Bettina Falcón Valerdi
Por iniciativa del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se le adicionó un párrafo 20, al artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para establecer que toda persona tiene derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos los servicios de banda ancha e internet.
Por unanimidad los diputados de la LX Legislatura local, votaron el proyecto de decreto que remitió al pleno legislativo la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, toda vez que en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6, párrafo tercero se establece desde 2013 este derecho, para todo los mexicanos.
En la exposición de motivos los integrantes de la comisión reconocieron que de acuerdo a la dinámica social y los avances tecnológicos, actualmente el acceso a las tecnologías de la información representa una necesidad y un privilegio, además de ser un tema prioritario para el Estado.
Precisaron que en especial internet representa un espacio y una necesidad fundamental en el quehacer diario del hombre, de instituciones, organizaciones, empresas, asociaciones y comunidades por ser un medio de reunión, información y comunicación, siendo una red de redes de ordenadores interconectados entre sí por línea de telecomunicaciones, en términos de lo acordado en la Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado.
Los diputados del PVEM, María Luisa Mendoza Mondragón y José Couttolenc Buentello, en su iniciativa destacaron que “en un mundo globalizado el derecho a internet representa un derecho de última generación, que debe ser garantizado por los Estados, al representar una vía para el ejercicio de otros derechos fundamentales, aunado a que permite el intercambio de bienes y servicios al posibilitar poder llevar el trabajo, la escuela, el deporte, la cultura, el entretenimiento y otras áreas del conocimiento, a diversos lugares del mundo”.
Lo cual cobra especial relevancia debido a la emergencia que vive el planeta con motivo de la pandemia de Covid-19, que obliga a tomar medidas necesarias para proteger la salud y la propia vida, haciendo necesario el apoyo de la tecnología, para favorecer estas políticas de protección a las personas; medidas que la comunidad internacional ha buscado facilitar, en particular la internet, y reconocerlo como un derecho humano con el respaldo de los organismos internacionales.
Debido a que se trata de una reforma a la constitución estatal, el dictamen y el proyecto de decreto se remitieron al constituyente permanente del Estado de México, donde al menos 63 cabildos tendrán que dar su aprobación para que la reforma pueda ser promulgada por el gobernador, Alfredo del Mazo Maza.
