Mesa de Redacción
La añeja práctica del gobierno federal y las empresas mediáticas de acomodar la línea editorial de periódicos y medios de comunicación electrónicos, a las conveniencias políticas de las administraciones públicas en turno, y a los intereses económicos de los empresarios, continúa lesionado el derecho a la información de los ciudadanos, resta credibilidad a los periodistas y debilita la calidad democrática del país.
El viejo contubernio, no deja de ser grave, porque buena parte de los recursos públicos destinados al gasto gubernamental para atender las demandas ciudadanas, son desviados en cantidades ingentes para promocionar las candidaturas de aspirantes y candidatos.
Organizaciones que siguen el gasto gubernamental, advierten que al término de la administración del priista Enrique Peña Nieto, estaría gastando 60 mil millones de pesos en propaganda, enorme inversión, que ha fracasado, porque las encuestas de opinión colocan la aceptación de su gobierno por abajo del 30 por ciento.
La vieja consigna coreada sobre Paseo de la Reforma y Bucareli por manifestantes en la década de los sesenta del siglo pasado, no deja de tener dejo de certeza: “prensa vendida cuéntanos bien…”.
Pero, las coyunturas electorales aceleran la inversión económica de los gobernantes para labrar su imagen, como si los recursos públicos fueran suyos.
Cotidianamente vemos en las portadas de revistas y periódicos y escuchamos en los informativos de radio y televisión o en los portales electrónicos, los rostros de políticos, pero pocos sabe que buena parte de esas fotos e información son pagadas con los impuestos de los contribuyentes, una burla para la ciudadanía.
En el último trimestre del año, varios casos de censura y de parcialidad informativa, así como campañas, aparentemente pagadas, fueron escándalos nacionales e internacionales:
La salida del equipo de colaboradores del analista Leonardo Curzio y dos de sus principales comentaristas, luego de que a los dueños de la emisora les reclamaran, probablemente priistas, las críticas contra supuestas donaciones a los damnificados de los terremotos de septiembre; la “campaña” del periódico El Universal contra el gobernador Javier Corral y luego contra el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, “22 portadas” me ha dedicado El Universal, se quejó.
Y, a mediados y finales de diciembre, dos investigaciones la de revista Zócalo y la The New York Times, recordaron cómo el gobierno federal entrega grandes recursos a medios escasamente críticos contra la administración peñista, como El Universal, Milenio y Excélsior.
La indagatoria de Zócalo encontró que tan sólo en una semana (del 4 al 11 de diciembre), El Universal recibió 138 inserciones de publicidad con un monto superior a los 31 millones de pesos, publicidad oficial que coincidió con la cobertura informativa favorable al precandidato priista José Antonio Meade.
The New York Times entrevistó a ex colaboradores de varios periódicos quienes detallaron los acuerdos publicitarios, por debajo del agua, que periódicos como Milenio, Excélsior, incluso La Jornada, a cambio de información favorable o decisiones de censura para sus colaboradores.
Apenas en noviembre, la Suprema Corte a través de un resolutivo ordenó al Congreso federal legislar en materia de publicidad gubernamental, cuyos criterios generales, se encuentran en el artículo 134, obligación que data desde 2007, cuando se aprobó la reforma electoral del 2007, pero que por conveniencia de funcionarios y partidos no se ha redactado.
El gobierno federal y los empresarios mediáticos no pueden seguir lesionando los derechos de las audiencias a recibir información confiable e imparcial ni tampoco no seguir vulnerando la frágil democracia mexicana.
