Carlos Padilla Ríos
Para la historia, el sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado como la administración que fue desnudada por el conflicto de interés en el caso “casa blanca”. Transcurrió un año y los efectos de aquella contundente revelación y denuncia todavía la enfrentan sus protagonistas, una baja popularidad del Presidente que difícilmente le ayuda al PRI; un Poder Judicial en entredicho por su polémico desempeño al negar el amparo a la periodista; decenas de periodistas y colaboradores perdieron su empleo; audiencias agraviadas por la soberbia de los concesionarios; entrega de espectro radioeléctrico y favoritismo para los empresarios; y el reconocimiento nacional e internacional de sus pares a Aristegui y los cuatro integrantes de su equipo de investigación. De todo eso nos habla la mejor periodista de México.
−Estamos a un año del reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, documento que reveló en términos prácticos el conflicto de interés entre el Presidente de la República y el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú por la adquisición de la residencia de Angélica Rivera, esposa del mandatario, revelación que golpeó la imagen del Ejecutivo federal, que ya marcó para la historia a este sexenio. Un año después, de aquel domingo 9 de noviembre de 2014, atestiguamos cómo se comportan las fuerzas desatadas por esa revelación: el despido de Carmen Aristegui y de sus colaboradores de la emisión matutina informativa de MVS; la indignación de las audiencias; los amparos contra la desaparición del noticiario; las contrademandas; los premios nacionales e internacionales por el reportaje, y la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Demasiados frentes para un año. ¿Cuál es el balance preliminar?
−Ciertamente, ha sido un año muy intenso, a raíz de la publicación de este reportaje especial de la “casa blanca” que puso a la luz pública un conjunto de situaciones donde se incluye el tema del conflicto de interés, pero no únicamente.
El gran asunto aquí ha sido un tema con una investigación insuficiente en términos gubernamentales. El informe que presentó Virgilio Andrade por encargo del Presidente de la República dejó insatisfecho a todo el mundo, porque no se puede pedir a una instancia no independiente que investigue al Presidente de la República.
El gran pendiente de esta historia es una investigación independiente y seria, que pueda dilucidar con claridad qué tipo de situación está involucrada en la posesión de esta residencia en las Lomas de Chapultepec.
La aportación que hicieron los periodistas es importante: rastrear los datos en el Registro Público de la Propiedad, rastrear los datos en los espacios públicos de información, a los que acudimos para documentar y enriquecer nuestro reportaje.
Estamos frente a un tema donde quedan abiertas muchísimas interrogantes, algunas fundamentales, como el propio mecanismo que se dio para que la residencia en Lomas de Chapultepec pudiera estar en manos del Presidente de la República y simultáneamente, a nombre legal de un contratista tan próspero como Juan Armando Hinojosa Cantú.
Yo diría que en el recuento de las cosas, en términos de interés público, queda este gran pendiente de una investigación formal del Congreso o de una instancia de la propia estructura gubernamental, para clarificar lo que no quedó clarificado en la investigación de Virgilio Andrade.
En lo que corresponde a las afectaciones por difundir una investigación de esta naturaleza, efectivamente han sido muchas e intensas. La salida fulminante de todo mi equipo de periodistas, que una buena mañana les fueron cerradas las puertas a raíz de un proceso de maquinación.
Esto dio pie a otro capítulo, que es el capítulo judicial, que nos llevó a presentar una demanda de amparo, que es un recurso interesante, novedoso, por la nueva Ley de Amparo. Donde se plantea que un particular, en este caso la periodista, pueda ampararse en la justicia contra las acciones de otro particular, si ese particular es un concesionario de un bien de todos nosotros.
Ese es el meollo jurídico más interesante de un juicio de amparo que ya había sido admitido y que con una actuación reprobable de tres magistrados marcaron ese juicio.
El juicio fue admitido por el juez Fernando Silva García. Avanzó en su etapa temprana, pero en una aberración jurídica mataron ese juicio con una queja que, desde luego, tendría que haberse procesado por parte del Tribunal Colegiado atendiendo una jurisprudencia a la que estaban obligados. Una jurisprudencia que han utilizado en otros casos para no matar un juicio con una queja de esa naturaleza.
Teníamos derecho a presentar nuestros alegatos, a defender el punto de que un empresario de medios que actúa como lo hicieron en MVS está incumpliendo su concesión y que está afectado derechos fundamentales, como la libertad de expresión al actuar de esa manera.
Porque el grupo empresarial no solamente tiene un negocio sino un bien de la nación que involucra el cumplimiento de derechos fundamentales como las libertades de expresión, editoriales y los derechos de las audiencias.
El comportamiento revisado por mis abogados sobre cómo esos magistrados han conducido decisiones en otros casos, nos obliga a pensar que aquí estamos hablando de un caso donde actuaron distinto y nosotros vamos a decir que por consigna, por el tipo de asunto, por el contexto donde se dieron las cosas estamos convencidos de que ese juicio fue aniquilado de manera indebida y que no fueron los criterios judiciales los que prevalecieron sino los de otra naturaleza.
Por eso dimos el paso para que el asunto se presentara en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia, no estamos planteando otra cosa a la CIDH sino que ese juicio debió haber existido, en México.
Se tendría que haber dirimido judicialmente si un grupo empresarial tiene derecho a cambiar un modelo editorial establecido legalmente en un contrato y que al incumplirlo y modificarlo unilateralmente afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Eso es lo que tendría que haber resuelto el juicio y el juez Silva tendría que habernos dado la razón o no, y de habernos dado la razón, podría haber el espacio para un regreso a la radio por la vía judicial al cumplimiento de un contrato que no puede ser modificado unilateralmente, porque atropelló todos los elementos que el contrato contiene y los que la propia ley establece.
La actuación de los magistrados es francamente preocupante porque aquí se actuó por consigna. Mis abogados, Javier Quijano y Javier Cortina, han presentado ya un recurso contra esos magistrados por una actuación indebida.
No hay duda para nosotros que esos magistrados que, en otros casos donde esa jurisprudencia era aplicable, la aplicaron y en el caso de MVS y nosotros, simple y llanamente decidieron no hacerlo. Dicho lo anterior, se cierra la posibilidad de que en México ese juicio se desarrolle, y lo que nosotros queremos es que se revise cómo el Estado mexicano manejó este asunto, donde a final de cuentas, se negó la justicia.
Se nos impidió un proceso judicial al que teníamos plenamente derecho.
Básicamente, ese es el planteamiento que se hace ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
−El caso tal vez lo admita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
−Esperemos que así sea, de eso siempre queda la duda, que lo considere admisible.
−Incluso, puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos…
−Eso, como tú sabes, tiene que pasar primero a la Comisión y de ahí pasa a la Corte, pero eso es un paso posterior, si es que llegara a ese término.
−Entonces, el tema de fondo es denegación de justicia…
−Denegación de justicia por un juicio de libertad de expresión. O sea, impidieron que se procesara un juicio por libertad de expresión y censura, y lo que queremos es que se pronuncie la CIDH por denegación y obstrucción de justicia, que tiene que ver con la libertad de expresión, que es lo que no vieron los magistrados del Tribunal, y omitieron.
−La demanda por reinstalación está cerrada…
−En mi caso la naturaleza no es laboral, en mi caso no es la palabra reinstalación porque eso se entiende como cuestión laboral.
Lo que se pide es el cumplimiento del contrato entre una profesional y una empresa de comunicación, la reinstalación tiene que ver más con el ámbito laboral. Mi caso es distinto, porque yo no tengo un vínculo laboral con MVS sino un vínculo civil.
Soy una periodista que suscribe un contrato con la empresa de comunicación y en ese contrato civil se establece que la periodista es responsable de los contenidos de las seis a las diez de la mañana y que para acordar las reglas del juego editorial establecen un Código de Ética que ambas partes, empresa y periodista, suscriben, y adjuntan un contrato y si llega a haber una deferencia de carácter editorial que no logremos resolver a la luz de la interpretación del Código de Ética, entonces es necesaria una figura de árbitro, por eso en la naturaleza de este contrato, las comunicaciones son distintas a una resolución laboral, en este caso es diferente y por lo tanto no pueden ellos unilateralmente modificar las condiciones de este contrato y tiene que esperar a que se dé la sentencia si pretenden incumplir un vínculo de esta naturaleza.
−Ustedes con su investigación le recordaron al país que la figura presidencial no debe ser intocable. −No debería serlo.
−¿Qué dirías del equipo que te acompañó en este trabajo? ¿Qué piensas de la investigación periodística que hicieron los cuatro periodistas con el reportaje de la “casa blanca”?
−El equipo que conformamos la Primera Emisión de Noticias en MVS es un equipo fantástico. Desde luego están en esta parte fundamental de las investigaciones especiales, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán.
El equipo que salimos del aire son más de 25 personas, incluyendo los comentaristas y colaboradores del programa. La salida fue masiva, la mayoría del equipo despedido de la unidad, fue fulminante la manera en la que decidieron darles el golpe.
Los comentaristas y colaboradores decidieron por propia determinación ya no prestar ningún tipo de colaboración con MVS. Un equipo de profesionales muy bien plantados en su definición ética y en el caso de los colegas periodistas que formaron parte del trabajo de investigación, son gente realmente que ha estado trabajando y sigue trabajando en investigaciones importantes. −
¿Cómo ves el estado de la libertad de prensa en México?
−La libertad de prensa en México está pasando por malos momentos. Claro que nosotros hablamos con una sensibilidad desarrollada por razones obvias, pero tratando de aislar nuestra propia circunstancia te diría que la propia revista Zócalo, a la que felicito por sus 15 años de existencia fructífera y realmente muy agradecida como ciudadana, publicó este mes un estudio muy interesante e ilustrativo (Periodistas mexicanos, internet y poder político ante la discrecionalidad en la asignación de publicidad, Zócalo No. 188), acerca de cómo se distribuye y cómo es que se opera en términos de dinero público respecto a medios de comunicación.
El garrote y la zanahoria buscando dinero público en los medios de comunicación. Un gran factor estructural que de no ser desmontado o regulado como lo prometió, sin cumplir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, seguirá teniendo fenómenos de comunicación modulados, achacados, inhibidos con dinero público.
Cuando hay cantidades millonarias de dinero circulando para pagar pauta publicitaria o para no pagarla, esto afecta enormemente la calidad de los contenidos o la dirección de los contenidos a personas que no son precisamente las independientes.
Si los medios o muchos medios dependen de que llegue o no el dinero público para seguir existiendo; pues eso nos da una medida de la capacidad que tienen de tener un ojo crítico o una postura independiente, respecto al poder político que están observando; entonces tenemos ese factor que afecta enormemente el modelo de comunicación en México donde buena parte de los diseños editoriales siguen estando determinados precisamente por una pauta publicitaria discrecional que ahora tiene nuevas modalidades.
Si leemos Zócalo vemos ahí una parte.
Cuando se ve cómo se copatrocina a sitios de internet asociados a periodistas, y entonces pueden esos sitios tener muy poca influencia o ser realmente un cascarón, pero se convierten en pantalla para poder destinar dinero público a ciertos periodistas que a su vez tienen presencia en otros medios.
Entonces, es una cosa ingeniosa, digámoslo, de forma legal, pero bastante perniciosa al final de cuentas porque está sofisticándose esta modalidad de distribuir el dinero público entre medios y periodistas de manera poco transparente.
−Las presiones contra los periodistas no son nuevas, tú lo viviste con Fox y Calderón, y ahora con Peña Nieto.
−El de Vicente Fox fue un sexenio tristemente fallido, porque estaba llamado a ser el gran sexenio de la alternancia, que tenía que haberse convertido en el gobierno de la consolidación democrática, lamentablemente no ocurrió así.
Recuerdo, en el sexenio de Fox precisamente en los primeros años, cómo escribieron cosas que después ya no se repitieron. Por ejemplo, que un grupo tan grande como Televisa abriera sus espacios a periodistas de otros medios para ser parte de su barra programática.
En mi caso, estuve con Javier Solórzano haciendo Círculo Rojo en esa modalidad de coproducción con el Canal 2 y con el Grupo Imagen. Hicimos durante un año y tres meses un programa de televisión que, creo yo, sólo fue posible hacer en ese momento histórico donde había necesidad de mandar señales de apertura porque había llegado la alternancia.
Se dieron cosas como la entrevista de don Julio Scherer con Marcos, un hecho insólito. Sin embargo, como todos lo vimos, Vicente Fox no actuó de manera consistente con el mandato de las urnas.
No hizo lo necesario para desmontar este modelo autoritario. Los llamados poderes fácticos le perdieron el miedo y hasta un poco el respeto, a la figura presidencial. Se descarriló la reforma de medios, y la banda 2.5 finalmente se concedió a cambio de nada. Felipe Calderón, en el capítulo que me tocó vivir, se mostró de cuerpo entero.
La intolerancia del presidente al pretender someter a una empresa de comunicación a cambio de la disculpa de una periodista que le resultó incómoda y antipática por un asunto que yo insisto teníamos derecho a preguntar como cualquier otra cosa.
Cuando plantea que tiene que disculparse la periodista o de lo contrario se descarrilarán los procesos de negociación para la banda 2.5., muestra a un presidente bastante intolerante. Pero lo entrevisto 51PERIODISMO grave ya no es tanto el Presidente, su intolerancia y su berrinche, sino una estructura que lo permite. Un rango de discrecionalidad al mandatario que le permitía frenar por un capricho, un berrinche, un proceso de negociación de políticas públicas en telecomunicación, y así sucedió.
Ese capítulo de Joaquín Vargas, exponiendo públicamente las entrañas de esa presión política desde Los Pinos en contra del empresario de comunicación para que la periodista se disculpara, es una cosa insólita, no sé si recuerdas algo así pero un empresario exponiendo públicamente los mensajes, las humillaciones y de cómo quedó clarísimo que desde Los Pinos, como creo que ocurrió ahora en 2015, someten o negocian con un empresario a cambio de frecuencias y de asuntos relacionados con negocios multimillonarios.
Como diría José Gutiérrez Vivó, algo así es imposible que ocurra sin venir la orden, la indicación desde de la propia instancia presidencial. No hay ningún rango de posibilidad que haya sido un arranque espontáneo, además tan dañino para fines prácticos, no tiene racionalidad empresarial haber aniquilado un programa que tenía una audiencia importante, un modelo de negocio importante y exitoso.
En términos empresariales no tiene ningún sentido eliminar del aire este programa a cambio de nada. Y tampoco como una actuación espontánea del grupo de comunicación que sería darse un tiro en el pie absurdamente a cambio de una circunstancia.
Actuaron de una forma irracional, de una forma que estuvo marcada por la cobardía y le diría así porque es una conducta absolutamente desconocida para mí de la familia Vargas. Ahora, lo que hemos visto recientemente son resoluciones a su favor, de temas que les habían llevado años como la 2.5. Es un paquete bastante interesante, porque por fin les liberan la 2.5 y en el mismo paquete prácticamente en 24 horas se les ofrece el must carry y must offer, y días después a Televisa la declaran no dominante en televisión de paga, redondo el negocio para todos.
No estamos en buenos tiempos. Desde luego tendríamos que empezar por mencionar a todos los periodistas asesinados, cuyos casos no han sido investigados que son el 99.9 por ciento.
Pero si nos detenemos en la parte de asesinatos a periodistas, es una barbaridad. −Carmen, ya se despenalizó la difamación y la calumnia.
Existe una ley que protege a los comunicadores, un Mecanismo de Protección a Periodistas, una Fiscalía y, sin embargo, siguen agrediendo a periodistas, ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla?
−En la impunidad. Creo que podemos valorar todo eso, la fiscalía y todo lo que queramos decretar como señales de que el Estado mexicano está tratando de responder, incluso tratando de dar respuestas, pero una verdadera y profunda manera de proteger a los periodistas, y desde luego a la sociedad, es abatiendo la impunidad.
Es investigando los casos y resolviéndolos, y sancionando a los responsables. ¿Cuántos botones de pánico se requieren? No es un tema de botones de pánico, es tema de impunidad.
−Seguramente mucha gente te extraña en la radio, dejaron de oír a su periodista preferida. ¿Cuántas ofertas ha recibido para regresar a la radio? −No tengo ofertas de la radio.
Puede ser que, dado que el proceso está abierto en términos de un contrato que está vigente y que está en la instancia judicial, la industria de la radio esté a la espera de que eso se resuelva, quiero pensar eso de manera considerada para mí, como una explicación.
−No hubo ninguna oferta de Radio Fórmula. −No, no me queda claro exactamente qué fue lo que sucedió ahí, porque yo estaba fuera de México, pero yo te diría que no he estado en negociaciones para regresar a la radio con ningún grupo radiofónico en estos días, no he estado sentada para regresar a la radio con Radio Fórmula, como la propia Radio Fórmula lo dijo en una comunicación el día en que se difundió una versión que no empataba en ese momento con lo que Radio Fórmula anunció por la tarde. Es un tema que no podría yo agregar más, ¿por qué se informó lo que se informó?
El primero de octubre la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano anunció haber otorgado su premio de cobertura al reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto” de Carmen Aristegui, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Daniel Lizárraga.
En aquella ocasión al asistir a recibir el premio en Medellín, Colombia, Aristegui dio a conocer que llevaría su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por “denegación de justicia”. Decenas de periodistas del continente a título personal la respaldaron. Días antes, un grupo de periodistas hispanos, radicados en Florida, también le entregaron su máximo reconocimiento.
Y el 19 de septiembre, aquí en México, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, entregó el Premio Nacional de Periodismo a Aristegui y equipo en la categoría de reportaje. Del respaldo recibido para llevar su caso a la CIDH, Aristegui dijo:
En el continente, muchos países están pasando por lo mismo, con grandes concentraciones de espectro, por un lado, y un modelo concesionario que no logra encontrar las herramientas para que los periodistas que puedan verse censurados, tengan algún tipo de defensa legal contra la censura ante la actuación de un concesionario.
Quedamos, como periodistas y como sociedad, a expensas del uso de una concesión que debería ser utilizada en el marco de los derechos establecidos en leyes y constituciones.
