Gerardo Israel Montes*
El debate desarrollado durante noviembre acerca de la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia electoral, remitida a la Cámara de Diputados el 28 de abril, desató campañas opositoras desinformando acerca de su contenido real, y sobredimensionando la supuesta desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con una actitud polarizante impregnada de odio dirigido en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, los opositores hacen gala de su desmemoria y falta de congruencia con críticas que ellos mismos hicieron en el pasado, cuando cuestionaron al sistema electoral que ahora “defienden”, particularmente la parcialidad del Consejo General, planteando incluso la renovación total de esa instancia por estar alineada al poder político.
La disputa política y electoral de la oposición disfrazada de defensa a la democracia, se centró en la mentira sobre la supuesta desaparición del INE. Versión difundida a pesar de que el órgano electoral ya ha experimentado una transformación cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) se transformó en Instituto Nacional Electoral. En la propuesta presidencial se sugiere cambiar (que no desaparecer) al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), como autoridad electoral única en el país, que absorbería las facultades de los organismos públicos locales, entre ellas la organización de la totalidad de los procesos electorales a nivel nacional, estatal y municipal.
Más que defender al INE, el objetivo de los grupos opositores busca afectar la imagen del presidente de la República y dañar electoralmente a su partido, defendiendo a ultranza al instituto electoral y su supuesta autonomía, olvidando que antaño ese órgano ha sido severamente cuestionado por su parcialidad y supeditación al poder político emanado del PRI y el PAN.
Antes, durante y después de la marcha del 13 de noviembre en la Ciudad de México (y en otras 45 ciudades del país), cuyo propósito fue manifestarse en contra de la reforma electoral de López Obrador, destacó la desmemoria voluntaria, las contradicciones y la desvergüenza de varios personajes públicos quienes hace apenas algunos años fueron severos críticos de los integrantes del Consejo General, pero que ahora como opositores a la 4T, elevan la voz de la hipocresía para exclamar: “El INE no se toca”.
Entre esos hombres y mujeres llenos de contradicción están Emilio Álvarez Icaza –fundador de esa organización o secta llamada “Ahora”, que previo a las elecciones de 2018 criticó acérrimamente a los partidos políticos, pero terminó dando su respaldo al panista Ricardo Anaya.
El también integrante de esta organización y exconsejero electoral Alfredo Figueroa Fernández –quien ocupó dicho cargo gracias al respaldo de Guadalupe Acosta Naranjo, quien en 2008 era uno de los líderes del PRD, quien devino en personaje servil a las órdenes de Felipe Calderón. Además, Denise Dresser y Sergio Aguayo, quienes finalmente se vieron obligados a quitarse la máscara y mostrarse como son: intelectuales orgánicos pertenecientes a la derecha, el conservadurismo y la élite mexicana.
Apenas en 2017, todos estos personajes –junto con el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas– demandaban que el órgano electoral se renovara totalmente. Es decir, que entonces para ellos, el INE “sí se podía tocar”.
En julio de ese año, en el contexto del proceso electoral de 2018, la organización “Ahora” emitió un pronunciamiento para dar cuenta que durante 2017 desde la Presidencia de la República encabezada por Enrique Peña Nieto, y desde los gobiernos de Coahuila, Nayarit y el Estado de México, en donde se habían celebrado elecciones, se realizaron prácticas para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que contaron con la complicidad de las y los consejeros electorales.
En el caso del Estado de México, “Ahora” había documentado “el modus operandi de la corrupción política”, derivada del “uso de recursos de procedencia ilícita”, por lo que promovió una denuncia ante el INE, considerando que “como nunca, la autoridad electoral cuenta con las facultades necesarias para entrar a fondo y fiscalizar los recursos empleados para la competencia política”. Sin embargo, el INE, que en aquel entonces tenía una mayoría de consejeros y consejeras electorales puestos por el PRI y el PAN, determinó la improcedencia de la denuncia impulsada por la organización de Álvarez Icaza.
Luego de cuestionar las razones por las que el INE desechó su queja, “Ahora” criticó también el hecho de que la mayoría de las y los consejeros electorales hubieran validado las omisiones cometidas por la Unidad Técnica de Fiscalización, entre las que estuvieron:
La tardanza de 30 días en la admisión de la queja; no citar a declarar a las empresas que aparecían en la denuncia, como sucedió con la española OHL; no investigar el destino de los recursos públicos derivado de las “transferencias ilegales” desde el gobierno federal al gobierno del Estado de México. Además, la omisión al no exigir al gobierno que encabezaba Eruviel Ávila de proporcionar la información que hubiera permitido vincular el padrón de beneficiarios de programas sociales con las tarjetas de débito Banorte reveladas en la denuncia, una de las cuales se empleaba para pago de operadores del PRI y que “la autoridad pudo demostrar que se trataba de recursos públicos del programa “Mujeres que Logran en Grande” (…) Se acreditó que cerca de 9 mil representantes de casilla formaban parte del padrón de beneficiarios, de ellos, 67 por ciento fungieron como representantes de casilla de Alfredo del Mazo”.
Ante tal negligencia, los integrantes de la organización “Ahora” destacaron que la mayoría de los integrantes del Consejo General del INE –encabezado ya por el simulador defensor de la democracia, Lorenzo Córdova– se negaron a realizar al menos una investigación al considerar como “irrelevante” su queja, la cual reveló “que lo más grave del proceso de restauración autoritaria no sólo son las prácticas fraudulentas de Peña y el PRI, sino las omisiones y la complicidad que permite la impunidad dentro de las Instituciones Electorales, como son los OPLES, el INE y el propio Tribunal Electoral”.
En su pronunciamiento de 2017, “Ahora” rememoró lo ocurrido en 1988, cuando las elecciones celebradas en aquel año mostraron, quizá, las “millones de boletas que no se contaron y los miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto por no estar en el padrón electoral”, una comparación con las elecciones de los últimos años que se han caracterizado por el desvío de “miles de millones de dinero público, sin consecuencias de carácter electoral (…) En 2018 se cumplirán 30 años del fraude electoral de 1988 y estamos frente a una de las crisis más importantes de institucionalidad de la que tengamos memoria”, alegaba la iniciativa de “Ahora”, aduciendo que se estaba frente a un INE incapaz de frenar las múltiples irregularidades y que las autoridades electorales que las consejeras y consejeros eligieron para los estados (es decir, los OPLES, los órganos electorales locales), estaban al servicio de gobernadores; por lo que prevalecían “autoridades indispuestas a enfrentar al presidente y su gabinete vuelto maquinaria electoral”.
“El elemento común entre las elecciones del 88 y las de este año (2018), es una autoridad que, por subordinación, complicidad e incapacidad, no ofrece, y mucho menos garantiza las condiciones democráticas por las que hemos pugnado(…)”.
Por todo lo anterior, en 2017 “Ahora” exigió la renuncia de los integrantes del INE a fin de dar lugar a una nueva conformación del órgano electoral, “con personas que generen y recuperen la confianza, garantizando la celebración de elecciones libres y equitativas”.
Para respaldar este pronunciamiento, el 18 de julio de 2017 integrantes de “Ahora”, acompañados de miembros del círculo rojo conservador que entonces se hacían pasar como progresistas y democráticos, ofrecieron una conferencia de prensa para reiterar su exigencia de renuncia de los consejeros electorales. En aquella ocasión Denise Dresser sostuvo, entre otras cuestiones, que el INE le había dado “una bofetada a los ciudadanos y una patada a la democracia”, al tiempo de añadir que: “El precedente que el INE acaba de marcar es un golpe brutal para el proceso electoral de ahora en adelante. El PRI se robó la joya de la corona (al INE), y ahora las elecciones serán al estilo Atlacomulco”.
Por su parte, Alfredo Figueroa se refirió al grave descrédito del INE, debido a que “nunca en la historia de México, una institución electoral había tenido tantas atribuciones como ahora y nos enteramos que más de mil 700 millones de pesos circularon en las campañas de 2016: desviaciones de recursos públicos de gobiernos estatales en favor del PRI”. Mientras que Sergio Aguayo aseveró que no existían las condiciones “para una elección limpia y confiable en 2018 y tiene que haber una profunda renovación en el INE”.
Afortunadamente, en 2018, la masiva votación de aquel año evitó cualquier tipo de fraude y que los entonces consejeros electorales, puestos por el PRI, PAN y PRD, pudieran operar para ensuciar la elección, como alertaban los intelectuales orgánicos citados, quienes, cinco años después, defienden a la institución electoral y a varios de los consejeros y consejeras electorales que aún prevalecen y a los que acusaron de dañar a la democracia.
En un viraje marcado por la fobia hacia a AMLO, estos intelectuales orgánicos ya olvidaron su preocupación de que el órgano electoral no garantizaba elecciones limpias y confiables, y ahora argumenta que el INE cuenta bien los votos a través de los ciudadanos, contradiciéndose con lo que sostuvieron en 2017 de que, por ejemplo en el Estado de México: “Se acreditó que cerca de 9 mil representantes de casilla formaban parte del padrón de beneficiarios, de ellos, 67 por ciento fungieron como representantes de casilla de Alfredo del Mazo”.
En un acto de expiación y contrición de lo blasfemado en 2017, el pasado 14 de noviembre Denise Dresser publicó un artículo en el periódico Reforma titulado “Yo, conservadora” (que bien pudo llamarse “Yo, la incongruente”) en donde renegó del apoyo que dio a la denuncia de “Ahora” y a lo que escribió en 2017 en un artículo “demoledor sobre el INE” llamado “Copa rota”, en el cual expuso los vicios y omisiones del órgano electoral, su partidización, sus carencias en fiscalización y su exigencia para que Lorenzo Córdova renunciara.
Pero arrepentida de las reflexiones que vertió entonces (aunque seguramente su odio hacia AMLO pesó más para cambiar sus “convicciones”, con lo que se evidenció su impostura de mujer democrática), se justificó al referir que su crítica en aquella coyuntura fue demasiada impaciente, demasiado estridente. Cargué sobre el INE culpas y responsabilidades que no le correspondían (o sea que, ahora resulta, no era responsabilidad del órgano electoral fiscalizar de manera correcta el dinero ilícito que se denunció fue utilizado en la elección del Estado de México).
En las maromas justificatorias de la politóloga, destacó su argumento de que minimizó la mala actuación de los partidos y sus esfuerzos por controlar a la institución que lo multaba. Es decir, pasó de sostener que el INE estaba subordinado al PRI para señalar que las y los consejeros electorales estuvieron fuertemente presionados y agobiados por el gobierno de Peña Nieto.
Burdo argumento de la columnista de Reforma, al que acompañó de otra incongruencia cuando sostuvo: “Sí deseo conservar la posibilidad de un INE capaz de garantizar la imparcialidad en todo el proceso electoral”, comentario lleno de contrasentido con la denuncia de “Ahora” que ella respaldó en 2017, respecto a su acusación de que durante las elecciones del Estado de México celebradas aquel año, “lo más grave del proceso de restauración autoritaria no sólo son las prácticas fraudulentas de Peña y el PRI, sino las omisiones y la complicidad que permite la impunidad dentro de las Instituciones Electorales, como son los OPLES, el INE y el propio Tribunal Electoral”.
En su artículo del 14 de noviembre, Dresser ensalza la manifestación del 13 de noviembre por la supuesta defensa del INE, como un acto divino que le abrió los ojos y la mente: “El domingo pasado que marché, rodeada de ciudadanos variopintos, tanto de derecha como de izquierda, comprendí la dimensión de la transición mexicana y la magnitud de lo logrado”.
Cuando lo peor durante la marcha por la supuesta “defensa del INE” fue que los doctos del círculo rojo conservador marcharon hermanados y al unísono con personajes políticos del PRI (partido al que el INE estaba subordinado en 2017, según la denuncia de “Ahora”) que son conocidos por su desprecio a la democracia y por los fraudes electorales que cometieron en el pasado y a los que por muchos años se ha combatido y denunciado, entre ellos Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo.
De esta última, Arturo Cano escribió puntualmente en su crónica publicada el 14 de noviembre en La Jornada: La aliada de Marcelo Ebrard vino a la marcha por convicción. La víspera pidió no olvidar las vidas que se perdieron para construir el INE (…) El odio a la 4T alimenta la desmemoria. Elba Esther aludió a vidas truncadas y sacrificios que nos dotaron de una impoluta institución. ¿Se refería a las vidas de los más de 500 perredistas asesinados durante el gobierno de Carlos Salinas? ¿Hablaba de la huelga de hambre de Luis H. Álvarez contra el fraude patriótico (Chihuahua, 1986) que ella misma operó?
Cano aportó otra reflexión importante derivada de la marcha de la simulada defensa del INE: “El odio al Peje limpia los pecados del mundo. Marchamos en defensa de la democracia. Y nada dice de nosotros que a nuestro lado marchen los autores de fraudes, los compradores de votos, los tramposos. Parar al dictador bien vale la vuelta al poder de los que siempre despreciaron la democracia”.
Pero para la politóloga conservadora Denisse Dresser (al igual que Álvarez Icaza, Figueroa y Aguayo) la presencia de este tipo de personajes que aborrecen la democracia no mereció una reflexión aguda o un deslinde de ellos, imposible cuando ahora son sus hermanos y hermanas de lucha, no por la democracia, sino en contra del “dictador” de López Obrador.
Para rematar, en su artículo del 14 de noviembre publicado por Reforma, Dresser señaló que: “Al escuchar el discurso de Woldenberg (quien fue el único orador durante la marcha del 13 de noviembre) aprecié la importancia de defender lo conquistado”. Idea ambigua en tratándose de José Woldenberg, que bien se puede interpretar que cuando aboga a no perder “lo conquistado”, subrepticiamente se refiere a no perder los privilegios que detenta su grupo, entre los que se encuentran Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, entre otros, y que se conoce como los woldies, que se han apoderado de amplias áreas del INE y que consideran que el órgano electoral es su exclusivo coto de poder, porque se creen que son los únicos que poseen el conocimiento y la sabiduría de todo lo que concierne a la democracia.
Paralelamente, habría que aceptar la incongruencia presente en algunas de las modificaciones que contiene la propuesta electoral del gobierno federal. La principal de ellas es el retroceso que ocurriría con el modelo de comunicación política que se instauró tras la reforma electoral constitucional y legal de 2007-2008, que garantizó el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación de forma gratuita a través de los tiempos del Estado.
Sin justificación ni motivo alguno la propuesta del presidente de la República pretende reducir de 48 minutos diarios que están a disposición del órgano electoral para destinarlos a los partidos políticos y candidatos “a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral” distribuyéndolos “en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión”, a sólo “treinta minutos diarios, que serán distribuidos en al menos uno por cada hora de transmisión” en cada emisora de radiodifusión.
Por cierto, esta grave regresión al modelo de comunicación política que afectaría la exposición mediática de las propuestas y planteamientos de los partidos políticos y sus candidatos –con la consecuente afectación al sistema democrático– no ha sido asumida como una bandera de lucha ni por los partidos políticos, ni los intelectuales orgánicos ni la supuesta sociedad civil que son opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La realidad es que el guiño que se hace desde la iniciativa presidencial a los concesionarios de la radio y la televisión también ha sido adoptado de forma tácita por la oposición, a fin de no enemistarse con los dueños de los consorcios mediáticos y evitar poner en riesgo espacios de cobertura informativa.
Así que, la marcha por la supuesta defensa del INE, realmente se utilizó para combatir política y electoralmente a López Obrador y a su partido político, además de proteger y buscar conservar los privilegios de parcelas de poder que ostentan los grupos del círculo rojo conservador que se han enquistado desde hace años en los órganos electorales.
*Periodista y analista
@GerardoIMontes
