Un grupo de empresas que brindan servicios digitales y de telecomunicaciones declararon que llegaron a la determinación de ya no proporcionar información de sus clientes a organismos gubernamentales en Estados Unidos.
Esta práctica permitía rastrear a personas que se encontraban en una difícil situación migratoria, y mediante dicha información los individuos eran rastreados por el control de inmigración, detenidos y deportados.
Órganos como el Servicio de Control de Inmigración justificaban este tipo de persecución con el argumento de la protección a los ciudadanos estadounidenses y el fortalecimiento de las fronteras.
Algunas de estas empresas no sólo proporcionaban datos personales a instituciones oficiales del gobierno, sino que ponían en venta la base de información casi a cualquier interesado.
De esta manera se otorgaban datos como los nombres completos de los usuarios, sus direcciones, números de seguridad social, números de cuenta bancaria e información sobre el buró de crédito de cada empresa.
Estos hechos eran catalogados por diversos grupos de apoyo a las personas con calidad de inmigrantes como violaciones a los derechos humanos y a la privacidad de los usuarios de estos servicios.
Además, en 2017 la empresa Equifax anunció públicamente que fue víctima de un hackeo por individuos que buscaban específicamente esa información.
(AMFP)
