Tanius Karam*
En México se conmemora el “Día de la Libertad de Expresión”, el 7 de junio, celebración realizada por primera vez en 1951, que con el tiempo generó cierta indignación en contra del gobierno autoritario, que quiso arroparse como el “promotor” de ese derecho universal que tantas veces violentó. Parte de las estrategias de relación prensa-gobierno, fue la práctica de que el Presidente, entregara el Premio Nacional de Periodismo que comenzó a darse en 1976, escogiendo el 7 de junio para entregarlo. Un cuarto de siglo después, en 2001 se determinó “ciudadanizar2 ese premio, el Presidente ya no lo entregaría sino un comité de pares, quitándole la percepción de que el mismo fuera dádiva o prebenda gubernamental, en cambio ver esa entrega como estímulo a lo mejor del periodismo en este país.
El pasado 7 de junio, Canal 22 incluyó en su barra estelar nocturna la transmisión del documental No se mata la verdad (Témoris Grecko / México / 2018 / 105 min). Una buena manera para que la televisión pública conmemorara ese día. Si bien hay una creciente producción de documentales con diversos festivales, no abundan aquellos que aborden violaciones a la prensa o el estado de la libertad de expresión. El documental de Grecko es impactante: repasa caso a caso, el asesinato y desaparición de periodistas en los últimos años sobre todo durante la época de Peña Nieto. En el material podemos reconocer voces y rostros de familiares y amigos de los periodistas asesinados. Es imposible no sentir indagación, tremenda impotencia ante un Estado que no solo ha sido incapaz, sino insensible, omiso cuando no cómplice.
¿Cuántos periodistas hay en México?
De acuerdo con el INEGI (comunicado de prensa, 1° de mayo de 2020) en México laboran más o menos 44 mil periodistas y locutores de los cuales aproximadamente 70% son hombres y 30% son mujeres. Tomando en cuenta la edición 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 60% de esos comunicadores son menores de 50 años. El 84% tiene contrato escrito que lo relaciona con una empresa. El 66% tiene prestaciones. Casi el 80% de los trabajadores están en el rubro de trabajadores remunerados, mientras que el resto lo hace por su cuenta, son empleadores o bien trabajadores sin pago. En cuanto a la escolaridad de los comunicadores 77% tiene nivel superior, y 23% educación media superior o básica.
¿Cuánto gana un periodista en México?
Uno de los aspectos más evidentes para identificar qué tan precario puede ser el ejercicio periodístico, es el tema de los salarios. De acuerdo con datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo del año pasado la mayoría de la población se encuentra entre los 7 y 15 mil pesos al mes.
Según el sitio mx.talent.com, tras un estudio en 55 casos llegó a la conclusión que el salario promedio es de $89,400 al año, es decir, $7,450 al mes. Hay algunos casos de niveles iniciales con salarios de $60,000 al año ($5,000 al mes) y en profesionales más experimentados puede alcanzar $232,320 al año ($19,360 al mes). Por su parte el sitio GLASSDOOR, dice que el promedio general que obtuvo de revisar 40 casos es un poco más alto al anterior y lo ubica como promedio en $10,615. GLASSDOOR ubica algunos casos de medios masivos y presuntamente un periodista en Notimex podría ganar hasta un tope de 16,000 a 20,000 pesos.
En cuestiones salariales cabe también establecer muchas diferencias en el gremio, ya que si bien nos referimos al periodista promedio de una redacción, claramente existe una “prensa dorada” o “de elite” que ha operado con otros códigos y vive de los beneficios de un periodismo plegado a las necesidades del poder, como lo son: Gómez Leyva, Loret de Mola, López-Dóriga. La sola referencia a estos y otros nombres implica discutir el sentido y lógica de esas diferencias en una serie de periodistas frecuentemente hombres, blancos, urbanos muy posicionados en medios nacionales y con fuertes redes de influencia entre partidos políticos y empresarios. Una diferencia radical y absoluta de periodistas locales que en ocasiones hacen esfuerzos aislados y tienen a una serie de poderes locales en contra de ellos.
¿Qué tanto se confía en el periodista, la prensa y los medios en México?
Componente que pueda explicar la relativa indiferencia de algunos sectores sociales respecto al trabajo de los periodistas, es la desconfianza creciente hacia la prensa y el gremio. La desconfianza es un elemento fundamental para la falta de credibilidad que va teniendo la misma democracia, como lo demuestra el estudio de Latinobarómetro 2020 —que como recordamos es una corporación latinoamericana con sede en Chile que investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto—, señala que solo el 38% de los mexicanos está a favor de la democracia.
En la III Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad de la asociación MCCI y el diario Reforma, preguntaron a la población qué tanta corrupción hay en las instituciones y los “medios de comunicación” aparecen en la 9ª de 20 posiciones (donde el primer lugar se lo llevan los partidos políticos y el mejor la Marina). A la pregunta expresa ¿cuánta corrupción cree que hay en los medios, 40% dijo “mucha”; 33% “algo”; 18% “poca”; y 4% “nada” de corrupción. Algo parecido sucede con otra encuesta, realizada en vivienda por la consultora “Mitofsky”, en donde de 19 instituciones señaladas, la radio obtiene 7.2% (de 10); los “medios” en general 7.1%; “canales de televisión» 6.7%, en las posiciones 6, 8, y 12 respectivamente de 19 instituciones.
¿Qué quiere decir que el trabajo de periodista es precario?
Puede decirse que el trabajo de los periodistas se da en un entorno de precariedad. El concepto demanda alguna mención adicional y ubicarlo dentro del marco del neoliberalismo y del postfordismo, han agudizado la volatilidad e inseguridad del trabajo como derecho ante el desmantelamiento del Estado del bienestar. Es cierto que la problemática laboral es transversal y no es algo exclusivo del periodista, pero en su conjunto hoy día el trabajo se caracteriza por la vulnerabilidad, la dificultad sobre todo de los jóvenes para insertarse al mercado y otros fenómenos.
En ese sentido, la precariedad se entiende como falta de protección social, baja remuneración, donde por ejemplo, una mano de obra considerada como privilegiada en el capitalismo industrial, que son los jóvenes, ahora es desechada. La precariedad no es solamente un ajuste del perverso mercado del trabajo sino un mecanismo del ciclo disciplinario del postfordismo que se extienden al centro de la vida social y generan también “ciudadanías precarias” que son más vulnerables, más fácilmente cooptables por el crimen organizado que en algunas zonas del país hace las veces de ese Estado ausente.
La incertidumbre se instala en el centro de la vida social y laboral de los periodistas, que en este gremio adquiere elementos adicionales de dramatismo cuando se teme alguna agresión producto de la información publicada, de las cuales las más extremas son el asesinato, la persecución, el acoso o la desaparición de las que han sido objeto varias decenas de periodistas.
Si bien existe un “Mecanismo de Protección para Periodistas” operado por SEGOB, los mismos periodistas han denunciado su falta de eficiencia. Algunos periodistas acogidos por el mecanismo han sido asesinados, como fueron los casos de Rubén Espinosa y Nadia Vera, quienes estaban en una casa de seguridad en una colonia de clase media en la Ciudad de México, pero aún ahí el brazo del crimen organizado llegó para ultimarlos en julio de 2015.
Por ejemplo, la periodista tijuanense Lourdes Maldonado, antes de ser asesinada había ganado un juicio contra al exgobernador Jaime Bonilla por despido injustificado y falta de pagos de nómina que pudo haber operado en su contra. También está el caso Roberto Toledo a quien incluso se le decía que no era periodista porque como su sueldo era muy bajo, trabajaba aparte en un despacho de abogados donde también ejercía otro tipo de tareas.
¿Cuántos periodistas han sido asesinados?, ¿qué cambio ha habido en el actual sexenio?
Al menos 150 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 en México, 38 de ellos bajo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició su mandato en diciembre de 2018. La mayoría de los casos continúan impunes.
López Obrador ha tenido su particular modo de relación con la prensa, en la que ha opuesto claramente una diferencia entre medios, influencers, opinadores y periodistas a favor y en contra de sus mañaneras, sus dichos y su persona. El propio Presidente ha intentado sustituir la labor de la prensa, a partir de él mismo erigirse en “agencia de información” de sí mismo. Si bien es cierto que hay periodistas como el citado Loret de Mola que cifran el sentido de su actividad en volcarse unívocamente contra AMLO, lo que justifica la defensa del mandatario, dista del común denominador de esos periodistas que sin distingos critica, como el caso —sobre el que ya hemos escrito en Zócalo anteriormente— de la periodista Carmen Aristegui quien al margen de deslices editoriales o cierta inequidad en el manejo de sus fuentes en algunos temas, resulta exagerado acusarla y estigmatizarla como lo ha hecho el Presidente insistentemente.
Respecto a la lamentable estadística de periodistas asesinados de acuerdo con “Artículo 19” desde el año 2000 se han asesinado más de 150 periodistas: 22 durante el sexenio de Fox; 48 durante Calderón; 47 durante el priista Peña Nieto y 35 en lo que va del sexenio, de los cuales 11 han ocurrido este año. Si se toman los poco más de 40 meses que lleva el actual gobierno sobrepasa por mucho las estadísticas de violencia. Al margen de la numeralia que a la oposición política de AMLO le encanta argüir para atacar al tabasqueño, el problema es sistémico y no es un tema de números como si fuera un cruento partido de fútbol, sino que estructuralmente hay condiciones que reproducen esa violencia. Por ejemplo, más de la mitad de las agresiones contra periodistas se han concentrado en el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca, Veracruz. Generalmente son comunicadores de poblaciones medias, que trabajan en medios locales, a veces bajo gubernaturas sumamente cuestionadas como fue el caso de Javier Duarte en Veracruz. Y la respuesta del Estado ante esta situación ha sido decepcionante por el muy bajo porcentaje de sentencias. De con el informe Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas de SEGOB, en octubre del año pasado, el gobierno dijo que se habían dictado sentencia solo en cinco casos, es decir, casi el 10%.
Los más recientes homicidios de periodistas, ocurrieron el 9 de mayo 2022 cuando fueron asesinadas Yesenia Mollinedo directora del portal El Veraz, y la reportera Sheila Johana García en el municipio de Cosoleacaque, al sur de Veracruz. Como en otros casos, la primea reacción del poder local fue estigmatizar a las comunicadoras y criminalizarlas. Cuatro días antes había sido asesinado el periodista cultural y político Luis Enrique Ramírez director del portal Fuentes Fidedignas de Sinaloa y columnista en el importante diario local El Debate.
Con frecuencia hemos citado las palabras del maestro Granados Chapa quien decía que los medios, la prensa, son un reflejo del tipo de sociedad que se tiene. Sin duda la agresión contra los comunicadores es un poderoso signo del estado que guarda la relación prensa-sociedad-gobierno, y un ejemplo más de lo difundido respecto a la particular situación del poder judicial, anquilosado, enquistado y casi completamente disfuncional que juega en contra y como un factor que reproduce las condiciones de inseguridad de los comunicadores.
¿Qué retos inmediatos se tiene ante la violencia contra periodistas?
La CNDH ha dicho que debe aplicarse una política integral de protección a periodistas más allá del mecanismo de protección existente, que cuenta con un botón de pánico, patrullaje y vigilancia a sus beneficiarios. Si se tiene identificado que algunas de las variables explicativas más importantes son el crimen organizado, la dupla corrupción-impunidad y la falta de una cultura que redimensione la importancia del periodismo, dicha política tiene que integrar esas variables. Este riesgo es particularmente importante no en las grandes ciudades o capitales de estado, sino en ciudades más distantes, por lo que en esta concepción los estados, sobre todo los arriba mencionados, deberían asumir un protagonismo particular, porque algo dice de los poderes fácticos y el fracaso de la política formal en ellos.
Otro reto fundamental es luchar contra la normalización de la violencia contra los comunicadores. Ello supone la difícil tarea de reivindicar el valor de la información pública en la sociedad y de las implicaciones del ejercicio de la libertad de expresión. En lo general los medios de información han ido cayendo en su credibilidad y confianza con relación a los ciudadanos. Muchos de los casos donde los periodistas han sido asesinados son de medios locales, regionales y a veces independientes, donde algunos comunicadores asumen la valiente tarea de informar sobre la violencia en sus estados.
Finalmente, no está de más asumir una agenda de sensibilización respecto a lo que es el periodismo informado, de investigación y también el periodismo ciudadano. Resulta difícil que las grandes industrias audiovisuales o de prensa modifiquen sus prácticas de relación con las audiencias, que aparecen como otra área de oportunidad en la sensibilización del derecho a la información como parte de la vida y calidad democrática. Los atentados en contra de los periodistas exhiben un rasgo del México contemporáneo, que refleja uno de los rostros más crudos contra la población, que es inhibir su libertad de expresión la cual tiene como correlato las carencias del sistema de procuración de justicia y el necro-empoderamiento de quienes reaccionan con fuerza ante cualquier tipo de denuncia, que en este caso, realizan heroicamente algunos periodistas sobre todo, en medios regionales.
*Catedrático e investigador de la UACM y analista
