Balbina Flores Martínez
En los primeros cinco meses de 2022 se ha registrado un inusual incremento de asesinatos contra periodistas en este país, al menos once informadores murieron en diferentes regiones.
De continuar esa tendencia, este año podría convertirse en uno de los más letales contra la prensa desde que se tiene registro. Frente a esta ola de violencia, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión Article 19, el Comité para la Protección a Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y el Pen Club, han manifestado su preocupación por las contradicciones en las investigaciones de las autoridades, la estigmatización de las víctimas, presentar los avances de las indagatorias como hechos consumados de impartición de justicia, cuando no es así.
Acerca de esos casos, vale la pena mencionar que en los homicidios recientes las autoridades informan de manera más mediática, sin dar certeza de aplicar justicia o encontrar la verdad.
Además, se observa por parte de las autoridades una actitud de estigmatizar a las víctimas, así como errores en las indagatorias, con detenciones erróneas y contradicciones en los discursos entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía local, con el caso Veracruz, con relación al asesinato de las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García.
En esos homicidios, al parecer no se aplicó el llamado Protocolo Homologado para la investigación de delitos contra la Libertad de Expresión, que recomienda: “establecer parámetros y elementos que debe reunir una investigación completa e imparcial para determinar responsabilidades penales en los delitos cometidos contra periodistas y/o instituciones de medios de comunicación con motivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, y establecer estándares para seguir adecuadamente las líneas de investigación. Este Protocolo debería ser ejercido por todas las fiscalías locales.
Además, sorprendió la captura errónea de una persona vinculada presuntamente al homicidio de las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García, operativo realizado por la Fiscalía de Veracruz, que llevó a la Fiscalía General de la República a informar del caso, aunque horas más tarde en un mensaje por Twitter, se retractó de sus dichos. La Fiscalía General explicó que “al validar su identidad, se determinó que se trató de una homonimia, (por lo que) fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos”. La imagen y nombre de la persona detenida ya había sido difundida en redes sociales y medios de comunicación, el daño ya estaba hecho. Tal parece que la prisa por dar resultados hace que se cometan errores de este tipo, lo que no debería ocurrir.
Otro hecho que no ha pasado inadvertido para las organizaciones citadas, es la información en torno a las investigaciones del caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, columnista de El Debate, asesinado el 5 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Donde a casi un mes de los hechos priva la “confusión” en la información vertida sobre las investigaciones, a decir de la propia fiscal del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, quien dijo desconocer la identidad de los presuntos autores materiales del crimen de Ramírez, a pesar de que el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, en la conferencia mañanera del 12 de mayo, informó tener identificados a los probables responsables del asesinato del periodista. La fiscal sólo señaló en reiteradas ocasiones en conferencia de prensa el 24 de mayo, “no sé de dónde salió esa información, pero no tenemos identificados a autores materiales, si no habríamos ordenado ya su aprehensión”.
Las contradicciones entre el gobierno federal y las fiscalías locales, aunadas a los errores cometidos en las investigaciones de estos casos, no contribuyen de ninguna manera a dar certeza a las víctimas familiares de los periodistas, sino a ahondar su desconfianza.
Otro tema son las filtraciones que no han dejado de ser una mala práctica de las fiscalías, como ocurrió en los casos de las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García, así como en el caso de Roberto Toledo, donde durante las primeras horas de los hechos empezaron a difundirse informaciones que desprestigiaban a las víctimas.
Las filtraciones pueden generar graves afectaciones sobre la investigación en curso y el debido proceso que busca el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Además el uso no consensuado de las fotografías de las víctimas vulnera la protección de las familias y compromete las investigaciones. En el caso particular de las periodistas de Veracruz fueron difundidas imágenes y audios en los cuáles presuntamente involucran a las personas periodistas en supuestas actividades ilícitas o de otra índole laboral y buscan desvincular los asesinatos de su labor periodística. Generando con ello campañas de desprestigio que en nada contribuyen al esclarecimiento de los asesinatos.
Por otra parte, desde instancias tanto a nivel federal como estatal, las autoridades han afirmado, sin tener concluidas las líneas de investigación, que los crímenes cometidos contra periodistas tienen que ver con el crimen organizado y no con la libertad de expresión. Y también en las conferencias se presentan algunos avances de detenciones pero no se hace referencia a la labor que realizaban las y los periodistas y que por ello fueron asesinados.
De acuerdo con los reportes presentados hasta el 12 de mayo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Federal, en el caso del fotógrafo Margarito Martínez “hay 10 detenidos, 10 vinculados a proceso penal”. Pero no precisa que no están los 10 vinculados a proceso sino tres y tres más están libres. En el caso de Lourdes Maldonado, sí hay tres detenidos, tres vinculados a proceso penal. Pero aún falta el autor intelectual.
En el caso de Heber López de Salina Cruz, hay dos detenidos y dos vinculados a proceso penal, pero los autores intelectuales no están detenidos.
En el caso de Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas, un detenido que está vinculado a proceso penal. Y falta el autor intelectual. En el caso de Armando Linares, de Zitácuaro, hay dos órdenes de aprehensión e indica el reporte que se está en el despliegue para poder capturar al autor material y al copartícipe de este evento.
En este reporte el subsecretario precisó que “en el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, hay líneas muy sólidas pero todavía no hay un mandamiento judicial en contra de ellos”. El reporte refiere que en los casos de Yessenia y Johana hay dos órdenes de aprehensión y se está en proceso de su detención.
Informaciones no precisas, confunden y revictimizan a las víctimas al desvincularlas de manera apresurada de su labor periodística y reiterar que está involucrado el crimen organizado sin decir que fue por su labor periodística no aporta al derecho a la verdad.
Afirmar sin una investigación exhaustiva que los asesinatos han sido cometidos por el crimen organizado sin dar algún grado de involucramiento del Estado, contraviene la debida diligencia en la investigación de los casos. “Para tener certeza sobre quiénes son los autores materiales, los intelectuales y las redes que permiten que estos asesinatos se sigan cometiendo, se necesitan investigaciones diligentes, objetivas, imparciales y exhaustivas por parte de las autoridades”, han indicado las organizaciones que defienden la libertad de expresión.
Es apremiante entonces que las investigaciones y detenciones deban dirigirse a los autores intelectuales, de lo contrario la justicia y la lucha contra la impunidad pueden quedar entre dicho. Además de no confundir detenciones con justicia, este es solo un paso, la justicia será cuando haya una sentencia en firme y se garantice la reparación a las víctimas y se den garantías de no repetición.
