El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
En México, como la voluntad popular expresada en las urnas ha sido violada y limitada por el sistema de partidos durante 80 años, contando con la complicidad de autoridades y tribunales electorales, resulta más que oportuna y necesaria la Recomendación General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 46/2022, relacionada con violaciones al derecho a la democracia, a pesar de las críticas del Instituto Nacional Electoral emitidas por desconocimiento o mala fe.
En su Recomendación, dirigida a los legisladores y al INE, en medio del debate en la Cámara de Diputados de la iniciativa presidencial en materia electoral, la CNDH sugiere a los diputados: “garanticen el derecho pleno a la democracia… y un órgano realmente autónomo de cualquier poder fáctico o legal…” “Y, sobre la designación de sus integrantes, (ésos se elijan) de manera insospechable de intereses partidistas o faccionales”. El organismo humanitario propone debatir “… los privilegios y gastos excesivos que implica sostener el actual aparato del INE… (y) la forma de elegir a las autoridades”.
Frente a la respuesta crítica del INE por el contenido de la Recomendación 46/2022, la CNDH llama a la responsabilidad y a la autocrítica para que en lugar de guerras sucias se aliente una discusión del tema electoral.
Por su parte, resulta cuestionable e ilegal el pronunciamiento acerca del mismo tema emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano, que expresa de la iniciativa de reforma electoral presidencial su “franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil… por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva”.
El pronunciamiento de la CEM viola el artículo 30 de la Constitución política, que en su inciso (e) establece: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político”. Con su documento titulado: “Mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral” (Prot. No 157/22), la CEM viola además los artículos 8, 14 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
Mientras, en la Cámara de Diputados, los partidos políticos analizan las iniciativas en materia de reforma político-electoral, crece el consenso para realizar esos cambios, más cuando una consulta realizada por el propio INE, indica que mayoritariamente la población respalda la necesidad de cambiar la actual estructura electoral y de operación del órgano electoral, esto a pesar de la oposición de su presidente, Lorenzo Córdova.
