Héctor Octavio Carriedo Sáenz*
Victoria de Durango, Dgo.- Durante el reciente proceso electoral 2021, aún atravesamos una crisis múltiple sin precedente, que ha tenido un tremendo impacto negativo en los grupos más vulnerables. Si bien ha comenzado la recuperación de la economía, también aumentaron los precios de la canasta básica, de los medicamentos e insumos para la salud. La crisis humanitaria y de salud pública no ha terminado, ya que persisten el desabasto de medicamentos y las insuficiencias de los servicios en los hospitales públicos.
Debemos también visibilizar la crisis en el sector educativo, principalmente en los niveles de educación básica y media superior, donde la imposibilidad de muchas familias para tener un acceso seguro, eficiente y económico a Internet, el hacinamiento y las condiciones precarias de muchos hogares, repercutieron en desaprovechamiento, abandono y rezago escolar. Más aún, por negligencia de las autoridades numerosos planteles educativos fueron vandalizados y saqueados.
La resultante es una crisis social que no ha sido bien atendida, y que se refleja en altas prevalencias y elevados índices de maltrato y abuso sexual infantil; violencia intrafamiliar y en contra de la mujer; aumento de la población en condiciones de inseguridad alimentaria, incremento de las adicciones y los suicidios, por mencionar algunos de los principales flagelos psicosociales.
La pandemia ha puesto en evidencia que el gran desafío gubernamental, es fortalecer la infraestructura y capacidades físicas y humanas de las instituciones del sector salud y asistencial, que deberían disponer de mayores recursos para implementar mejores políticas públicas y programas de protección a niños, niñas y adolescentes, salud mental, nutricional, sexual, prevención y control de las adicciones.
Es así que, en estos catorce meses de crisis múltiple, los tres ámbitos de gobierno han sido rebasados para atender las necesidades de la población, sin contar con presupuestos y capacidades institucionales adecuadas para atenderlos.
A pesar de los daños, riesgos y costos económicos, políticos y sociales de la pandemia, el balance de las recientes elecciones revela claroscuros para el movimiento obradorista y la 4T:
• Morena sigue siendo la fuerza política mayoritaria con el 34% de la votación, seguida por el PAN con el 18. 24% y el PRI con 17.73%.
• Morena y sus aliados conservan la mayoría en la cámara de diputados con 281 escaños.
• Morena gana once de quince gubernaturas en disputa y avanza en el control territorial del poder político con miras al 2024, ya que gobernará 16 entidades federativas.
➢En la Ciudad de México la oposición a la 4T obtuvo 9 de 16 alcaldías; las siete alcaldías donde triunfó Morena corresponden a las zonas más habitadas por población de estratos económicos medio bajo y bajo; en contraste las nueve alcaldías donde ganó la oposición corresponden a zonas urbanas de la ciudad de México con el mayor número de habitantes de clase alta y media alta. A la vez, Morena y aliados conservan la mayoría en el congreso local.
Estos resultados electorales desfavorables al movimiento social obradorista fueron menores a las expectativas imaginadas por la coalición opositora. Es claro que influyó el hecho de que las políticas públicas implementadas por el régimen de la 4T tengan más un carácter rural que urbano, más orientado a las clases populares mayoritarias que hacia las clases medias urbanas, y más hacia las entidades federativas del sur con atraso relativo, que hacia las del norte más desarrollado.
La polarización política y social se expresó en los resultados de la votación, por lo que el electorado de clase económica media y alta en zonas urbanas mostró su descontento con el régimen de la 4T, en tanto que los votantes de zonas rurales y urbanas de clase económica media baja y baja, votaron por Morena y sus aliados.
Causaron gran impacto en el electorado de clase media de la Ciudad de México tanto la desgracia del colapso de la Línea 12 del Metro, como también la crisis generada por la pandemia, y sus efectos sociales negativos, amplificados por la campaña de propaganda sistemática y permanente de los medios tradicionales para desacreditar, descalificar y denostar las decisiones y acciones presidenciales del régimen de la 4T para contener la crisis.
Se ha suscitado un debate no menor sobre el papel de la clase media en el desarrollo del país. Es sabido y reconocido que los segmentos de la parte alta de la pirámide de la clase media encarnan los valores políticos de la clase económica dominante, por lo que en sus diversos estratos elitistas es predominantemente conservadora y defensora del establishment. Siendo realistas, estos estratos sociales medios altos nunca cambiarán su ideología de clase, ni dejarán de imitar los estilos y estándares de consumo de los estratos socioeconómicos altos.
Para identificar riesgos y retos de la 4T es útil recurrir a categorías sistémicas y sociológicas. Todo sistema político y de gobierno debe mantener la cohesión social y lograr que en las transformaciones participen juntos (covarianza) los diferentes grupos cohesionados (K. Deutsch,1976). La covarianza implica que, si cambian los de abajo, deben cambiar los de arriba (o viceversa, cuando las transformaciones se impulsan verticalmente, de arriba hacia abajo). Si los de arriba no quieren cambiar la cohesión y la paz social están en riesgo. En términos dialécticos: si se pierde la unidad de los contrarios entre las clases altas y medias minoritarias y elitistas y las clases subalternas populares y mayoritarias, y se agudizan las contradicciones de clase en la lucha ideológico-política, pueden llegar a desbordarse dichas contradicciones y se pondría en riesgo el sistema plural, pluriclasista, multicultural, multiétnico y democrático del país.
Por ello, entre las lecciones para la 4T del reciente proceso electoral, está la conveniencia de implementar programas con componentes para el apoyo y participación de las clases medias empobrecidas por la crisis. Los empleadores y trabajadores de clase media que han perdido su ocupación, su patrimonio o sus pequeñas empresas o sus empleos en el gobierno, requieren también asistencia, capital de trabajo, reeducación laboral y acceso a nuevas tecnologías que les permitan reinsertarse en el mercado laboral y empresarial. Para confirmar su viabilidad, la 4T también debe superar el reto de convencer a mayores segmentos de la clase media en las zonas urbanas.
*Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Ex comisionado presidente del IDAIP.
Académico de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
