Manuel Tejeda Reyes*
Para mis excompañeros de la Unidad de Responsabilidades en Pemex y del Órgano Interno de Control en la SICT
En las elecciones de 2018, en un México cansado de la insultante corrupción pública sintetizada en la tristemente célebre “Casa Blanca de las Lomas”, se eligió presidente de la República a quien fue tres veces candidato al cargo, Andrés Manuel López Obrador. Creo que al menos en parte, eso se debió a la consistencia argumental del ahora presidente, quien en campaña no se cansó de afirmar que su gobierno, a diferencia de los anteriores, combatiría la corrupción, lo que finalmente terminó por hacer pasar a un segundo plano las posturas ideológicas del sector de votantes que en los 2 procesos electorales previos lo había considerado como un candidato no viable, y que finalmente le permitió convertirse en Presidente, ganando además a sus oponentes con una arrolladora ventaja.
Como parte de los cambios encaminados a combatir la corrupción, a principios de este sexenio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asumió la facultad de designar y coordinar a quienes se denominó como Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (TUAF), a quienes antaño se les conoció como Oficiales Mayores. Con esa medida se buscaba que los titulares de las Secretarías de Estado ya no pudieron designar a los encargados de administrar los recursos humanos y materiales de las distintas dependencias gubernamentales; además de que la propia SHCP concentró la atribución de realizar las compras gubernamentales, en un intento de centralizar administrativamente esa tarea y evitar actos de corrupción.
En un nuevo capítulo de esta historia, el 26 de abril del año en curso el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa que contiene un proyecto de decreto por medio del que somete a consideración del Poder Legislativo la reforma, adición y derogación de diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De la lectura del proyecto es posible advertir que traza, de manera general, tres directrices de cambios dentro de las facultades de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a saber: la facultad de nombrar y remover a los Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (TUAF); concentrar las contrataciones públicas gubernamentales y reducir, “al mínimo indispensable”, las estructuras de los Órganos Internos de Control (OIC).
En otras palabras, lo que se pretende con la iniciativa de reforma legal presentada por el presidente es trasladar la facultad que al principio de este gobierno se le confirió a la SHCP, para que la misma sea ejercida por la SFP, que tendría además la facultad de hacer los nombramientos de los encargados de ejercer el gasto corriente en las dependencias públicas, con lo cual esa atribución teóricamente seguirá sin estar en manos de los secretarios de Estado. Cabe agregar dos cuestiones importantes.
La iniciativa también establece que desde la SFP se designen a los TUAF en el sector paraestatal, lo que permitirá que en esa Secretaría se centralice el poder administrativo de la casi la totalidad de la administración pública federal (APF). El otro asunto relevante son las excepciones, pues acorde con lo que se ha puesto en práctica a lo largo de este sexenio, los cambios legislativos no van a ser aplicables en la Secretaría de la Defensa Nacional ni en la Secretaría de Marina.
Asociado a lo anterior, y siempre bajo el supuesto de que con las medidas legales descritas se van a evitar actos de corrupción, la iniciativa señala que desde la SFP se podrá nombrar y remover libremente a los TUAF y, lo más sorprendente, a dos niveles jerárquicos inferiores a ese cargo. Con esos cambios normativos, el titular de la SFP será el encargado de nombrar y también podrá remover a los responsables de realizar las contrataciones públicas y ello también ocurrirá respecto de los titulares de auditar e investigar las posibles irregularidades cometidas en los procedimientos de esas mismas compras, así como de sancionar las conductas ilegales que sean cometidas en esos procesos. Esta reforma, tal como está planteada, generará un diseño institucional defectuoso que, de aprobarse como se propuso por el Ejecutivo, sería un claro ejemplo de lo que constituye ser “Juez y parte”.
Una de las obligaciones legales que tienen quienes ocupan el cargo de titular de un OIC, entre otras diversas, es la de vigilar que los procedimientos de compras y contrataciones gubernamentales se efectúen conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y honradez. Ese papel, por su naturaleza, sirve para generar un contrapeso a las determinaciones tomadas por los responsables de las áreas de Recursos Materiales, Tecnologías de la Información y Servicios Generales, quienes se encargan de las adquisiciones en el sector público.
Con la propuesta de reforma presidencial, lo que se podría permitir es que tanto los TUAF como los Titulares de los OIC sean nombrados y puedan ser removidos por el titular de la SFP. Y como me dijo alguna vez un funcionario de la propia SFP, cuando aún no se presentaba esta propuesta de reforma legal: “En una disputa entre un TUAF y un titular de un OIC, siempre se va a imponer la jerarquía y por lo tanto siempre va perder el titular del OIC.”
No se necesita ser adivino para advertir que la propuesta de reforma que le permitiría al titular de la SFP nombrar y remover tanto a los servidores públicos encargados de administrar los recursos públicos, como a los responsables de auditar, investigar y sancionar las irregularidades de esa misma administración, corre el riesgo de transformarse en la llave que seguirá abriendo la puerta para que, con un modelo centralizado, la administración pública siga siendo presa del pillaje, los abusos y la corrupción. Si el objetivo es centralizar en una Secretaría de Estado las designaciones de los servidores públicos encargados de la administración de los recursos y de las compras y adquisiciones que con ellos se realicen, valdría la pena pensar si es conveniente que eso ocurra en la misma dependencia, donde también se realizan las auditorías y se investigan las presuntas irregularidades.
Ahora bien, una incógnita que deja la iniciativa es la de saber bajo qué perfiles de puesto la SFP va a crear un cuerpo profesional de servidores públicos especializados, que será el encargado de realizar las funciones de administración y contratación. Porque de la lectura de la exposición de motivos es posible advertir que el proyecto de reforma sólo plantea la libre designación en esos cargos, pero no hay nada sobre la aptitud de las personas que los ocuparán ni se abordan los mecanismos de elección.
En consecuencia, lo que se permite con la iniciativa es, una vez más, la libre designación de servidores públicos sin hacer alguna clase de referencia a los términos en los que será seleccionado el personal. Lo que se vislumbra con las propuestas de reforma a la ley es la concentración de poder en la SFP, la eliminación de su escasa capacidad de vigilancia y la anulación del contrapeso que implica en la actualidad el OIC, frente a la actuación de los sectores de la administración de los recursos en las dependencias gubernamentales.
En este sentido, la iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo ante la Cámara de Diputados prevé que los Órganos Internos de Control trabajen con “la estructura mínima indispensable” y se aglutinen por sector o por materia, lo que necesariamente abre la puerta para el recorte de plazas o bien la eliminación de los OIC en algunas dependencias, sin que se precisen los criterios de supresión. En este sexenio el argumento de la austeridad ha resultado bueno para casi cualquier cosa, e incluso se puede esgrimir cuando el objetivo final es reducir “al mínimo indispensable” la estructura de las áreas encargadas de la auditoría interna; de la mejora de la gestión pública; de las quejas, denuncias e investigaciones y de la imposición de sanciones administrativas. Es decir, de la estructura encargada de luchar contra la corrupción. Quizá ello obedezca a que, desde la óptica del Ejecutivo, ya se acabó con ese problema, pero me parece que desde la visión cotidiana eso dista mucho de ser verdad.
La iniciativa de reforma no toma en consideración que un OIC encargado de auditar, investigar y sancionar a los servidores públicos de diversas dependencias, necesariamente requiere de más personal para cubrir con los términos de los diversos registros de expedientes y con las variadas obligaciones legales que se deben observar. Sin embargo, la propuesta de reforma se dirige a dotar de más responsabilidades “al mínimo indispensable” de personal de los OIC. Insisto en que no soy adivino, pero si se concreta ese cambio legislativo lo único que se va a generar es incapacidad para dar cumplimiento a los procesos internos y una inadecuada atención a la ciudadanía.
Lo que concretamente se presenta en la iniciativa del Presidente López Obrador, es la concentración de poder en la SFP; la centralización de las compras gubernamentales en la misma dependencia pública encargada de auditar e investigar las irregularidades administrativas y la reducción de la estructura encargada del control interno. Tres cambios que en los hechos van a aminorar los equilibrios administrativos y pondrán en manos de un sólo servidor público la administración de los recursos gubernamentales, con el agravante de que es el mismo que se encarga de la vigilancia de su legal destino.
Como ya ha sucedido con otros temas, el envío de la iniciativa de reforma administrativa que se comenta debería dar lugar a una amplia discusión pública, para advertir sobre sus implicaciones y las posibles alternativas. El Congreso estaría obligado a emprender el debate que permita analizarla, compararla y proponer mejoras. Lamentablemente México está altamente polarizado, cualquier postura política ideologizada y hay una patente imposibilidad de los actores políticos para llegar a acuerdos en los temas fundamentales para el país, lo que obligaría a buscar canales alternativos de discusión y debate, máxime que desde mi perspectiva la temática lo amerita.
*Abogado y analista político
