Desconocemos las razones que llevaron a los autores intelectuales a atentar contra la vida del periodista Ciro Gómez Leyva, pero la artera agresión desató varios escenarios de análisis.
El primero de ellos recordó la perenne vulnerabilidad del gremio periodístico frente a los potenciales agresores que pueden encontrarse en el narcotráfico, crimen organizado, funcionarios, políticos de bajo perfil o por reyertas personales. En cualquier parte del mundo, los periodistas han estado siempre bajo asedio de los poderosos.
En otro escenario, la agresión contra Gómez Leyva carecería de sentido si se observa su trabajo periodístico, porque hace mucho tiempo dejó de investigar temas relevantes y ahora se dedica a leer el teleprompter en Imagen Televisión y en Radio Fórmula. Desde 2015 dejó de escribir en periódicos. Cuando editorializa en sus informativos, no lo hace ofendiendo o desafiando a los grupos criminales o los poderes fácticos. Tampoco insulta al Presidente de la República, ni a otros funcionarios del gabinete o gobernadores.
Nunca ha sido ese su estilo, cuando llega a criticar a los poderes públicos lo hace con severidad pero sin llegar al calificativo ni a la calumnia. Él mismo reveló que desde 2017 no recibe amenazas (desde entonces la empresa para la que trabaja le dio una camioneta blindada). Es decir, no existe evidencia de que su trabajo informativo haya sido la causa de la brutal agresión.
El tercer escenario podría ubicarse más en el impacto mediático del atentado que en la eliminación física del periodista. Es decir, los autores intelectuales sabrían de antemano que la agresión provocaría un escándalo que impactaría en la opinión pública y sería un nuevo argumento de los opositores, como ocurrió, para continuar desacreditando al gobierno de la Cuarta Transformación, y responsabilizarla del atentado sin tener evidencia.
A la mañana siguiente del atentado, el Presidente López Obrador manifestó su pesar y solidaridad al comunicador. Aunque un día después también sostuvo que el ataque habría sido un “autoatentado”. No provocado por él (Gómez Leyva), corrigió inmediatamente, sino realizado por los adversarios del mandatario para perjudicar a su gobierno.
Días después del atentado, periodistas, políticos y académicos enturbiaron más el ambiente al publicar una carta donde en tono muy severo responsabilizan prácticamente al Presidente del atentado y le piden: “asumir la responsabilidad política del mismo”. Y solicitaron cesar “el hostigamiento”, “el odio” y “la ira” en contra del gremio periodístico. Términos que descalifican por sí mismos la exigencia de los firmantes.
Entre los periodistas asesinados en los últimos cuatro años, ninguno ha sido criticado por López Obrador. Los comunicadores agredidos han sido casi todos de medios regionales del país. Por eso la tesis de los “abajo firmantes” de que son las críticas del Presidente a algunos periodistas las que provocan las agresiones a la prensa, no se sostiene. Cuando el mandatario critica a periodistas o analistas ejerce su derecho de réplica.
Pero el libelo de los abajo firmantes rayó en la especulación alarmista al asegurar que las agresiones a periodistas podrían originarse como “pago de favores al gobierno”, afirmación sin ninguna evidencia. A pesar de que es en este gobierno cuando más se respeta la libertad de prensa y la libertad de expresión, no sólo de periodistas sino también de opositores quienes, algunos, han sugerido agredir al mismo Presidente.
Los autores intelectuales de la agresión a Gómez Leyva sabían del impacto del atentado y no quisieron en realidad quitarle la vida. ¿Cómo no sabían que el periodista conducía una camioneta blindada? Lo que buscaron fue el escándalo y la acusación en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Esperemos que se localice a los responsables del ataque, y que los autores intelectuales midan mejor las consecuencias de sus temerarias agresiones.
