La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado mexicano es responsable de las irregularidades en la investigación del caso de la muerte de la activista y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, en 2001; ya que las indagatorias estuvieron sesgadas por estereotipos de género.
El 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue encontrada en su domicilio sin vida, con una lesión en la cabeza, un disparo en el muslo izquierdo ocasionado por un arma de fuego y dos hematomas, uno en el ojo derecho y otro en el muslo. La conclusión del dictamen pericial arrojó que la causa de la muerte fue un suicidio.
Ante la impunidad de este caso la CIDH concluyó que las indagatorias sobre el mismo estuvieron sesgadas por estereotipos de género, pues a pesar de las múltiples irregularidades en las investigaciones se concluyó que Ochoa terminó con su vida por una inestabilidad emocional relacionada con su condición de género.
Además, la Comisión indica que el Estado mexicano pasó por alto el contexto de los acontecimientos, ya que Digna Ochoa había denunciado amenazas desde tiempo atrás, motivo por el cual se le asignaron medidas cautelares de protección, las cuales le fueron retiradas semanas antes de su muerte.
Por si fuera poco, este hecho ocurrió a principios de la década de 2000, época en la cual varios activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas fueron amenazados y asesinados por sus investigaciones y exigencias hacia el gobierno. La mayoría de estos crímenes siguen impunes a 20 años de haber sucedido.
La CIDH ordenó a México reabrir las investigaciones sobre este hecho para encontrar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos. Además de efectuar un acto público de carácter internacional donde se pida disculpas a la familia de Ochoa, y crear un reconocimiento que lleve su nombre en forma de homenaje.
Por último, la Comisión señaló que dicho Estado reconoció la responsabilidad parcial ante la impunidad del caso de Digna Ochoa, por lo que se comunicaron con los familiares de la misma para informarles que se reabriría el expediente para realizar una investigación penal efectiva y pronta para la resolución del hecho.
(AMFP)
