La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) urgió al Poder Judicial local a implementar las medidas necesarias para la generación de información desagregada, así como para fortalecer el análisis de contexto como metodología para la interpretación y argumentación jurídicas, que garanticen plenamente los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad.
“La violación inicial de un derecho fundamental y frecuentemente negado por las instituciones jurídicas vigentes, que debe de dejar de ser aplicado e interpretado en sentido contrario al de la Convención de los Derechos Personas Con Discapacidad, es el Derecho a la Capacidad Jurídica”, sostuvo la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández.
En su participación en la Conferencia Magistral sobre “Mujeres y Discapacidad”, convocada por el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, lamentó que las mujeres con discapacidad continúen siendo esterilizadas sin su consentimiento, que no pueden recibir herencias ni “permiso” para vivir en pareja o estudiar, por considerar a priori que no cuentan con capacidad para ello.
Ramírez Hernández dijo que “al día de hoy, juicios de interdicción, determinaciones sobre guarda y custodia, pensiones alimenticias y medidas de protección en contextos de violencia familiar, son otorgados sin control de convencionalidad alguno, sin análisis de contexto que involucre el género o la discapacidad como categorías de análisis, que contribuyan a caracterizar cada caso e interpretar conforme a la Constitución”.
Sumado a ello, agregó la Defensora, sigue pendiente el desarrollo e implementación de un sistema de ayudas y salvaguardas para la toma de decisiones en el ámbito judicial de todas las personas con discapacidad, así como de los espacios para el ejercicio de sus derechos a la manifestación de la voluntad, autonomía y capacidad jurídica.
Subrayó que las mujeres son víctimas de una amplia gama de violencias de género: económica, física, sexual, obstétrica, psicológica, patrimonial, simbólica, política, digital y familiar, todas las cuales se han profundizado con motivo de la pandemia por COVID-19, y de manera especial aquellas con discapacidad, sobre todo quienes viven institucionalizadas y sin posibilidad para ejercer su Derecho a una Vida Independiente.
Recordó que, de acuerdo con los resultados del Censo 2020, 16.5% de la población en el país vive con alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental; de ese universo, 34% vive con una discapacidad, 1% con algún problema o condición mental, y 65% con alguna limitación.
En México habitan 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, 47% hombres y 53% mujeres, de las cuales, 1 millón 703 mil 826 viven en la Ciudad de México: 55% mujeres (5.4% más de la media nacional), 19% son mujeres mayores de 60 años, 4% de 30 a 59 años, y las niñas, los niños, los adolescentes y las personas jóvenes alcanzan 2%, respectivamente.
Finalmente, reconoció una intencionalidad del Poder Judicial de la Ciudad de México que trabaja para transformar el campo de los derechos de las personas con discapacidad en general y, en particular, el de los derechos de las mujeres en dicha condición.
En esta actividad convocada por el PJCDMX, le antecedió en su participación la experta independiente del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Amalia Eva Gamio Ríos.
