Naief Yehya*
Nueva York.– Vivimos un tiempo de excesos de “contenido” y entretenimiento mediatizado sin precedentes. Entre el diluvio de narrativas destacan las series, películas, documentales y programas informativos enfocados en “crimen real”, que se han convertido en un lucrativo y popular género fusión que ha impuesto nuevas maneras de ver cómo la ficción se entreteje con la realidad y cómo esta última parece a veces copiar a la primera. Las historias que consumimos en una variedad de plataformas, a veces casi como ruido de fondo, a veces sin querer, influencian nuestras percepciones y crean la ilusión de que estamos atrapados en laberintos de narraciones en las que la realidad se cruza con referencias fantásticas.
El juicio de Genaro García Luna, el funcionario mexicano de más alto rango en ser procesado fuera del país, se llevó a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado que bien podría comenzar a verse por la mañana en un canal noticioso y continuar por la noche en Netflix o Amazon Prime. El protagonista principal y silencioso, el exsuperpolicía y zar de la droga, fue juzgado en el octavo piso del tribunal del distrito este de Brooklyn, en esta ciudad. El procedimiento fue una auténtica pasarela de estrellas (menores pero relevantes) del mundo del crimen, políticos corruptos y protagonistas de la guerra contra las drogas caídos en desgracia que parecen estar ensayando para un papel secundario en alguna inminente serie o nueva temporada de narcoentretenimiento.
García Luna, quien como se sabe pasó de dirigir a la entonces flamante Agencia Federal de Investigación o AFI a ser secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón, fue juzgado por recibir sobornos y extorsionar al crimen organizado, así como por ofrecer información, protección, vía libre y asistencia a los cárteles. El juicio se llevó a cabo en el mismo lugar y con el mismo juez, Brian Cogan, que el del Chapo Guzmán hace casi exactamente cuatro años, el 19 de febrero 2019. Si bien el de García Luna no estuvo rodeado por la feria mediática del juicio del Chapo, es un acontecimiento de enorme importancia tanto para la justicia mexicana como para la DEA, el FBI y la CIA, quienes aparentemente sabían de las operaciones clandestinas de García Luna por lo menos desde 2012.
Sin embargo, ignoraron esa información por complicidad o porque veían en él a un aliado muy valioso a quien podían perdonarle el “pecadillo” de recibir millones de dólares de los cárteles. No olvidemos que Édgar La Barbie Valdez Villarreal, capo del cártel de los Beltrán Leyva, acusó a García Luna en carta publicada en Reforma en 2012 de haber recibido dinero y estar en la nómina del narco desde 2002. En el juicio del Chapo, que terminó con su sentencia a cadena perpetua por tráfico de narcóticos y lavado de dinero, Jesús El Rey Zambada, quien fue líder del cártel de Sinaloa y se encuentra ahora en libertad, declaró que se entregaban decenas de millones de dólares a García Luna para controlar y facilitar el tráfico de drogas y es probable que esas revelaciones resultaron en el arresto del exsecretario.
El hecho de que García Luna operaba en el momento en que la lucha y cooperación binacional contra el narco se encontraba en su “mejor momento” es muy revelador. Entre 2008 y 2021 el Congreso estadounidense autorizó 3,500 millones de dólares para la asistencia de seguridad a México. Cables del Departamento de Estado lo describen como: “un enlace confiable, un socio y un amigo del FBI”.
Y es un hecho que sus servicios y enlace eran valiosos para las instituciones policiacas y de inteligencia de ambos lados de la frontera. García Luna comenzó su carrera política en tiempos del presidente Vicente Fox y se volvió un personaje determinante y el arquitecto de la guerra de Calderón, desde 2006 hasta 2012 (tiempo en que la estrategia consistía en eliminar a las cabezas de los cárteles, lo cual se tradujo en más luchas internas, mayor violencia indiscriminada, guerras entre grupos y facciones criminales, multiplicación de grupos delictivos y decenas de miles de víctimas colaterales), la cual dependió de fondos, información y armas estadounidenses. Después se retiró a Florida donde creó una consultoría de seguridad privada y gestión de riesgos, su principal cliente era el gobierno de México, aunque ofrecía servicios a otros países y empresas y vivió en una próspera calma hasta su arresto en 2019.
La verdadera importancia de este juicio sería exponer la corrupción gubernamental y las relaciones de los cárteles con las fuerzas del orden que hicieron posible que adquirieran su poder. Si este proceso culmina con la libertad de García Luna o simplemente con tornarlo en chivo expiatorio sería casi un fracaso. Es poco probable que esta sea la oportunidad de poner en el banquillo de los acusados a los autores de las políticas de la guerra contra las drogas, desde Washington hasta la frontera, y a los responsables en los gobiernos mexicanos recientes desde la presidencia hacia las líneas del frente de combate. El costo político de acciones semejantes se refleja en que el juez haya pedido que de entrada se rechazaran todas las evidencias que vinculen al acusado con figuras en los gobiernos estadounidenses de las últimas décadas a menos de que éstos fueran llamados a comparecer por la defensa. Es muy poco probable que éstos estuvieran dispuestos ahora a declarar a favor de alguien tan desprestigiado. Asimismo, la Fiscalía pidió que no se mencione al general Salvador Cienfuegos Zepeda, lo cual da un bosquejo de los arreglos de alto nivel que tuvieron lugar antes del juicio.
Los cargos en contra de García Luna incluyen haber recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa, así como haber facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en particular los envíos de drogas hacia Brooklyn y Queens, que están bajo la supervisión de esta corte. Se ha insistido en los medios que la Fiscalía no necesitaba probar nada con evidencias sólidas (a pesar de que declararon antes del juicio tener más de 1.2 millones de páginas de documentos, fotos, correos electrónicos, mensajes de texto y miles de grabaciones) y que los propios testimonios son evidencia, como declaró la fiscal Saritha Komatireddy. Esto obviamente incrementa el drama legal ya que la mayoría de los testigos son criminales (convictos y libres) que buscan arreglos, protección, reducción de sentencias y otros estímulos.
El juez se vio en la necesidad de prohibir que se preguntara a algunos testigos acerca de haber cometido actos de canibalismo en el pasado, por considerarlo altamente incendiario. Además, el propio García Luna envió a prisión a algunos de los testigos y sin duda éstos pueden tener motivos personales y deseos de venganza contra él. Así funciona la ley estadounidense y por eso no son raros los momentos de drama en los juicios de alto perfil que a menudo derivan en espectáculo. Desde hace cierto tiempo este es un modelo que también se emplea en México y fue usado por el propio García Luna para sentenciar sospechosos.
Las declaraciones cumplieron con las expectativas de mostrar una imagen de excesos, impunidad oficial, crímenes estridentes, lujo demencial, reuniones entre capos y funcionarios en sitios insólitos y una organización criminal firmemente vinculada a los regímenes panistas y priístas. Las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán El Grande y de Óscar Nava Valencia, entre otros, incluyeron descripciones de crueldad sangrienta, maletas repletas de dinero, matanzas, aviones y submarinos usados para transportar drogas, ladrillos de azúcar y harina para sustituir a los de cocaína capturados, zoológicos privados y un gato blanco “como la cocaína” llamado Perico. El expolicía Raúl Arellano declaró que el aeropuerto de la Ciudad de México era como una gran puerta de entrada para las drogas. Israel Ávila, quien trabajaba en bienes raíces y fue reclutado por el cártel de Sinaloa como contador y para preparar casas de seguridad, bodegas y hasta aviones, declaró haber torturado gente para el cártel y haber sido testigo de secuestros, torturas y asesinatos. Una de las declaraciones más asombrosas fue el secuestro de que fue objeto el propio García Luna por Beltrán Leyva, lo cual fue corroborado por otros testigos.
El 8 de febrero pasado se anunció que el juicio terminaría antes de lo provisto y que no llamarían a los 70 testigos considerados inicialmente. Es probable que esto haya tenido como motivación que estos testigos no aportarían elementos nuevos o que no serían convincentes o simplemente que el juez quiso acelerar el proceso. Hay quienes especulaban que García Luna esperaba ver la presentación de más pruebas para decidir si le convenía declararse culpable a cambio de un acuerdo con la Fiscalía y este recorte de tiempo pudo ser una forma de presionarlo. La Fiscalía terminó de presentar su caso el martes 14 de febrero con Jesús Zambada, quien repitió varias de las afirmaciones hechas en el juicio del Chapo. El único testigo que llamó la defensa a declarar fue la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra Gálvez, quien habló de los esfuerzos con que ella y su marido compraron sus bienes con ahorros y créditos.
El nombre de Calderón fue mencionado por el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, en su declaración, ya que supuestamente dio órdenes de proteger al Chapo. Por su parte, César de Castro, el abogado de García Luna, trató de hacer que Jesús Zambada repitiera su afirmación de haber dado financiamiento (siete millones de dólares) a una campaña del presidente López Obrador en 2006. El juez intervino para detener esa línea de cuestionamiento por ser una distracción del caso y con potenciar un conflicto internacional. No se especificó hacia qué campaña hubiera estado dirigido el presunto financiamiento.
Algunas declaraciones estuvieron repletas de contradicciones y argumentos desproporcionados con respecto a cantidades de droga o sumas imposibles de dinero. La imagen que se ha querido crear de los cárteles como organizaciones con intereses multinacionales y estructuras prodigiosas que controlan naciones y han podido infiltrarse en altos niveles de varios gobiernos a menudo hace perder de vista que la relación también funciona en el sentido inverso y han sido los gobiernos que han infiltrado y usado a los narcotraficantes para enriquecerse, así como para crear una atmósfera propia para imponer controles sociales y la intervención militar en un Estado cada vez más policiaco y vigilado. Esta imagen es responsable de una mitificación del crimen organizado y de la proliferación de una narcocultura (muy explotada por algunos productores de entretenimiento) que ignora o minimiza la responsabilidad de las fuerzas del orden y los políticos, como ha escrito el periodista, académico y autor Oswaldo Zavala en sus recientes artículos y libros.
El juicio no ha tenido gran exposición en los grandes medios estadounidenses, sin embargo tiene relevancia debido a las actuales acusaciones de Washington de que México es por lo menos parcialmente responsable de la epidemia de drogas, sobre todo de fentanilo que en 2021 representó la causa del 66% del total de muertes por sobredosis desde 2019, que coincide, dicen, con gran parte del contrabando de esa droga enviada desde México y no de China. Hoy, tras el fracaso de los años de gran cooperación con la DEA y otras agencias (cuando “México tenía las puertas abiertas” y podían hacer lo que querían en territorio mexicano) es evidente el fracaso de las políticas ya que el consumo de drogas duras en Estados Unidos está en su nivel récord. Mientras tanto el juicio de García Luna ya se ha inscrito en el canon de la narcocultura, una obsesión de exportación que desgraciadamente poco aporta a resolver uno de los problemas más graves de México y en cambio normaliza la catástrofe que desencadenó la guerra contra las drogas de Calderón.
*Escritor, analista y periodista
