Una auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la gestión de la expresidenta municipal de Chimalhuacán Rosalba Pineda Ramírez (periodo 2016-2018), dejó al descubierto un faltante de más de 18 millones de pesos a las arcas del Ayuntamiento y que, además, fue ignorado por el exalcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez (2019-2021), quien en su administración encubrió el millonario faltante pese a que el órgano fiscalizador le ordenó investigarlo.
Ante esta falta administrativa del exalcalde Román Bojórquez, el OSFEM requirió a la nueva administración municipal 2022-2024 revisar el caso y se detectó que la administración pasada no dejó constancias de las actuaciones de este asunto, por lo que la Tesorería Municipal requirió al órgano fiscalizar copias de los expedientes para continuar con el trámite jurídico, lo que derivó en una acción de embargo de bienes muebles e inmuebles, en tres domicilios ubicados en los Barrios Tejedores, Hojalateros y Acuitlapilco.
En la información contenida en dos carpetas administrativas, el OSFEM señala a Rosalba Pineda Ramírez, en su calidad de expresidenta municipal; Raquel Robledo Ramírez, exsegunda síndico municipal; y Sergio Díaz Espinosa, extesorero y que además fungió como presidente municipal suplente de Chimalhuacán, de responsables del desvío millonario y daño al erario público de este municipio, ya que, entre otras cosas, no presentaron 21 facturas por concepto de consumo de gasolina a autos, motocicletas y maquinaria propiedad del H. Ayuntamiento y que sirvieron para que ellos y su personal se trasportaran.
Las constancias señalan que en 2017 el órgano fiscalizador emitió tres observaciones, derivadas de la auditoría financiera, las cuales no fueron solventadas, ya que los exservidores públicos no se presentaron a las audiencias.
“Omisión en el desempeño de sus funciones”, es el termino jurídico con el que se requirió a la expresidenta municipal y demás involucrados en la notificación enviada a sus respectivos domicilios en el año 2018, como parte de la carpeta administrativa OSFEM/UAJ/PART-IM/196/17, y la cual fue ignorada por los presuntos responsables del desvío que, hasta ese momento, era de 16 millones 342 mil 611 pesos con 45 centavos, en perjuicio de las arcas del Ayuntamiento.
“Se finca en definitiva responsabilidad administrativa resarcitoria en contra de Rosalba Pineda Ramírez, Raquel Robledo Ramírez y Sergio Díaz Espinosa. Conforme a los establecido en el artículo Décimo Transitorio párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, deberán presentar por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, contando a partir de la fecha que haya tenido conocimiento de la presente”, señala la notificación que le fue enviada a Pineda Ramírez, Robledo Ramírez y Díaz Espinosa, y que fueron recibidos por el ciudadano Aarón Flores Corona.
El órgano fiscalizador notificó el 13 de febrero de 2020 al entonces presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez para que, en su calidad de autoridad municipal, llevara a cabo las acciones legales conducentes, sin embargo, el OSFEM no recibió contestación alguna del político priísta.
El segundo expediente data del 2019 y es el OSFEM/UAJ/PART-AF/137/19, en contra de Rosalba Pineda Ramírez, expresidenta municipal; Raquel Robledo Ramírez, exsegunda síndico municipal; y Sergio Díaz Espinosa, extesorero, durante el periodo 2016-2018.
De igual forma, el OSFEM detectó faltantes de facturas por concepto de gasolina que les fueron asignados a los exservidores públicos para el desempeño de sus funciones, por un total de 2 millones 145 mil pesos y que, al no justificar dicha cantidad, los exservidores públicos causaron un daño al erario público.
Con las constancias se acredita que la expresidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez; la exsegunda síndico, Raquel Robledo Ramírez; y Sergio Díaz Espinosa, extesorero, fueron notificados de las actuaciones administrativas en su contra y se fijaron plazos para que presentaran sus argumentos, situación que no ocurrió. El OSFEM ordenó a la Tesorería Municipal de Chimalhuacán ejecutar el embargo de bienes muebles e inmuebles en sus respectivos domicilios.
La primera diligencia se realizó en calle Epatl, manzana 285, lote 18, Barrio Tejedores, domicilio de la exsíndico municipal, Robledo Ramírez, quien fue informada del mandamiento de ejecución por sanción administrativa. Le fueron embargados dos televisores, dos computadoras, una impresora, un videojuego, una camioneta y cinco máquinas de coser industrial. En el lugar, su abogada Yesenia Vargas Peña permitió que personal autorizado para el desalojo, realizara su labor y la diligencia se llevara con calma.
En el segundo domicilio, calle Amoxtli, lote 28, manzana 166, Barrio Hojalateros, a nombre de Rosalba Pinera Ramírez, no se encontró resistencia, ya que la abogada Vargas Peña permitió la entrada al notificador-ejecutor habilitado para llervar la diligencia de embargo, adscrito a la Tesorería Municipal, quien constató que el inmueble se encontraba vacío, por lo que se procedió a colocar los sellos de embargo.
El tercer domicilio en calle Tecomatlan, lote 2, Barrio Acuitlapilco, la abogada Vargas Peña permitió la entrada al personal y se constató que no había bienes que pudieran ser embargados. En las tres diligencias, tomó fe de los hechos el asesor jurídico de Derechos Humanos de Chimalhuacán, Santiago Muñoz Salas.
