El combate a la corrupción ha sido bandera y causa del presidente Andrés Manuel López Obrador desde su tiempo como político opositor, ya fuera en su natal Tabasco al evidenciar los atropellos de Pemex…
El combate a la corrupción ha sido bandera y causa del presidente Andrés Manuel López Obrador desde su tiempo como político opositor, ya fuera en su natal Tabasco al evidenciar los atropellos de Pemex contra tierras chontales, o en la Ciudad de México antes, durante y después de su gestión como Jefe de Gobierno.
Personajes cercanos a la coalición Juntos Haremos Historia y funcionarios gubernamentales, algunos señalados en los medios de comunicación, no han escapado a las investigaciones y sanciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin mirar parentelas o influencias que en administraciones anteriores era excusa sufienciente para escudarse ante calquier intento de averiguación.
Este lunes se dio a conocer que las empresas “Lomedic, S.A. de C.V.” y “Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V.” ambas propiedad de Carlos Lomelí Bolaños, quien fuera delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, fueron inhabilitadas y sancionadas por brindar información falsa en procesos de licitación y contratación, a pesar de que tras su encomienda en el cargo se criticó el que dicho funcionario fuera compadre del Presidente.
Carlos Lomelí Bolaños
La SFP informó que “Lomedic, S.A. de C.V.” fue multada por más de un millón pesos y recibió una inhabilitación por dos años y seis meses por “proporcionar información falsa en diversos procedimientos de contratación” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
A la otra empresa de Lomelí Bolaños, “Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V.” se le multó con un millón 51 mil 500 pesos y recibió una inhabilitación por dos años y seis meses tras entregar información falsa para participar en una licitación del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes.
El pasado 6 de julio, la SFP anunció una multa y dos inhabilitaciones contra la empresa «Cyber Robotics Solutions», propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, por informaciones falsas presentadas para ganar una licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la compra de ventiladores mecánicos que serían usados por pacientes con Covid-19.
«Cyber Robotics Solutions» fue multada con más de 2 millones de pesos, una inhabilitación por 24 meses y otra por 27 meses tras haber entregado “equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS. Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas”, señaló la SFP.
El Presidente López Obrador señaló este día ante el juicio que inició por la presunta corrupción en Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto donde una planta de fertilizantes que había sido privatizada en tiempos de Carlos Salinas de Gortari regresó a manos del gobierno federal con un sobreprecio y en condiciones de chatarra, que le importa mucho el que casos de corrupción se conozcan y no se vuelvan a repetir, de igual forma indicó que es vital “ver qué podemos recuperar de lo robado”.
Una investigación realizada por la periodista Beatriz Pereyra de Proceso evidenció cómo tres empresas en complicidad con federaciones deportivas eran utilizadas para triangular recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
En febrero de este año la SFP realizó una auditoria que reveló la existencia de un mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió recursos federales del Fodepar donde la comprobación del dinero del fondo había sido hecha con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal” y que los recursos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos. Hasta el momento dicho fideicomiso podría desaparecer si se concreta la extinción de éstos como lo propuso el presidente López Obrador, pues los considera opacos y propicios a actos de corrupción.
A diferencia de administraciones pasadas, la gestión del presidente López Obrador no ha soslayado denuncia alguna sobre actos de corrupción de funcionarios o familiares de funcionarios federales.
@revistazocalo
