En México, tradicionalmente el desempeño de los ministros o magistrados del poder Judicial ha estado ligado a los intereses de los sectores privilegiados no solo por conveniencia personal, sino porque esos representantes de la justicia tienen su origen en las clases medias y altas.
Durante décadas, cuando el partido de Estado dominó el país, la Suprema Corte estuvo subordinada al Ejecutivo. Después vendrían los cambios y hasta la sustitución de los ministros, con Ernesto Zedillo (1995), sin que el máximo tribunal se distinguiera por su independencia frente a los otros poderes del Estado.
Aquella complicidad silenciosa continúo reproduciéndose hasta el enfrentamiento cargado de amenazas del expresidente Felipe Calderón en contra del ministro Arturo Zaldívar por la “Operación de Estado” que denunció el togado, responsabilizando a la familia Gómez del Campo en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo en 2009, amago denunciado apenas el año pasado por Zaldívar.
La vieja cercanía de la Suprema Corte con los grupos de poder e influencia política parece renacer con el arribo a la Presidencia de la Corte de Norma Lucía Piña Hernández, quien en apenas cuatro meses ha demostrado no una actitud de independencia frente a todos los poderes del Estado, sino una actitud revanchista y retadora ante el Ejecutivo y Legislativo.
El período de Piña coincide con numerosos casos donde las resoluciones de magistrados y jueces parecen favorecer a inculpados por la comisión de graves delitos, a lo que se agrega la actitud de rechazo de la mayoría de los ministros en contra del Plan B electoral del Presidente.
El cúmulo de resoluciones judiciales adversas al gobierno del Presidente López Obrador, lo llevó a finales de mayo a afirmar que el Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo: “Cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”, advirtió, por lo que propuso, sean los ciudadanos, y no el mandatario, quienes elijan a ministros, magistrados y jueces mediante votación.
Piña Hernández ha dado fe de su actitud revanchista y pendenciera. El 5 de febrero en la ceremonia por el aniversario de la Constitución en Querétaro, tuvo la descortesía de no levantarse frente al Presidente, faltando al protocolo. Otro caso; los mensajes que envió al presidente del Senado, Alejandro Armenta, que el legislador interpretó como amenaza, y que algunos periodistas (Ciro Gómez, Azucena Uresti) manifestaron incredulidad, sin embargo, enmudecieron cuando la propia Piña se adjudicó la autoría.
En apenas cuatro meses, la gestión de la presidenta de la Corte no ha favorecido la imagen ni la credibilidad del máximo tribunal, por el contrario, pareciera que la ministra busca consolidar la percepción de que lo que preside es un grupo opositor, lejos de la autonomía. Por supuesto que esa actitud no favorece ni al poder Judicial ni mucho menos a la democracia.
– Redacción. (Junio 2023). Imagen maltrecha de la Suprema Corte. Revista Zócalo, (280), 4.
