Rodrígo Ávila*
El lopezobradorismo pasó la prueba. Las pasadas elecciones del 6 de junio serán recordadas como una de las más limpias y libres en la historia nacional. Curiosamente, resalta que en este resultado poco tuvieron que ver el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Durante meses vimos la crítica constante al Presidente de la República por su compromiso expreso de que hubiera limpieza electoral. Se dijo que era una intervención indebida. Se criticó que desde la mañanera se hicieran denuncias como el uso ilícito de tarjetas para comprar el voto. Se vio con malos ojos que AMLO recurriera a la figura de Madero para dejar claro su compromiso por la democracia.
Todos estos elementos fueron usados por comentaristas políticos, líderes partidistas y los propios consejeros del INE para prefigurar por adelantado el discurso del fraude electoral.
Una y otra vez se distribuyeron por Whatsapp mensajes alertando sobre el advenimiento de la “dictadura”, presagiando que las del 6 de junio serían las últimas elecciones libres en México… y, sin embargo, lo que vimos la noche del día de la elección fueron anuncios adelantados de victorias que al paso del tiempo se diluyeron o se concretaron. Cada actor aceptó los resultados. Las impugnaciones fueron pocas. La “dictadura” tan ansiada por la derecha no llegó. Tampoco llegó la gran derrota de Morena que logró afianzar su presencia territorial ganando 11 de 15 gubernaturas en disputa y la mayoría en la Cámara de Diputados.
Vimos una etapa poselectoral intensa con una coalición de derecha empeñada en cantar un revés a Morena que no existió. El propio senador panista Gustavo Madero lo reconoció en su texto del 9 de junio publicado en El Heraldo de Chihuahua: “Es un autoengaño afirmar que le quitamos la mayoría calificada a AMLO para impedirle modificar la Constitución. La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada”.
Ante el triunfalismo mediático de la coalición PRI-PAN-PRD, el análisis de Madero es demoledor: “Aunque nos duela reconocerlo, Morena y sus aliados seguirán aprobando el presupuesto, todas las iniciativas y cambios legales que quieran, con sus propios votos (igual que ahora); y podrán modificar la Constitución y los nombramientos si convencen a unos cuantos legisladores del PRI o MC (igual que ahora)”.
El balance final desde el punto de vista de los resultados es el de una derrota histórica de la derecha: perdieron gubernaturas y no lograron la mayoría en la Cámara de Diputados. Desde el punto de vista político, aunque mantengan una intensa campaña para ocultarlo, también sufrieron una derrota mayúscula.
Se acabó con el mito de que la izquierda sólo gana elecciones al sur del país, pues se obtuvieron triunfos de Morena en zonas tradicionalmente dominadas por PRI y PAN: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas son ejemplos de esta inédita implantación progresista en el norte del país que es necesario aquilatar y analizar.
Otra derrota política para la derecha es que no sólo no llegó la dictadura, tampoco se operaron actividades fraudulentas desde la presidencia de la república. El triunfo fue claro, sin lugar a dudas, a pesar de la tinta y el tiempo al aire invertidos para construir un imaginario de crisis.
La democracia llegó a México a pesar del INE, cuyos consejeros dedicaron más tiempo en los medios a construir el mito del populismo a vencer que a promover y organizar la elección. Nunca, ni en los días más oscuros de los procesos electorales, los actuales Consejeros del INE alertaron tanto sobre los riesgos de la democracia mexicana y nunca como hoy se equivocaron tanto.
En este aspecto, el INE es uno de los derrotados de la contienda electoral. Su actuación exhibió una evidente parcialidad que lesiona la credibilidad del Instituto, de su Presidente y de los Consejeros con más tiempo en funciones.
De ahí que se desprenda la necesidad de impulsar una reforma que replanteé el método de selección de sus integrantes. La forma como se integra el Consejo General del INE facilita que este órgano, pretendidamente autónomo, sea una mezcla de cuotas partidistas en donde se colocan representantes no de la ciudadanía, si no de grupos de interés.
El INE debe dejar de ser un espacio para el corporativismo fifí implementado en la época neoliberal para convertirse en un auténtico órgano ciudadano que garantice transparencia e imparcialidad en los procesos electorales.
Por otra parte, si uno de los ejes programáticos del gobierno del presidente López Obrador es separar el poder económico del poder político, sería pertinente analizar la posibilidad de eliminar el financiamiento privado a los partidos políticos. De esta forma se eliminaría el riesgo de que representantes populares y gobernantes asuman el cargo con una cartera de compromisos con grupos de interés privado.
Eliminar el financiamiento privado a partidos no va en contra de la política de austeridad. Al contrario, procesos electorales austeros sin financiamiento privado, significaría el retorno a la esencia de la política que es el contraste de ideas, cosa que difícilmente se da repartiendo productos utilitarios o alquilando instalaciones lujosas para eventos de campaña.
Para complementar el análisis del pasado proceso electoral y su inédito carácter democrático es indispensable tomar en cuenta dos factores: el hecho de que las actividades de defraudación electoral ya son consideradas delito grave y por lo tanto ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que sin duda inhibió el vicio del mapacheo y facilitó la intervención de las autoridades el día de la elección.
Y, por otro lado, el papel de los nuevos derechos sociales en la construcción de ciudadanía. La pensión para personas adultas mayores y las diversas becas para la juventud al ser universales y tener carácter de derecho impidieron, por una parte que haya presiones indebidas para orientar el voto y, por otra parte, lograron minimizar las acciones de quienes son afectos a aprovechar las necesidades de las personas para comprar la voluntad popular.
No es un dato menor que la anterior elección fue la primera en la que muchas personas mayores acudieron de forma libre a las urnas y que muchos jóvenes estrenaron su ciudadanía sin enfrentarse a la posibilidad de vender sus convicciones políticas debido a la pobreza.
Sin embargo, el capítulo del 6 de junio es sólo el primero de la nueva democracia mexicana. El próximo 1 de agosto el pueblo acudirá de nuevo a las urnas para decidir sobre el juicio a los expresidentes con lo que el país podrá saldar cuentas con los abusos del pasado y avanzar al futuro sin rencores ni impunidad y en marzo de 2022 se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato al Presidente que será un hecho sin precedentes.
Ambas consultas hay que verlas sin el apasionamiento de la coyuntura pues no sólo es el futuro de los ex presidentes y del actual mandatario, es la inauguración efectiva de formas de democracia participativa y la normalización de la evaluación al Presidente, así como el fin a la impunidad.
Ambos ejercicios, hay que subrayarlo, se dan a pesar del INE y con la fuerza del voto ciudadano de 2018 y el refrendo del pasado 6 de junio. Este es el panorama de la nueva democracia mexicana que llega a pasar de los órganos encargados de garantizarla.
