La lucha contra el COVID y las disparidades en el acceso a la información
Comunicación

La lucha contra el COVID y las disparidades en el acceso a la información

Alejandro Camacho Ventura*

En medio de la pandemia por COVID-19, el internet y las redes digitales han tenido un papel central en la campaña informativa y el acceso a políticas públicas que el Estado ha implementado ante la crisis sanitaria y económica que se vive en nuestro país. Los gobiernos en todos los niveles emprendieron campañas para informar y facilitar los trámites de ingreso a programas sociales para la ciudadanía, pero con esta acción una gran parte de la población se ha visto discriminada y excluida.

Sin duda, la propuesta de digitalizar y facilitar los trámites gubernamentales es plausible, porque, en este contexto, se reducen los contagios y se promueve el tránsito paulatino de los trámites en línea. Sin embargo, apostar únicamente por campañas informativas y el acceso a políticas públicas a través del espectro digital genera una disparidad entre la población que no cuenta con internet y otro sector que sí lo tiene, el cual, además, posee las habilidades técnicas necesarias para acceder a la información.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, sólo el 44.3% de los hogares mexicanos posee una computadora y un 56.4% de ellos cuenta con internet. La disparidad se amplía en los estados, pues mientras entidades como la Ciudad de México y Nuevo León superan el 50% de hogares con servicio de esta red, otros, con alto grado de marginación y pobreza como Oaxaca o Guerrero no superan ni siquiera el 20%.

A pesar de estas brechas, muchos gobiernos han concentrado sus esfuerzos en difundir exclusivamente campañas informativas a través de medios electrónicos. Por supuesto es entendible, cuando la emergencia sanitaria te obliga a evitar concentraciones y mantener a la población en casa.

Por otro lado, el registro a programas sociales que los gobiernos aplican para contener la crisis generada por el COVID-19 también, se ha centrado en el uso de plataformas digitales. Con esta acción se excluye a una población que no tiene los medios (computadora, internet, escáner) ni los conocimientos técnicos para acceder a estos apoyos (uso de motores de búsqueda, capacidad para distinguir datos, escritura y manejo de correos electrónicos).

La desigualdad digital está especialmente acentuada en las zonas rurales, pues la ENDUTIH detalla que estos espacios cuentan con un 47.7% de acceso a la red, a diferencia del 76.6% de las zonas urbanas. Asimismo, existen sesgos demográficos: los adultos mayores son en menor medida usuarios de internet, en un 34.7%; en tanto, sólo un 11% de las personas hablantes de una lengua indígena tienen computadora en sus hogares y de ellas 9.8% tiene internet.

Estos datos indican que si se confía única y exclusivamente en las plataformas en línea, un buen número de mexicanos quedaría descobijado del acceso a la información y las políticas públicas en medio de la pandemia. México debe enfrentar una doble batalla, la primera contra el coronavirus y la segunda, contra las disparidades de información entre la población.

En este contexto, el uso de medios tradicionales de comunicación como las radios comunitarias, perifoneo, rótulos, carteles, entre otros es fundamental ya que los gobiernos y sus equipos deben evitar caer en la falacia de que el internet “lo cura todo”. Incluso en la Ciudad de México, la entidad con mayor cobertura web del país, deben predominar campañas cercanas a la gente y no sólo digitales. De no ser así, una gran población se verá marginada y discriminada del acceso a la información y las políticas de bienestar.

Veamos, por ejemplo, el caso de la Alcaldía Tlalpan al sur de la Ciudad de México, una demarcación con un alto componente rural. Antes de la pandemia, estas comunidades rurales ya padecían altos grados de marginación, rezago social y brechas informativas. La crisis sanitaria acentuó aún más esa desigualdad. Si era complicado acceder a los beneficios de políticas públicas y programas sociales, la implementación de plataformas en línea complica más las oportunidades de acceso.

De acuerdo con los datos del intercensal del INEGI en 2015, en esta demarcación se cuenta con un 59% de acceso a internet, es decir, un 41% de los tlalpenses desconocen todavía lo que ocurre en el terreno digital. Por lo que las políticas de gobierno y los datos en materia de salud que no recurran a medios tradicionales de información u orientación personalizada (cara a cara, casa por casa) no llegarán a las zonas más alejadas de esta Alcaldía y favorecerán a un sector privilegiado.

Analicemos una suposición: la Sra., Margarita, una mujer indígena que vive en la comunidad rural de San Miguel Topilejo quiere ingresar al programa de apoyos económicos a personas mayores. Ella tiene que viajar una hora y media, pagar siete pesos y exponerse en una unidad con más de 50 pasajeros sin sana distancia para poder llegar a las oficinas en donde le informarán que el registro es por internet, o bien, que le falta algún documento.

La Sra., Margarita tendrá que regresar, viajar otra hora y media, pagar otros siete pesos, acudir a un café internet y buscar ayuda para poder completar su registro. Luego, al no tener respuesta, deberá volver, viajar otra hora y media, exponerse de nuevo, pagar otros siete pesos, sólo para enterarse que su registro nunca se completó porque no envió su información al correo electrónico correcto y que para entonces el cupo ya está lleno. Mientras Margarita viajaba, la Sra. Irene de la colonia Villa Coapa se enteró de la convocatoria en Facebook, llenó el formato, escaneó, envío sus documentos a través de su banda ancha de 30 megas en la comodidad de su sala y se convirtió en el último registro.

Este caso y otros reflejan la problemática que se expone en este artículo.

Los gobiernos mexicanos tienen mucho por hacer en materia del acceso a la información, el cual, recordemos, es un derecho humano plasmado en nuestra Constitución y diversos tratados internacionales. Promover ansiosamente campañas digitales y el uso exclusivo de medios electrónicos para el acceso a programas sociales no sólo vulnera un derecho humano de las personas afectadas, sino que también invisibiliza y margina aún más a los ya invisibles.

En medio de esta crisis sanitaria por el COVID-19, el deber de informar y proteger a toda la ciudadanía, incluye a aquellos que se han quedado atrás en la revolución digital como producto del rezago social y un equivocado enfoque de las políticas públicas y la distribución de la riqueza en México.

*Concejal de la alcaldía Tlalpan

Publicado en la edición #248 de revista Zócalo, octubre 2020.

2 de octubre de 2020