José Reveles
El gobierno estaba tomado por la delincuencia. Funcionarios que debían perseguir al crimen servían a los capos de la droga y eran sus cómplices. México era pues, en años recientes, un narco-Estado. Primera vez que un presidente de la República lo dice diáfanamente, sin tapujos.
Coincide esta valoración de Andrés Manuel López Obrador sobre el sexenio de Felipe Calderón con el encarcelamiento, en Colombia, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, amigo y asesor del propio Calderón y señalado como presunto creador y promotor de grupos paramilitares de ultraderecha.
Dio pie a las declaraciones del presidente López Obrador el juicio que se hará en los Estados Unidos al ex secretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna y a por lo menos dos de sus más cercanos colaboradores, acusados de recibir sobornos y dar protección al Cártel de Sinaloa desde sus altos niveles de mando y propiciar el tráfico de drogas hacia el país vecino.
Desde la Presidencia se dio la orden de despedir a viejos mandos policiales que estuvieron en algún momento bajo las órdenes de García Luna, de Luis Cárdenas Palomino y de Ramón Eduardo Pequeño García, éstos últimos ya con pedido de captura y extradición por Washington. No son pocos los viejos mandos incrustados en la Fiscalía, en la Secretaría de Seguridad y en la Guardia Nacional y algunos de ellos están en la lista de ex funcionarios con orden de arresto desde la Fiscalía de la República, acusados de desviar miles de millones de pesos.
Calderón se dijo perseguido y acosado políticamente. Reviró contra el actual mandatario diciendo que él no saluda a la mamá de El Chapo Guzmán ni liberó a Ovidio, hijo del capo sinaloense.
En los sexenios panistas hubo al menos dos “Operaciones Limpieza”. La de 2008 encarceló a un ex subprocurador de la República, Noé Ramírez Mandujano; a un ex subsecretario de la Defensa, el general Tomás Ángeles Dahuajare; a un ex comisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles y a varios ex directores de Interpol. Cerca de una veintena de altos funcionarios fueron a prisión, pero tiempo después fueron liberados por falta de pruebas. No era un reconocimiento del narco-Estado, sino de un esquema de revanchas personales y consignas tan perversamente mediáticas como jurídicamente débiles en tiempos de la procuradora Marisela Morales.
De la corrupción policial y militar en México, que ha permitido el avance innegable del crimen organizado, se habla desde el siglo pasado. Estado fallido, capturado por la delincuencia y con ausencia de poder en muchas regiones de la república son algunas críticas que le han endilgado analistas y periodistas a varios sexenios. Pero caracterizar una época reciente de narco-Estado no lo había hecho presidente alguno. Ojalá México aporte los datos duros, irrefutables, de esa perversa relación cuando en el banquillo de los acusados en EU estén uno o más presuntos superpolicías que eran el eje corrupto del cogobierno delincuencial mexicano.
Publicado en la edición #247 de revista Zócalo, septiembre 2020.
