Ernesto Ramos Mega
El 4 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) difundió un informe sobre el estado presupuestal de los órganos electorales locales cuya elección se celebrará el próximo 6 de junio. El diagnóstico general es preocupante: de 32 autoridades, 87% ha sufrido recortes. Los gobiernos de las entidades federativas están fallando en su responsabilidad de proporcionar los recursos públicos necesarios para garantizar la organización de elecciones constitucionales, para la renovación de los poderes públicos.
¿Qué opción existe frente a los recortes? Inicialmente, se puede solicitar una ampliación. El informe del INE muestra que:
– De 28 institutos con recorte, 17 solicitaron más recursos.
– 12 entidades no han recibido respuesta.
– Sólo 5 congresos han aprobado las solicitudes.
Aunque los estados con ampliación podrían sentirse aliviados, esto no implica su depósito inmediato. Un caso emblemático fue Veracruz en 2016, donde se acumuló un adeudo de más de 227 millones correspondiente a 4 años consecutivos: 2013, 2014, 2015 y 2016. La situación fue de tal magnitud que se suspendió el pago de prerrogativas a partidos políticos, quienes a su vez presentaron impugnaciones.
En ese tiempo, la estrategia del OPLE en Veracruz para obtener los recursos consistió en varias etapas: la solicitud, el exhorto, la controversia constitucional, la excitativa de justicia y el juicio electoral. La entrega finalmente se dio en diciembre de 2016. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó dar vista al Congreso, amonestar al Secretario de Finanzas, requerir al gobernador (Javier Duarte de Ochoa) y apercibir a las autoridades responsables.
Es innegable que la pandemia por Covid19 ha disminuido la actividad económica y la recaudación de impuestos, lo cual incide en las finanzas públicas. Lamentablemente, la pandemia también ha justificado cualquier decisión presupuestal, ya sea financiar un rubro imprevisto o, como sucede ahora, restringir el gasto de las autoridades electorales. Los gobiernos locales no pueden argumentar falta de presupuesto para justificar los recortes a los organismos autónomos. Los titulares de gobiernos y sus áreas de finanzas cuentan con la experiencia y capacidad necesarias para administrar adecuadamente el dinero público de cada entidad federativa. Están obligados a encontrar las mejores fórmulas para destinar los recursos necesarios y que los distintos órganos del Estado, incluyendo a las autoridades electorales, cumplan con sus obligaciones.
Es importante que los gobiernos tengan claro que el presupuesto público corresponde al Estado mexicano y que las autoridades electorales locales son las encargadas de ejercer la función estatal de organizar elecciones en sus respectivas entidades federativas.
En cada proceso electoral, las autoridades electorales locales deben ejercer una cantidad importante de recursos: deben imprimir boletas y actas; producir materiales electorales; contratar asistentes electorales eventuales; pagar dietas de consejeros y consejeras ciudadanos; desarrollar sistemas de procesamiento y difusión de resultados; pagar rentas de los inmuebles que usan como oficinas; ministrar el financiamiento público a los partidos políticos; ejecutar programas de participación ciudadana y educación cívica; organizar debates; y contratar personal temporal para atender la organización de las elecciones, entre quienes se encuentran, por ejemplo, quienes realizan diligencias, investigaciones y sustancian expedientes por quejas dentro del proceso electoral.
La Ciudad de México (CDMX) es ejemplo de uno de los recortes presupuestales más graves. Para 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) requirió al Congreso de la CDMX la cantidad de 2,174 millones de pesos. Al comparar lo solicitado en las últimas tres elecciones, se puede comprobar que para 2021 se presupuestó 2% menos que en las elecciones de 2018 y de 2015, en precios constantes. Es decir, la autoridad electoral de la CDMX realizó un ejercicio razonable, responsable y estricto de cálculo presupuestal.
Más aún, el IECM tendió lazos de comunicación con el gobierno y con el Congreso de la CDMX en el último trimestre de 2020 para explicar con detalles el presupuesto planeado. La respuesta fue un recorte directo de 587 millones, equivalente a un 27% del total solicitado. El recorte presupuestal no tiene precedentes, menos aún en pleno proceso electoral.
Sin argumentos, sin justificación alguna, el Congreso local aprobó 1,586 millones de pesos a la autoridad electoral. Al restarle el financiamiento de los partidos políticos (594 millones), el IECM cuenta únicamente con 992 millones de pesos para su operación ordinaria y la realización del proceso electoral 2021. Esa cifra implica un recorte de casi 40% respecto a lo solicitado. El escenario es peor si consideramos que los gastos de organización electoral (569 millones) son inamovibles –porque para la autoridad electoral no es plausible dejar de celebrar elecciones–, ya que entonces el presupuesto base ordinario del IECM para 2021 es 56% inferior respecto a 2020 (año en que no se celebraron elecciones constitucionales).
El recorte que el Congreso y el gobierno de la CDMX impusieron al IECM es injustificado y arbitrario. Incluso es violatorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el cual establece en su artículo décimo transitorio lo siguiente: “Cada año el Poder Legislativo de la Ciudad de México, aprobará en su decreto de presupuesto los recursos suficientes y necesarios para las autoridades electorales locales, dicho presupuesto se incrementará según el índice inflacionario y no podrá ser menor al del año inmediato anterior, siempre y cuando no se trate de un año electoral.” Como las elecciones se realizan cada tres años, queda claro que el cálculo presupuestal de un año electoral se basa en el del año electoral anterior.
Confío plenamente en el ánimo democrático del gobierno de la CDMX. En marzo deberán aprobar la entrega al IECM del presupuesto adicional requerido por la autoridad. Si esto no sucede, entonces la ciudadanía deberá preocuparse por el futuro de la democracia en la CDMX. Por su parte, el IECM tendrá que acudir a las instancias jurisdiccionales para defender su autonomía y el ejercicio de la función electoral.
Vale la pena destacar un punto adicional. Desde el comienzo del proceso electoral, en septiembre de 2020, el IECM ha recibido más de 200 quejas, la mayoría provenientes de la ciudadanía. El principal rubro de las denuncias presentadas es el de “promoción personalizada de servidores públicos y uso indebido de recursos públicos”. Por irónico que parezca, la autoridad electoral debe investigar, con un presupuesto recortado, las posibles violaciones de la ley (con miras a las elecciones) por parte de servidores públicos de la CDMX, por uso indebido de los mismos recursos públicos que hoy se niegan a la autoridad electoral.
