Gabriel Corona Armenta
Conocí a Bernardo en 1999. En octubre de ese año el consejo general del IFE nos designó a los dos consejeros electorales del consejo local en el estado de México. El tenía ya una amplia experiencia de trabajo con organizaciones no gubernamentales y como especialista en temas religiosos, sobre los que hablaba en Radio Red y escribía en La Jornada. Yo, como académico de la UNAM, conocía su trayectoria. Sabía que era un hombre anti sistema, que entonces era claramente dominado por el PRI.
Para nuestra fortuna, ese consejo local no estaba dominado por personajes cercanos al PRI, como había sido común al inicio del IFE. Además de Bernardo, fueron designadas consejeras Norma González y Soledad Gaytán, con quienes encontramos muchas coincidencias en la forma de asumir esa responsabilidad electoral.
El primer reto fue la designación de los consejeros distritales. Los vocales quisieron imponer sus candidatos, como era la costumbre entonces, pero la mayoría del consejo nos opusimos a esa idea. Se hizo una selección diferente, con gente de la sociedad civil, tarea en la cual Barranco tuvo en papel muy destacado.
Obviamente, el PRI se inconformó con la designación, porque eso escapaba a su control. La impugnó en los tribunales, los cuales solo revocaron el nombramiento de tres personas, por carecer de algún documento oficial; no por su perfil ciudadano. Ahí se originó el encono inicial del PRI hacia Bernardo. Más adelante, en una sesión ordinaria, el representante del partido oficial, José Luis Flores, lo amenazó. Le dijo que era un “consejero ilegítimo”; que su partido se encargaría de su destitución, lo cual obviamente no ocurrió. Carecía de un fundamento legal.
La causa del enfrentamiento de Barranco con el PRI fue siempre el combate del primero a las prácticas ilegales de ese partido, para imponer su voluntad en el IFE, algo normal en un estado gobernado por ese partido desde 1929, sin ningún contrapeso político real. En 2000 fue la primera vez que el tricolor no controlaba a la mayoría del consejo local. Era algo que no podía tolerar. Esa fue y ha sido la única causa del odio hacia Barranco, a quien veía como líder de un grupo contrario a su hegemonía en la entidad. Desde entonces se agudizaron las diferencias.
Esta fue la misma postura de Bernardo en la elección federal de 2003: combatir todas las prácticas ilegales del PRI en todos los distritos de la entidad, a las cuales se sumaban un grupo de vocales del IFE que estuvieron también en la antigua Comisión Federal Electoral. A la mayoría de ellos, el primer director general del IFE, Emilio Chuayfett, los había incorporado al nuevo organismo formalmente “ciudadanizado”. Aparentemente eran servidores apartidistas, pero que en realidad apoyaban al partido de sus querencias: el PRI. A ellos los enfrentó Barranco con los medios a su alcance.
Me reencontré con Barranco en 2005. De forma inesperada para los dos, la madrugada del 21 de mayo la legislatura estatal, después de pedir la renuncia a todos los que estaban en funciones por un escándalo de corrupción con materiales electorales, nos designó como consejeros generales del IEEM ese día. Una vez en el puesto, nos dimos cuenta, junto con José Núñez y Norberto López (ambos ya fallecidos y que también habían sido nombrados para el mismo cargo), que la injerencia del PRI en el IFE era nada comparada con la que tenía en el IEEM. Prácticamente toda la estructura electoral estaba volcada a favor del tricolor.
En todo momento Bernardo combatió este sesgo favorable al PRI, que iba desde el consejo general hasta las juntas distritales y municipales, a pesar de que las últimas tenían una composición multipartidista, por acuerdos políticos que en ese momento no pudieron romperse. En esa elección, Barranco fue especialmente enfático en combatir la excesiva propaganda oficial del gobierno estatal y del PRI, durante la campaña de Enrique Peña.
Precisamente, derivado de ese derroche propagandístico, se dio la mayor crisis vivida al interior del nuevo consejo general en 2005: el dictamen de gastos de Peña como candidato a gobernador del estado de México. La acción ordenada por el tribunal federal tuvo que resolverse los primeros días de septiembre de ese año. Durante la discusión, Bernardo sostuvo la postura de sancionarlo, a diferencia del bloque de consejeros afines al PRI, encabezados por Jorge Muciño, quienes pugnaban por exonerarlo. Al final se impuso una postura intermedia, porque tampoco se contaba con todos los elementos para demostrar el rebase de topes de gastos de campaña.
La confrontación de Barranco con la estructura del IEEM impuesta por el PRI fue constante: primero con los directores generales, Jorge A. Neyra y Juan Carlos Villarreal, quienes tenían su propia agenda política favorable al PRI, y después con los directores de área y funcionarios menores que favorecían las prácticas electorales fraudulentas. Esto obviamente le acarreó muchos enemigos. Uno de ellos, Villarreal, le apodó “el dinamitero del IEEM”. Pero lo que Bernardo realmente combatía eran las prácticas de simulación, nepotismo, corrupción y fraude electoral.
Después de eso hubo otro evento que tensó la relación de Barranco con el PRI. En 2008 el gobierno estatal impulsó la creación de un partido político local, Futuro Democrático, para usarlo como a otros en el trabajo sucio contra los opositores. Bernardo y la mayoría del consejo general rechazó el registro, pero el tribunal local finalmente se lo concedió. Yo dejé el cargo en agosto de ese año; Barranco siguió un año más defendiendo los mismos principios
A invitación de él, nuestras vidas profesionales se reencontraron en 2011, al ser designados nuevamente integrantes del consejo local del IFE en el estado de México, junto con Norberto López y Vanessa González. Durante la elección presidencial de 2012, Bernardo encabezó numerosos esfuerzos para combatir los excesos del PRI y su candidato Peña Nieto. Fueron célebres los debates con los representantes del PRI, que en todo momento querían hacer valer su fuerza como partido gobernante en la entidad. Bernardo nunca los rehuyó; los enfrentó siempre con argumentos sólidos.
En 2014 el consejo general del INE me designó nuevamente consejero general del IEEM; Bernardo permaneció en el consejo local mexiquense. A pesar de eso seguimos teniendo una comunicación constante y sumando esfuerzos para que la actuación del PRI en los procesos electorales federales y locales se sujetara a las leyes. Fue especialmente importante su postura en la elección de gobernador en 2017, para denunciar los excesos del PRI y su candidato, Alfredo del Mazo Maza.
Al no lograrlo, terminando ese proceso Barranco propuso que un grupo de consejeros escribiéramos nuestro testimonio de la elección. El resultado se plasmó en el libro que él coordinó: El Infierno Electoral, publicado por Grijalbo en 2018. En esa obra advertimos los riesgos de que los métodos usados por el PRI en la elección mexiquense (compra y coacción del voto, sesgo en la capacitación, suplantación de funcionarios de casilla, terrorismo electoral, entre otras prácticas), se reprodujeran a nivel nacional para imponer a José Antonio Meade como presidente de la República. El libro fue bien recibido por el público, pero el PRI mexiquense y el gobierno del estado lo recibieron como un agravio más hacia ellos, especialmente de Bernardo.
Por eso, no resulta extraño que el pasado lunes, durante la continuación de la sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral del 6 de junio, el representante del PRI, Tonatiuh Medina, basándose en un artículo donde Barranco denuncia que tres de cada 10 funcionarios de casilla fueron tomados de la fila el pasado domingo, haya pedido que se le investigue por una presunta violación a los sistemas informáticos del INE y del IEEM.
Lo que sí resulta sorprendente es que el consejo general del IEEM haya secundado acríticamente la propuesta del representante priista, un hombre de pocas luces y escaso peso político en la entidad, quien prácticamente puso a temblar a las cinco consejeras y al único consejero integrante, quienes sin más dieron por buena su versión y pidieron de forma unánime una investigación.
A pesar de que todos estudiaron la licenciatura en Derecho, nadie de los consejeros tuvo la sensatez de pedirle que presentara su denuncia por escrito, para que las áreas competentes la analizaran y que la secretaría ejecutiva hiciera una propuesta a la junta o al consejo general. En un extremo de colaboración con el representante priista, la consejera presidenta, Daniella Durán, llegó a ofrecer su teléfono personal para que se revisaran sus claves, contraseñas y comunicaciones privadas de whats app. No le importó que pudiese tener conversaciones familiares o amistosas. Sus ganas de quedar bien con el PRI hicieron que se le olvidara su formación de abogada y el debido proceso.
Además, la ligereza con la que actuó la consejera presidenta del consejo general del IEEM podría incluso generarle responsabilidades. De acuerdo con la ley respectiva, especialmente por lo señalado en el artículo 42, fracción V, es su obligación custodiar y cuidar la información que está en su poder, lo cual incumplió al ofrecer al representante del PRI las claves de acceso al Sistema de Información de la Jornada Electoral. Además, podría también proceder su remoción por ese hecho, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Hechos como los vividos el lunes desnudan la verdadera naturaleza del IEEM, un ente al servicio del PRI. No obstante eso, varios de los representantes de partidos de oposición se sumaron, por acción o por omisión, al representante priista. Destacó por lo artero de sus ataques, el de Movimiento Ciudadano, César Severiano, un conocido golpeador en el consejo general, quien llegó a insinuar que podría tratarse de delincuencia organizada. Por su parte, Jorge Neyra, representante de Fuerza por México, acusó a Barranco de tener gente infiltrada para cometer ilícitos. Su enorme resentimiento es más bien porque Bernardo presionó mucho para que Neyra dejara la dirección general del IEEM, en 2005.
El balance para el IEEM es muy negativo en términos de imagen pública como ente autónomo. Sus integrantes prejuzgaron sobre hechos presuntamente ilegales. Asumieron como cierto, lo denunciado por el representante priista, sin respetar el debido proceso. Se adelantaron en el anuncio de acciones hacia el exterior del IEEM, como anuncios de dar vista al INE, la Fiscalía de Delitos Electorales y otras instancias.
La pregunta es ¿quién manda en el IEEM? Los consejeros generales o un mediocre representante lleno de resentimiento hacia Bernardo Barranco por su tenaz lucha a favor de elecciones limpias y transparentes, cuyo principal enemigo ha sido históricamente el PRI y sus representantes en todos los niveles de ese órgano electoral. La respuesta está en el aire.
