Vianey Perez Angeles
A casi 20 años de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, el Estado Mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) su responsabilidad por fallas en la investigación de la defunción de la abogada y resolvió reabrir la investigación del caso, así como indemnizar a sus familiares.
Luego de dos audiencias virtuales, en donde especialistas y testigos (entre otros), expusieron las diferentes situaciones del caso, el consultor jurídico de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, reconoció la condición de víctima de la defensora, y la responsabilidad del Estado en violaciones a convenios internacionales de DDHH.
Admitió que la investigación tuvo violaciones al debido proceso legal, ya que no fue realizada con perspectiva de género, ni dentro de los lineamientos de derechos humanos, además reconoció el sufrimiento que ha causado en los familiares de Plácido, que después de 20 años el caso no haya sido debidamente investigado.
Celorio detalló que se otorgará indemnización económica a la familia, además de un acuerdo de reparación en donde se incluirá la reapertura de la investigación, “con enfoque de género, perspectiva de derechos humanos y aportaciones de la familia, a través de un plan de investigación eficaz y diligente”.
Celorio aseguró que “el ánimo del Estado mexicano es llegar a la verdad”
Digna Ochoa, fue una abogada, activista y defensora de Derechos Humanos, asesinada el 19 de cctubre de 2001, luego de recibir amenazas y agresiones durante tres años, a causa de su labor de defensa, y después de ser secuestrada en dos ocasiones.
Viviana Krsticevic, abogada de Cejil, dijo que el homicidio de Ochoa, se realizó durante un contexto generalizado de violaciones a los derechos humanos y un clima de impunidad.
