios con los que cuentan las empresas de la industria inmobiliaria y han desarrollado acciones de protesta social y movimientos en defensa ambiental; en ese sentido y la pretensión de privatizar el área llamada “Parque Huentitán” los vecinos conformaron actividades de resistencia pacífica civil como reforestar para preservar el espacio.

Las acciones vecinales de defensa del “Parque Huentitán” contaron con el respaldo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara e instalaron en marzo de 2021 un campamento como forma de resistencia, unos meses después fue desalojado violentamente por personal de la Fiscalía del Estado y policías (agosto) y recientemente (enero 2023) tres jóvenes universitarios que participaban de las tareas colectivas para defender el parque fueron encarcelados bajo la supuesta acusación de despojo contra la inmobiliaria, que ya había comenzado a construir departamentos de lujo en el predio.

Se retuvo en el penal a los dirigentes estudiantiles haciendo uso de la “prisión preventiva oficiosa” y aunque fueron liberados algunas días después por la presión social que ejerció la comunidad de la Universidad de Guadalajara y numerosas voces en el país que denunciaron la represión hacia una causa justa, los jóvenes quedaron indebidamente sujetos a proceso penal por ejercer el legítimo derecho de protestar en defensa de un bien colectivo frente a la apropiación de la inmobiliaria.

Así, en Jalisco se criminaliza la protesta social, mientras que personas responsables de otorgar lucrativas concesiones que han afectado el derecho constitucional de las familias que habitan en la zona conurbada a Guadalajara de tener una vivienda digna y contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar permanecen en total impunidad.

La acción del Poder Judicial del Estado en contra de los jóvenes Francisco Javier Armenta, Iván Cisneros González y Alexis Rojas es una forma de criminalizar la protesta y de inhibir el derecho de la ciudadanía de manifestarse cuando un patrimonio colectivo se ve amenazado por el interés de lucro de particulares avalado por autoridades sin ética ni compromiso social. El proceso penal que afecta a los estudiantes y quienes conformaron la iniciativa vecinal frente al despojo es una afrenta inaceptable en agravio de aquellas personas que participaron en las acciones de resistencia para frenar la entrega del “Parque Huentitán” al afán de ganancia de empresarios sin escrúpulos que cuentan con el aval de autoridades para sus negocios.

Estas medidas represivas muestran a una autoridad judicial que criminaliza la libertad de expresión y el derecho de manifestarse para mantener los pocos espacios de áreas verdes que se preservan en la ciudad, es inconcebible que frente a los numerosos problemas de inseguridad que se padecen en Jalisco y las pocas acciones de las autoridades para contenerlos, haya personas que sean encarceladas por defender un parque público.

La gravedad de lo sucedido a los estudiantes ha reabierto el debate respecto a situaciones de gentrificación (desplazar a la población originaria de espacios urbanos revalorizados) y la construcción de zonas de alta plusvalía otorgándose permisos y concesiones sin los mínimos estudios de uso suelo, impacto ambiental o del agua también son una constante en la ciudad; la reducción del bosque de “La Primavera” para residencias privadas y la concesión a empresas inmobiliarias como la del “Parque Huentitán” para la creación de complejos habitacionales, son claros ejemplos de una política que privilegia intereses de grupos empresariales y consorcios frente al interés comunitario.

Por otro lado, zonas de Tlajomulco evidencian el fracaso de la política de vivienda con casi 80 mil casas en el abandono, en desarrollos precarizados como Chulavista, Mirador o Santa Fe nunca se instaló la infraestructura de transporte y servicios necesaria para su habitabilidad, se autorizaron residencias con una sola habitación en terrenos reducidos, multifamiliares que no contaban con áreas comunes para la recreación, tampoco se crearon escuelas o guarderías. Los problemas sociales que se han generado en ese tipo de vivienda llamada de alta densidad son múltiples: incremento de la violencia doméstica, inseguridad y presencia de fosas clandestinas en las casas abandonadas.

Las autoridades que durante años han avalado el afán de lucro de las inmobiliarias permanecen sin ser investigadas y continúan otorgando autorizaciones sin regulación, mientras que las protestas ciudadanas para denunciar la apropiación del “Parque Huentitán” y la corrupción en torno a esas concesiones son reprimidas mediante el ejercicio de acciones penales en contra de quienes lo único que han hecho es defender el derecho de la ciudad y de los vecinos a contar con áreas verdes en un espacio de uso colectivo que indebidamente se concesionó a particulares.

La comunidad universitaria respondió de forma contundente frente a la indebida detención de los jóvenes, se instaló un plantón permanente y llamó a estar alerta ante la arbitrariedad cometida contra los líderes estudiantiles; la presión colectiva logró ponerles en libertad pero aún no han sido exonerados de los cargos que les imputaron, por lo que la lucha y las acciones solidarias deben continuar tanto en la defensa de la libertad de manifestación de ideas como del derecho a contar con un medio ambiente sano y de disfrutar la ciudad.

*Doctora en Ciencias Sociales y profesora universitaria

9 de febrero de 2023