La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió una sentencia histórica donde responsabiliza al Estado de Colombia por el caso de violencia sexual de la cual fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima.
«El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio«, señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.
La FLIP señala que, en la sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos, incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad, y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Bedoya.
Los hechos por los cuales se declaró culpable al Estado Colombiano, ocurrieron el 25 de mayo del 2000, cuando fue secuestrada y sometida a diversas agresiones físicas, sexuales y verbales, eso mientras se realizaba labores periodísticas sobre crímenes y violaciones a derechos humanos en la cárcel La Modelo, en Bogotá.
La determinación de la Corte IDH señala que los actos de los cuales fue víctima la periodista tenían como fin intimidarla y silenciarla: “La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo”.
La sentencia de la Corte dice que los actos de violencia cometidos contra Jineth Bedoya, tuvieron “una clara conexión” con su actividad periodística. Además, determinó que los hechos no pudieron llevarse a cabo sin colaboración del Estado, o por lo menos con su tolerancia.
La FLIP señaló que entre las medidas de reparación ordenadas se destaca la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, “particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado”.
La sentencia de la Corte identifica que actualmente hay en Colombia un “contexto grave” de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los cuales se considera a periodistas.
(JEM)
