Ivonne Acuña Murillo*
Se podría pensar que la comunicación política es un fenómeno político-social que sólo ocurre entre gobernantes, gobernados y políticos(as). Sin embargo, teóricamente hablando, dicha comunicación fluye entre los diversos actores que de alguna manera detentan o ejercen algún tipo de poder político. Es el caso de las bandas del narcotráfico que en los últimos años se han convertido en un poder fáctico de importancia evidente.
Para comprender las implicaciones que conlleva un poder fáctico conviene comenzar por algunas definiciones. Por poder se entiende: “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber 2002, 43).
Asimismo, se denominará “poder fáctico” a aquel ejercido “de hecho”, al margen de cualquier reconocimiento de tipo jurídico y del juego democrático, considera Manuel Antonio Garretón, quien ubica la emergencia de estos poderes en el contexto de la globalización y en relación con un modelo de sociedad en el que los poderes fácticos “aparecen como un nuevo tipo de actor social […] que procesa las decisiones propias de un régimen político, al margen de las reglas del juego democrático.”, siendo el narcotráfico uno de ellos. (2002, 12).
A partir de estas definiciones se puede hablar de las bandas del narcotráfico como actores sociales que operan al margen de la ley y de la democracia, entendida como forma de gobierno, y que a pesar de no haber sido elegidas por la ciudadanía cuentan con una alta probabilidad de imponer su voluntad en contra de toda resistencia, aun de aquella que pueda ser ejercida desde el poder instituido legalmente.
Es el caso de México, en donde las bandas del narco le han disputado a los gobiernos, con relativo éxito: el control sobre determinadas franjas del territorio; poder e influencia sobre la población de esos territorios; pagos por protección y por comercialización de productos como limón y aguacate; despojo de tierras, propiedades y otros bienes; así como la legitimidad sobre el uso de la fuerza.
Una definición más: “dominación” es “la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos” (Weber, 43). Esto es, no sólo cuentan las bandas del narco con la probabilidad de imponer su voluntad a grupos de población, sino que cuentan además con la probabilidad de que sus mandatos sean obedecidos.
No sólo por la fuerza o por el miedo, sino como parte de una relación social en la que las mencionadas bandas ofrecen a grupos de habitantes rasgos de identidad, sentido de pertenencia, beneficios sociales y económicos que, de otra manera, no estarían a su alcance. Lo anterior supone, no solamente el ejercicio de un poder brutal sino la existencia de ciertas estructuras sociales que vuelven legítimo dicho poder.
En este sentido, las bandas del narco no se conforman únicamente con ejercer un poder de facto a partir de la fuerza armada y económica que han ganado, se esfuerzan también por establecer líneas de comunicación con la población para ofrecerles la seguridad física que el Estado ha dejado de proporcionarles.
Es decir, la comunicación política de algunas de las bandas del narco no se restringe a hacer sentir “su poder”, amenazar, atemorizar a la población o a otras bandas, hacer advertencias a autoridades estatales, marcar los límites de su territorio, ponerse en escena haciendo alarde de sus recursos, poder y control de la situación, sino para disputar al Estado el uso legítimo de la fuerza a partir de la construcción de una narrativa caracterizada por terror, amenaza, inclusión en una estructura de poder (distante de las instituciones formales de la sociedad y el gobierno) y una especie de “protección social”.
Desde 2006, cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa “declara la guerra” al narco y las bandas del crimen organizado, comenzaron a aparecer los “narcomensajes”, textos dejados por los integrantes de las bandas del crimen organizado en bardas o mantas colocadas cerca de la escena de un crimen, exhibidos sobre los cuerpos de personas asesinadas, dejadas en la calle o colgadas en puentes.
Estos narcomensajes sirvieron de tarjeta de presentación al cártel de la Familia Michoacana que declaró haber surgido “para limpiar a Michoacán de las drogas sintéticas”. En noviembre de 2006 pagó a dos periódicos locales por desplegados en los que se podía leer: «La Familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien debe morir. Sépalo toda la gente; esto es justicia divina» (“El poder de la ‘Familia Michoacana’”, Alejandro Suverza, El Universal, 4 de diciembre de 2006).
Comunicación con la que este cártel hizo no sólo una declaración de principios, sino que enarboló valores asociados a un cierto tipo de convivencia social que respeta la vida de las mujeres y de las personas inocentes (se podría asumir que habla de gente no relacionada con las bandas del narco), y agregó una mención general a la justicia divina (de cualquier religión), dando una gruesa pincelada de legitimidad a su movimiento, misma que sumó a la declaración anterior según la cual limpiaría al estado de las drogas sintéticas. Narrativa que no concuerda con lo que en 2009 declaró Rafael Hernández Harrison, alias “La Cuchara”, quien confesó que la Familia Michoacana era uno de los principales productores de este tipo de drogas en la entidad.
Otro ejemplo significativo de este tipo de narcomantas apareció en abril de 2015 cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó en la ciudad de Guadalajara un mensaje afirmando que: “Con mucho respeto a la ciudadanía, socios del CJNG, queremos que sepan que el problema no es con ustedes, estamos para apoyarlos y apoyar a los empresarios, de ratas y secuestradores, como son los Zetas, los Caballeros Templarios y las autoridades abusivas y rateros. Defenderemos a Jalisco y a otros estados como hasta ahorita, aunque tengamos que derramar sangre de los nuestros. Atte: CJNG”.
A decir del experto en seguridad Alejandro Hope, con este tipo de comunicados los cárteles: “Tratan de construir legitimidad y reputación” (Cristóbal Martínez, “De los mensajes escritos con sangre a las narcomantas digitales: la nueva forma de comunicar de los cárteles”, Infobae, 5 de agosto de 2020).
La construcción de esa reputación y esa legitimidad pasa por dejar en claro que no son como los otros cárteles ni como las autoridades estatales corruptas que abusan de su poder e incumplen con su obligación primaria: brindar seguridad física y patrimonial a su población.
Al parecer, quien piensa y redacta estos mensajes sabe de cierto que, desde siglos atrás, la gente del pueblo tiene más cercanía con cierto tipo de delincuentes, por ejemplo Chucho “El Roto”, Jesús Arriaga (1858-1894), mejor conocido como el Robin Hood mexicano, que con el gobierno al que ven como una institución que busca, por todos los medios, perjudicarle (Escalante Gonzalbo, 1992).
La idea de un pueblo propenso a sentir más afinidad con algunos narcotraficantes que con el gobierno ha quedado de manifiesto cuando se oculta información sobre el paradero de uno de ellos o cuando, en entrevista mediática, algún habitante deja ver su aprecio por aquellas cosas que el narco en cuestión les ha otorgado: trabajo, calles pavimentadas, dinero para el festejo del santo del pueblo, protección.
Como puede observarse, la comunicación política de los cárteles de la droga no para en el envío de mensajes intimidatorios hacia la población, las otras bandas o el gobierno, sino que hunde sus raíces en algo más profundo. En una cultura política de siglos, en la que se aprecia más a quien es capaz de burlar a las autoridades formales que a quien ejerce “legítimamente” la fuerza en contra de la población.
Esto permite a algunos cárteles construir una estructura de dominación, diría Weber, a partir de la cual obtienen obediencia de aquellas personas a quienes atraen a su esfera de poder. En otras palabras, no toda la gente que se une a las bandas del narco y el crimen organizado lo hace por la fuerza. La narrativa que estos grupos han sabido comunicar a través de sus narcomensajes y acciones llena el vacío dejado por el Estado en materia comunicativa. Así dicho, la lucha en contra del narco y las bandas del crimen organizado debería incluir una contra narrativa igualmente poderosa para atacar el “poder simbólico” que acompaña a dichos grupos. Poder entendido por Pierre Bourdieu como aquel que impone como legítimos ciertos significados, mismos que ocultan la fuerza brutal, diríamos, que lo sostiene.
De cierta manera, la estrategia seguida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) para cambiar la percepción en torno a la violencia y la inseguridad, basada en la nula difusión de los narcomensajes y en disminuir aquello que los diversos medios publicaban en torno a actos de violencia en el país, buscando crear la percepción de que su administración estaba resolviendo el problema, incidió de manera indirecta en el poder simbólico del narco.
Sin embargo, dos fenómenos dieron al traste con esta estrategia: uno, el aumento imparable de asesinatos y desapariciones evidenciado por los cadáveres que abarrotaron las morgues, los tráileres llenos de cuerpos sin identificar y en descomposición transitando por algunas ciudades del país, la multiplicación de las narcofosas; dos, las estrategias mediáticas de las bandas del narco que pasaron de las narcomantas a los videos en redes sociales.
Hoy, el narco en México no se conforma con arrojar cabezas y dejar narcomantas, ha refinado su comunicación política produciendo y difundiendo mensajes que se viralizan en redes sociales, en un afán por continuar construyendo una narrativa que aprovecha los vacíos dejados por el Estado mexicano en materia comunicativa y de seguridad, disputándole con ello el “uso legítimo de la fuerza” y el ejercicio de un poder de corte “simbólico”.
Referencias:
Escalante Gonzalbo, Fernando (1992) Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de México.
Garretón, Manuel Antonio (2002), “La transformación de la acción colectiva en América Latina”, Revista de la Cepal, Núm. 76, abril.
Weber, Max (2002), Economía y sociedad, México, F.C.E.
*Catedrática de la Universidad Iberoamericana y analista política
