Gerardo Israel Montes
Las redes sociales, como todo en la vida, tienen dos polos. Evidentemente, entre las cuestiones positivas en términos de libertad de expresión, las redes sociodigitales han permitido a ciudadanas y ciudadanos -aquellos que cuentan con la posibilidad de tener el servicio de Internet-, expresar libremente opiniones y desarrollar acciones o reflexiones en torno a diversos temas, lo que no permiten los medios tradicionales: televisión, radio e impresos.
Aunque estos medios cuenten con espacios para dar voz a la ciudadanía, el alcance o la resonancia de las redes permiten mayor retroalimentación sobre asuntos de interés público.
Las redes sociales han propiciado una cultura contestataria en varios de sus usuarios quienes confrontan a las castas de opinadores en materia política, económica, académica y social que por años han monopolizado espacios en medios electrónicos e impresos, los cuales hacen pasar a esas voces como únicas, incuestionables e imparciales, cuando en realidad eran, siguen siendo, defensores de intereses de grupos políticos, empresariales y académicos.
Durante 2018 en México, las redes sociales fueron una herramienta de gran utilidad durante el proceso electoral, que permitió confrontar lo que representaba cada uno de los candidatos presidenciales y los intereses que encarnaban.
Igualmente, han servido como instrumentos para denunciar violaciones a derechos humanos; abusos de autoridad; y otras manifestaciones públicas con todo tipo de expresiones y demandas.
No obstante, los elementos positivos contenidos en esas redes sociales, también pueden ser instrumentos de prácticas negativas de ciudadanos comunes; gente con formación académica, conocimientos e información, y hasta para aquellos grupos estructurados y financiados, dedicados a generar tendencias, algunos de ellos con fines legítimos de propaganda político.
Entre la “bendición” y la “maldición” de las redes sociodigitales; necesario regular electoral; pero muchos otros dedicados exclusivamente en propagar noticias falsas, rumores, mensajes de odio e incitar a que los menores de edad, lleven a cabo estúpidos retos virales que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida.
Es decir, el uso y alcance de las redes sociales permiten “el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Pero ahora, quienes usan esos medios de comunicación tienen el mismo derecho de hablar que un premio Nobel.
“Es la invasión de los imbéciles”, como dijo en 2015, el filósofo italiano Umberto Eco en el contexto del honoris causa que recibió por la Universidad de Turín.
Esta idea fue más desarrollada por el pensador italiano en su libro: De la estupidez a la locura (Lumen, 2016), en cuyo último artículo tituló “Los necios y la prensa responsable”, donde expresó: “Hice una observación de puro sentido común.
Admitiendo que entre los siete mil millones de habitantes del planeta haya una dosis inevitable de necios, muchísimos de ellos antaño comunicaban sus desvaríos a sus íntimos o a sus amigos del bar, y de este modo sus opiniones quedaban limitadas a un círculo restringido (…)
“Ahora una consistente cantidad de estas personas tienen la posibilidad de expresar las propias opiniones en las redes sociales. Por lo tanto, esas opiniones alcanzan audiencias altísimas, y se confunden con muchas otras expresadas por personas razonables”.
Al advertir que las noticias falsas y las afirmaciones sin sustento alcanzan mayor atención que las opiniones mesuradas del periodismo profesional y de los expertos, Umberto Eco alertó sobre la preocupante ausencia de filtros de las empresas que controlan esas redes, al incluir a todas las personas que opinan, en un mismo sitio.
Las personas necias tenían el mismo escaparate que un premio Nobel, lamentó. Esta afirmación puede resultar antidemocrática, ya que la ventaja de esas redes es precisamente su alcance y la posibilidad de que cualquier persona puede expresar en ellas, su opinión, lo que no ofrecen los medios de la radiodifusión y los impresos.
Sin embargo, frente a los elementos negativos mencionados líneas arriba, se hace necesario que las autoridades regulen el actuar de las redes sociales.
Y es que la autorregulación para aplicar medidas que contengan las malas prácticas generadas en las redes sociales, no han funcionado. Por ejemplo, a mediados de 2016, una comisión del parlamento británico acusó a los gigantes de Internet, Google, Facebook y Twitter de no hacer los suficiente para impedir que los ciberyihadistas utilizaran sus servicios con fines propagandísticos.
En un informe sobre este asunto, el diputado Keith Vaz, presidente de la comisión británica de Asuntos Internos, tras indicar que la línea del frente moderna es Internet, escribió que sus foros de discusión y sus redes sociales eran la savia de Daesh (acrónimo en árabe del grupo Estado Islámico) y de otros grupos terroristas en materia de reclutamiento, financiamiento y difusión de su ideología.
Con total conocimiento de causa, dijo, “estos grandes consorcios del sector digital se revelaban incapaces de responder a esta amenaza, y este fracaso convertía ciertas partes de Internet en zonas sin ley”.
La autorregulación de esas empresas, ha resultado inoperante, además, para contener las prácticas negativas que se dan en las redes sociales.
Por ejemplo, en el caso de la incitación al suicidio o las autolesiones, basta recordar que en 2017, a nivel mundial se promovió en diversas redes sociales el denominado reto de la “Ballena Azul”.
Este consistía en 50 pruebas, una por día, que debían realizar los participantes, entre las que se encontraba autolesiones, como cortes en brazos y piernas, privación del sueño, o ver videos de terror.
Para llevar a cabo el desafío se contaba con un guardián que indicaba al participante la fecha de su muerte, la cual se daba con la prueba 50 que consistía en saltar de un edificio alto.
Este reto causó el suicidio de varios jóvenes en distintos países.
La censura de Twitter
A diferencia de la lentitud que tuvieron durante 2015 y 2016 para desactivar las cuentas utilizadas por el grupo del Estado Islámico, durante este 2021, Twitter ha suspendido de forma arbitraria diversas cuentas de gobiernos de izquierda.
El 21 de enero esta red social suspendió la cuenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, que se conformó a partir de las elecciones del pasado 6 de diciembre, pero mantuvo activa la cuenta de la Asamblea opositora. Asimismo, suspendió diversas cuentas ligadas al gobierno venezolano.
Ese mismo día, pero en México, Twitter suspendió cuentas de personajes afines al movimiento que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La red social justificó su decisión como una acción para evitar la “manipulación de la plataforma”.
Ante el poder inmenso que han acumulado las empresas de redes sociodigitales, como también se les llama, a finales de enero la Unión Europea pidió la ayuda de Estados Unidos para elaborar normas comunes en materia de protección de datos, reglas de privacidad y seguridad, a fin de frenar el poder de las grandes empresas de tecnología, como Facebook y Twitter, a la par de combatir la difusión de noticias falsas que están carcomiendo a las democracias.
En un discurso a finales de enero, en el Foro Mundial de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió a la decisión de Facebook y Twitter de bloquear las cuentas del ex presidente Donald Trump por presunta incitación del asalto al Capitolio:
“Por tentador que le haya resultado a Twitter cerrar la cuenta del presidente Trump, una interferencia tan grave con la libertad de expresión no debe basarse sólo en las reglas de la empresa, debe existir un marco legal para decisiones de semejante magnitud”.
Acotar el poder de las redes sociales
Previo a este pronunciamiento, a mediados de diciembre del año pasado la Comisión Europea aprobó dos proyectos de ley en materia de derechos en línea, los cuales aún deberán ser debatidos por el Parlamento Europeo y sus Estados miembros.
Una vez adoptadas las nuevas normas serán directamente aplicables en toda la Unión Europea. “Hemos llegado a un punto en que el poder de las empresas digitales, especialmente las mayores plataformas, amenazan nuestras libertades, nuestras oportunidades e incluso nuestra democracia (…) Para los mayores guardianes del mundo, las cosas van a tener que cambiar. Tendrán que asumir más responsabilidades”, ha referido la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Verstager.
En este tenor, la propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales), adoptado en Bruselas el 15 de diciembre del año pasado (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/ PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=es), considera en sus capítulos dedicados a las Responsabilidades de los prestadores de servicios intermediarios y en el de Obligaciones de diligencia debida para crear un entorno en línea transparente y seguro, elementos como los siguientes:
“Los prestadores de servicios intermediarios, cuando reciban una orden de actuación contra un elemento concreto de contenido ilícito, dictada por las autoridades judiciales o administrativas nacionales pertinentes (…) informarán a la autoridad que haya dictado la orden, sin dilaciones indebidas, acerca de su aplicación y especificarán las actuaciones realizadas y el momento en que se realizaron (artículo 8)
“Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos decida retirar elementos de información concretos proporcionados por los destinatarios del servicio, o inhabilitar el acceso a los mismos (…) comunicará la decisión al destinatario del servicio, a más tardar en el momento de la retirada o inhabilitación del acceso, y aportará una exposición clara y específica de los motivos de tal decisión” (artículo 15)
“Las plataformas en línea facilitarán a los destinatarios del servicio, durante un período mínimo de seis meses desde la decisión a que se refiere este apartado, acceso a un sistema interno eficaz de tramitación de reclamaciones, que permita presentar las reclamaciones por vía electrónica y de forma gratuita, contra las siguientes decisiones adoptadas por la plataforma en línea sobre la base de que la información proporcionada por los destinatarios del servicio es contenido ilícito o incompatible con sus condiciones” (artículo 17)
“Los destinatarios del servicio a quienes van destinadas las decisiones a que se refiere el artículo 17, (…) tendrán derecho a elegir cualquier órgano de resolución extrajudicial de litigios que haya sido certificado (…) para resolver litigios relativos a esas decisiones, incluidas las reclamaciones que no hayan podido resolverse a través del sistema interno de tramitación de reclamaciones mencionado en dicho artículo.
Las plataformas en línea tratarán de buena fe con el órgano seleccionado con miras a resolver el litigio y quedarán vinculadas por la decisión que dicho órgano adopte. (Artículo 18)
México: Propuesta legislativa
En este contexto en torno a la necesidad de regular el actuar de las redes sociales, en México el senador Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión donde propuso que las personas físicas y morales que se consideren redes sociales relevantes (aquellas que cuenten con un millón o más de suscriptores o usuarios), requerirán la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones para prestar dichos servicios.
Precisa que los autorizados para prestar estos servicios podrán establecer un mecanismo para suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o, en su caso, cancelar en forma definitiva una cuenta, “siempre y cuando tales términos y condiciones hayan sido previamente autorizados por el Instituto”.
Para el supuesto de cancelación definitiva de cuentas o perfiles, las empresas deberán tener un área específica donde laboren personas físicas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución correspondiente, quedando prohibido el uso de algoritmos o tecnologías automatizadas.
La suspensión de cuentas y perfiles, la eliminación de contenidos, la cancelación de cuentas o perfiles, se plantea en la propuesta que serán procedentes cuando se acredite que, en términos de los artículos 6 y 7 constitucionales, el mensaje o contenido difundidos, incluidas las noticias falsas, atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, o se provoque algún delito o se perturbe el orden público Asimismo, deberá acreditarse la afectación de los derechos de las y los menores de edad; la difusión de mensajes de odio y se revelen datos personales en violación a lo dispuesto por las leyes en la materia.
Aunado a lo anterior, las empresas de redes sociales autorizadas deberán establecer un procedimiento interno para que sus usuarios puedan impugnar la suspensión o cancelación de su cuenta o perfil y la eliminación de contenido, tendiendo que resolverse la impugnación respectiva en un plazo mayor a 24 horas.
Las resoluciones de dichas impugnaciones no deberán ser resueltas por algoritmos, sino por personas físicas debidamente capacitadas en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
En caso de que el autorizado no resuelva la reclamación en el plazo descrito líneas arriba, el usuario podrá acudir al IFT, quien desahogará el procedimiento correspondiente.
Abierta por el propio legislador al debate público para ser enriquecida, la propuesta del senador Monreal va en sintonía con los dos proyectos de ley sobre mercados digitales aprobados por la Comisión Europea a mediados de diciembre pasado, que buscan regular a las redes sociales.
Llama la atención que varias organizaciones de la “sociedad civil”, como R3D: Red en Defensa de los Derechos digitales y la AMEDI – esta última con una clara desviación en sus propósitos originales y actuando más por consigna partidista y política—, hayan desestimado abruptamente la iniciativa del coordinador parlamentario de Morena -la cual seguramente será enriquecida-, cuando esta propuesta tiene parámetros parecidos a los que se están discutiendo en la UE.
Pareciera que estas organizaciones, más allá de sus intereses políticos, están más por la defensa de los grandes conglomerados digitales que están ejerciendo una amplia dominación en el mundo, que por una genuina defensa de la libertad de expresión la cual, en muchos sentidos, se ha desvirtuado a través de las redes sociales y ha degenerado en discursos de odios, bullying, insultos, noticias falsas, y dejando poca cabida, por la premura de las opiniones, a la mesura y la razón.
Habría que recordarles a varios de los integrantes de estas organizaciones que uno de los mecenas al que más recurren para financiar sus proyectos, George Soros, (Presidente de Open Society Foundations), ha expresado una opinión bastante crítica (https://elpais. com/elpais/2018/02/15/opinion/1518711895_561052. html) sobre las empresas digitales y las redes sociales: “Las empresas de redes sociales engañan a los usuarios, ya que manipulan su atención (…) Las empresas de redes sociales están de hecho induciendo a las personas a entregar su autonomía.
Y este poder para moldear la atención de las personas está cada vez más concentrado en unas pocas empresas.
“Se necesita mucho esfuerzo para afirmar y defender aquello que John Stuart Mill llamó la libertad de pensamiento. Una vez perdida esta, a los que crezcan en la era digital tal vez les sea muy difícil recuperarla. Esto implica consecuencias políticas de largo alcance. Las personas que no tienen libertad de pensamiento son fáciles de manipular (…)
Hay incluso una posibilidad más alarmante en el horizonte: una alianza entre Estados autoritarios y grandes monopolios informáticos provistos de abundantes datos, que una los incipientes sistemas de vigilancia corporativa con los ya desarrollados sistemas de vigilancia estatal.
Esto bien puede dar lugar a una red de control totalitario que ni siquiera George Orwell hubiera podido imaginar”.
Si bien es cierto que las redes sociales, por la utilidad positiva que tienen en materia de libertad de expresión, pueden ser consideradas como “benditas”, la distorsión de su utilidad por parte de las redes sociales y la mayoría de sus usuarios pueden hacer que esa definición sea todo lo contrario.
