El Poder del Consumidor informó que presentó diversas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios y exfuncionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), relacionados con posibles conflictos de interés y el ocultamiento de ellos.
La denuncia, que incluye a Mikel Arriola, Álvaro Pérez Vega y Patricio Caso, es por el presunto conflicto de intereses en el desarrollo de la política pública de etiquetado de alimentos aplicada en México a partir de 2014, y por haber colaborado con la empresa Coca-Cola para resolver los amparos contra dicha norma.
En un comunicado, la organización civil indicó que las denuncias se presentaron por las comunicaciones que tuvieron altos funcionarios de la Cofepris, Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, con directivos de Coca-Cola entre 2013 y 2016.
“La finalidad de estas reuniones fue diseñar el antiguo etiquetado de alimentos (GDA), ampliamente criticado por la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales. También, las comunicaciones reflejan que la Cofepris y Coca-Cola buscaban colaborar en una defensa en conjunto contra los amparos que habían sido presentados en 2014 y 2015 por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil, contra la autoridad y la empresa”, agregó el documento.
El etiquetado Guías Diarias de Alimentación (GDA) fue introducido en México en 2011 por la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas de manera voluntaria. La primera en hacerlo fue Coca-Cola, señaló.
Añadió que dicho etiquetado establecía un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual fue permitido por las autoridades.
En 2014, en desapego a la ley, la Cofepris al mando de Mikel Arriola volvió obligatorio el uso de este etiquetado, pese a la oposición de organizaciones de la sociedad civil y la academia. Incluso la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud envió cartas a la Secretaría de Salud, en las cuales manifestó la ineficiencia de ese etiquetado, refirió El Poder del Consumidor.
Asimismo, mediante solicitudes de acceso a la información, se pidieron datos sobre la creación de este etiquetado, y la Cofepris respondió que no había sido elaborado por un grupo de expertos, sino por dos abogados y una ingeniera. Uno de ellos fue Patricio Caso Prado, exfuncionario de la Comisión y que ahora trabaja para Coca-Cola.
Ante la opacidad de la autoridad y la ineficiencia del etiquetado, El Poder del Consumidor, diversos consumidores y otras asociaciones civiles interpusieron demandas de amparo contra la Cofepris, llamando al juicio a Coca-Cola y sus subsidiarias.
A la par, en 2020 se inició un proceso legal en Estados Unidos, llamado Foreign Legal Assistance, en el cual se puede obtener información de empresas estadounidenses que sean relevantes para un juicio en el extranjero.
(Con información de Laura Poy Solano, reportera de La Jornada)
