Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) el Estado mexicano debe de asegurar las medidas necesarias para que las organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos continúen con su invaluable función, que día con día transforma las realidades individuales y comunitarias, para un ejercicio progresivo de derechos.
Este Organismo subraya la relevancia de su rol social que ha motivado los principales cambios políticos del país en las últimas décadas y reitera su compromiso con la protección de su labor y de las personas que la realizan.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se erigen y fortalecen sobre las libertades y los derechos de la ciudadanía. Producen insumos y demandas para el Estado y a la par desarrollan una función crítica de su actuar. Con todo ello contribuyen a colocar en la agenda pública los temas que preocupan a sectores sociales diversos, en ocasiones minoritarios y en otros generalizados.
En México se reconoce la importancia de la sociedad civil. Por ejemplo, desde 2004 fue publicada la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Dicha Ley establece las facultades de las autoridades encargadas del fomento, rendición de cuentas, garantía de derechos, verificación de obligaciones, así como favorecer la coordinación entre dependencias, entidades y organizaciones.
Su razón de ser fue motivada por la necesidad de crear una infraestructura institucional orientada a la protección de la labor que realizan entre la que se encuentra -de manera explícita- la defensa y promoción de derechos humanos. También obliga a la verificación de los recursos con los que operan para asegurar su legalidad.
No puede entenderse la transición democrática, diversidad partidaria y consecuente evolución de derechos individuales y colectivos en nuestro país sin la participación de las personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones.
Por ello, el Estado y sus instituciones deben garantizar las condiciones mínimas para su participación efectiva. La principal de estas condiciones es la seguridad y la certeza de que se protege tanto la integridad de las personas como también su función, útil para la sociedad en su conjunto. Asimismo, es importante que desde las más altas esferas gubernamentales se envíe el mensaje de que no se tolerará ninguna agresión y que de suceder, no habrá impunidad.
En un Estado democrático, no puede permitirse la agresión hacia este sector social mediante la descalificación o ataque directo a su labor pues la consecuencia es incluso la pérdida de la vida de las personas.
En México, contamos con importantes ejemplos del impacto que ha tenido la denuncia activa de violaciones graves a los derechos humanos por parte de la sociedad civil: desde las desapariciones forzadas de la denominada Guerra Sucia hasta la condena a la llamada Guerra contra el Narcotráfico; el reconocimiento de los pueblos indígenas en 1994, la lucha por justicia frente al incendio de la Guardería ABC en 2009 en Sonora y la sentencia de Campo Algodonero por el caso de feminicidios en Ciudad Juárez, la condena por el asesinato de 72 migrantes en 2010 y la reciente masacre de los 19 migrantes en enero pasado, ambas en Tamaulipas; desde la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya en 2014, a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el mismo año, el trabajo de documentación frente a los asesinatos y agresiones a personas periodistas y defensores, en favor de la libertad de expresión y el Derecho a defender, por mencionar tan sólo algunos ejemplos. Todas las denuncias y propuestas han contribuido a que la sociedad conozca la verdad y se recorra el difícil camino hacia la justicia.
