Francisco Vidal Bonifaz*
¿Existe una correlación entre la orientación de las noticias y opiniones que aparecen en los periódicos sobre el gobierno federal y el dinero que este destina a esos medios impresos?
La pregunta es pertinente ahora que el gobierno del Presidente López Obrador dio a conocer el estudio “Análisis editorial de principales periódicos a nivel nacional” elaborado por la consultora Intélite.
Vale la pena aclarar en principio que no existe una metodología incontrovertible para dar cuenta de una opinión favorable, negativa o neutra que aparece en los medios de comunicación. Necesariamente interviene el juicio subjetivo de la persona que realiza la clasificación.
En segundo lugar, también es cuestionable que se piense que existen todavía periódicos a nivel nacional. En realidad, desde hace años, no parece haber evidencia estadística de que algunos periódicos circulen en todo el territorio nacional, si bien, entre los que menciona el estudio y que están listados en la tabla que aparece más abajo, algunos tienen influencia sobre todo entre las diferentes facciones políticas que operan a escala nacional (aunque también habría que tratar de sustentar con evidencia estadística esta afirmación).
Por último, los periódicos, especialmente los que circulan en la capital del país, habían sido el segmento más importante de la opinión publicada que, a su vez, ejercían influencia en la formación de la opinión pública. Está por demostrarse que se mantiene esta preponderancia en la época de internet y de redes sociales.
La conclusión del análisis de Intélite es que existe una tendencia a una crítica permanente de las decisiones y opiniones del Presidente López Obrador, como se da cuenta de manera resumida en el cuadro ya citado y que esta línea editorial responde directamente al comportamiento del gasto público en materia de publicidad. Debe, sin embargo, hacerse algunas consideraciones.
En primer lugar, debemos recordar al lector que, durante décadas fue un secreto bien guardado el monto de los recursos que el gobierno federal y, en general, toda la estructura del Estado mexicano, destinó para financiar medios de comunicación. Adicionalmente, durante décadas se ha carecido de un marco legal para la asignación de estas asignaciones, de tal manera que ha sido una atribución discrecional de la autoridad en turno al frente de los tres poderes federales y de los poderes de los estados, e incluso de los municipios.
Esta situación cambió parcialmente a partir del gobierno de Vicente Fox, cuando comenzó a hacerse pública la difusión del llamado gasto en comunicación social del gobierno federal. En materia de reglas de asignación, solamente se han emitido una serie de conceptos generales desde el tiempo del presidente Carlos Salinas.
El que esto escribe ha sistematizado información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y con base en ella es posible establecer que durante cinco años del gobierno de Vicente Fox Quesada (2002-2006) se erogaron 6 mil 918 millones de pesos por concepto de publicidad en medios de comunicación por parte del sector público federal (poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, órganos autónomos y empresas y organismos de control directo).
Durante el sexenio de Felipe Calderón la cifra acumulada llegó a 29.9 mil millones de pesos y bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto la cantidad se elevó a la friolera de 48.6 mil millones de pesos, es decir, 8.1 mil millones de pesos en promedio en cada año de gobierno de este último.
Estas cifras, es necesario repetirlo, corresponde solamente al gasto del gobierno federal. Algunos cálculos iniciales nos llevan a pensar que, si incluyéramos a los desembolsos de los gobiernos estatales y los de los principales municipios del país, la cifra podría duplicarse.
Hasta ahora, las asignaciones discrecionales habían permitido la elevación sistemática del gasto en publicidad, pero dada esta forma de determinar los montos, también era posible una eventual reducción de los mismos, lo que ha sucedido precisamente bajo el gobierno del presidente López Obrador. Solamente en 2019 el gasto en publicidad oficial se desmoronó hasta 2.9 mil millones de pesos –la cuarta parte de lo que erogaba cada año, en promedio, Peña Nieto— y es posible que durante 2020 baje todavía más (el presupuesto original solamente preveía gastar 2.4 mil millones de pesos).
Dentro de este ajuste: ¿cómo resultaron afectados los periódicos que forman parte de la muestra del estudio de Intélite? La información la hemos agrupado en la tabla # 1.
Una primera conclusión es que una parte de los periódicos más afectados con los recortes de la publicidad oficial son los que mantienen altos índices de opinión negativa en contra del gobierno del presidente López Obrador: El Economista, El Financiero, El Universal y Excélsior.
Pero la supuesta norma se rompe en el caso de Reforma, periódico que tiene el más alto índice de rechazo al gobierno de la Cuarta Transformación y que, a diferencia de los anteriormente citados, ha recibido 7 veces más recursos durante el primer año del gobierno de López Obrador en comparación con el último del sexenio de Peña Nieto.
En caso contrario, podría afirmarse que diarios como La Jornada son más benevolentes con el nuevo gobierno, debido a que han recibido una inyección importante de recursos (duplicando su ingreso de publicidad oficial), aunque Milenio que parece orientarse hacia el equilibrio en las opiniones que emite, también ha visto un aumento en su arcas a costa del presupuesto público.
¿Todo es, entonces, cuestión de dinero? No parece que el mecanismo financiero explique per se los matices político ideológicos de estos diarios metropolitanos. Con frecuencia se omite la rica tradición conservadora de estos impresos y de sus dueños. ¿Acaso Excélsior, o El Universal –por mencionar algunos— han reportado con un adecuado balance los diferentes acontecimientos políticos de las últimas décadas? ¿Acaso hubo equilibrio en la cobertura del movimiento estudiantil de 1968, en las jornadas estudiantiles de 1971, en la “guerra sucia” o incluso en las campañas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas y del propio López Obrador?
¿Todavía se puede afirmar, como se hacía bajo el gobierno de Salinas de Gortari, que El Financiero era el único periódico de izquierda que leía la derecha? ¿Se puede olvidar la posición abiertamente favorable a los movimientos liberales y radicales que mantenido La Jornada desde su fundación?
El dinero público puede influir o no, pero no explica a cabalidad las diferentes posiciones políticas e ideológicas que se expresan en los periódicos de la Ciudad de México que señala el estudio de Intélite.
Los empresarios mexicanos suelen ser conservadores y los dueños de los grandes periódicos metropolitanos no son la excepción. Además, en estos rotativos nunca se alcanzaron las mejores prácticas del periodismo comercial occidental –probablemente el que se ha practicado en Estados Unidos— que intentaban garantizar una separación entre la propiedad de los medios y el establecimiento de la línea editorial. Así, más allá de las preferencias ideológicas de los dueños, los profesionales del periodismo determinaban la agenda y línea editorial de periódico.
Aún más, en México, los opinadores –columnistas— tienen una amplia influencia en el conjunto de opiniones que se emiten en la prensa escrita. En 2018, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga, S. de R.L. de C.V. recibió 16.7 millones de pesos (no incluye IVA) por concepto de compras publicitarias de varias dependencias del ejecutivo federal. En 2019, esa sociedad no recibió un solo peso por ese concepto.
¿Es posible afirmar que las posiciones de López Dóriga estén influidas por este cambio en la política publicitaria del gobierno federal? Probablemente, pero no hay que pasar por alto que López Dóriga nunca ha sido un periodista de izquierda y ni siquiera un liberal radical.
En esta perspectiva, es posible que las posiciones políticas de medios impresos y de algunas de sus plumas más importantes estén influidas por los cambios en el volumen de dinero que reciben del erario público pero, al mismo tiempo, no se puede pasar por alto las diferentes tradiciones políticas e ideológicas de la gran prensa metropolitana y tampoco olvidar que en estas instituciones ha prevalecido el conservadurismo a lo largo de varias décadas.
En fin, en todo caso, la reciente discusión sobre la relación entre el gobierno, notoriamente el del presidente López Obrador, y diversos núcleos de la prensa nacional, debería aprovecharse para ampliar los términos de la misma e incluir otros cuestionamientos: ¿se justifica que el gobierno federal, y prácticamente todas las instancias del Estado mexicano, inviertan en publicidad en empresas privadas de medios de comunicación, es decir, que se destine dinero para engrosar los patrimonios de los empresarios mediáticos, independientemente de la posición política de cada uno de ellos?
¿No sería conveniente que esos fondos se utilizaran para fortalecer los medios del gobierno federal, de las universidades e institutos del sector público, de los que se orientan a la población que habla las lenguas originarias del país o los que están operando para atender demandas informativas de comunidades específicas? ¿Por qué no utilizar esos fondos para promover empresas informativas no lucrativas formadas por cientos de periodistas que ahora sobreviven en el desempleo y el subempleo cada vez más precarizado?
*Doctor en economía. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. [email protected]
