La reforma electoral que viene
Comunicación Política, Hemeroteca

La reforma electoral que viene

Fernando Vargas*

Desde el año 2018 mucho se ha dicho en torno a una posible reforma electoral y por fin tenemos las propuestas de reformas constitucionales sobre la mesa, se trata de temas donde para sorpresa de propios y extraños, sorprenden las coincidencias sobre todo después del desencuentro en el Congreso de la Unión con la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes.

     Conocido el contenido de las propuestas de las fuerzas políticas, se superan las tesis que se quisieron establecer como dogma, en el sentido de que la propuesta de reforma electoral debe provenir de la oposición y no surgir del gobierno en turno, postura que obviaba que era precisamente esa oposición la que había reclamado sendas reformas desde la fraudulenta elección de 1988 y que en 2018 logra la mayoría en la elección de la Presidencia de la República.

      Ello en sí mismo, implica el cierre de un ciclo del desarrollo democrático del país, que pasa por la elección del año 2000 de alternancia entre los dos partidos políticos tradicionales con más de 70 años de existencia y que en la elección de 2021, derivado del resultado de la inmediata elección presidencial, vienen fusionándose para enfrentar a una nueva fuerza política emergente.

      Es decir, el escenario político y el sistema de partidos políticos vienen evolucionando y transformándose de manera vertiginosa después de la elección presidencial de 2018, luego entonces, resulta evidente la necesidad de un rediseño del sistema electoral de nuestro país.

      Rediseño que pasa por la revisión de la representación política, la consolidación de la democracia participativa que viene a complementar a la representativa, del sistema de partidos políticos y de las autoridades electorales que fueron instituidas desde el Congreso de la Unión por los hoy partidos aliados PAN, PRI y PRD, sin la participación y el consenso de una nueva fuerza política emergente, de allí los desencuentros del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el gobierno Federal actual.

Es por ello, que extraña la oposición y descalificación a priori a una reforma electoral desde la propia autoridad electoral y algunos partidos, lo que evidencia  más que un interés por el desarrollo democrático, el interés de mantener un estado de cosas que les favorece, manteniendo intereses personales y de grupo en el manejo de la organización de los procesos electorales, baste recordar la ilegal y arbitraria ampliación de mandato de la mayoría de los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la usurpación de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el grupo de Lorenzo Córdova por un periodo más, cuando había agotado los dos periodos legalmente permitidos.

      La propuesta presentada por el titular del Ejecutivo Federal sorprendió a muchos y vino a desmentir una campaña mediática en la que el presidente del Instituto Nacional Electoral y el consejero Ciro Murayama son punta de lanza. Se cayeron los dichos de que el Gobierno Federal quería desaparecer a la autoridad electoral y organizar las elecciones desde la Secretaría de Gobernación, o en su caso, vulnerar la autonomía de la autoridad electoral, también de que se pretendía minar el pluralismo democrático eliminando los diputados de representación proporcional equiparándolo al régimen fascista de Mussolini en Italia.

     En lugar de ello, la Presidencia de la República propone la elección popular de consejeros y magistrados electorales, lo cual parece ser más una postura política ante los excesos de los integrantes de los órganos autónomos electorales que son designados por el Poder Legislativo por acuerdo de los partidos mayoritarios en su momento. Es decir, el mensaje es que el cargo de magistrado y consejero se deba a los electores y no a los partidos políticos que los proponen y designan, propuesta que se aprecia difícil de lograr el acuerdo de mayoría calificada, así como la implementación misma de tal elección popular.

       No obstante, llama la atención que el PRI coincide en cambiar el método de elección de integrantes del Instituto Nacional Electoral pero propone que la selección sea por insaculación.

       También con relación a las autoridades electorales, la Presidencia de la República propone la desaparición de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y de los tribunales electorales locales, propuesta que es acompañada por el PRI, lo que vendría a concluir un proceso que lleva muchos años con la credencial para votar única, la administración de tiempo de radio y televisión para elecciones locales federales y locales; otros aspectos fueron federalizados con la reforma electoral de 2014, como fue la designación de los OPLEs por el Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales locales por el Senado de la República por lo que tal propuesta no implica un atentado al federalismo como muchos pretenden presentarla.

      La disminución de 500 a y 300 diputados con lo cual coincide la propuesta del PRI toma fuerza, y si transita el sistema de elección por número de diputados en cada entidad federativa de acuerdo a su población, puede hacer una Cámara de Diputados más funcional y de representación federalista al establecer un equilibrio con la población de cada entidad federativa.

     Así como de representación de las fuerzas políticas, superando el sistema mixto de representación dominante de mayoría y atenuado por la representación proporcional, con límites de sobre y subrepresentación, derivación de la cláusula de gobernabilidad que garantizaba el control del Poder Legislativo por el partido mayoritario. En los Congresos de las entidades federativas y los ayuntamientos se propone similar reducción con un parámetro poblacional.

Otra propuesta del titular del Ejecutivo Federal es la cancelación del financiamiento público a los partidos políticos para actividades ordinarias y mantenerlo sólo para el financiamiento de las campañas electorales. Esa propuesta obligaría al rediseño de la organización de los partidos políticos, el consenso de tal propuesta se vislumbra complicado pero tiene gran simpatía entre la población dado el actual alto costo del financiamiento a los partidos políticos.

       También en el aspecto de prerrogativas a los partidos políticos, se propone la reducción de tiempo del Estado en la radio y la televisión para los procesos electorales, pasando de 48 minutos diarios a 30 minutos, propuesta que tiene como principales beneficiarias a las concesionarias de la radio y la TV que desde 2014 vienen pugnando por tal reducción, tal propuesta tiene mínimo impacto para los partidos políticos y las candidaturas ya que al eliminar el acceso a la autoridad electoral a los tiempos del Estado se compensa tal reducción. Sobre este tema si bien no se han pronunciado los demás partidos políticos es previsible que el PAN y el PRI lo apoyen como lo han venido haciendo desde 2014.

       Un aspecto que preocupa es la coincidencia de la propuesta Presidencial con el PAN y el PRI con relación al el voto electrónico, no sabemos si ambas propuestas van en el mismo sentido, ya que si bien la propuesta presidencial lo menciona como tal en la exposición de motivos, en el texto de la reforma se refiere al uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) en el ejercicio del voto. En tanto que el PAN y el PRI se han pronunciado por el uso de urnas electrónicas, lo que implica la posibilidad de que las personas carezcan del control del acto público que implica la emisión y transmisión del voto por medios electrónicos.

      Al parecer esas propuestas, si bien refieren un gran ahorro en la organización de las elecciones, no reparan en la construcción de confianza de la ciudadanía, ni que la emisión y transmisión del voto por medios electrónicos, la ciudadanía pierde el control y evidencia al ser susceptible de ser manipulada, tal sospecha quedó asentada en la elección de 2006 en la que a pesar de que el propio Andrés Manuel López Obrador tuvo mayor votación en el centro y sur del país, en ningún momento apareció en primer lugar en el PREP, como era lógico de suponer ante el flujo de resultados del norte del país desfasado en 1 y 2 horas por los husos horarios.

     Respecto del uso de urnas electrónicas, desde el año de 2009 el Tribunal Constitucional Alemán[1] determinó que no era constitucional su uso al no ser confiables y susceptibles de manipulación desvirtuando la elección como un acto público.

     Otra propuesta que preocupa es el de la propaganda gubernamental que en la propuesta del Ejecutivo Federal, se condiciona a la contratada con recursos públicos, al principio de neutralidad y de promoción de servidores públicos, lo que puede dar lugar a formalidades para acreditar la violación directa a la ley o el fraude a la ley como ha ocurrido con la adquisición de radio y televisión prohibida constitucionalmente desde 2014, tal propuesta no es una adecuada respuesta a los excesos y sesgos del INE y del Tribunal Electoral que censuran cualquier tipo de mensaje en las redes sociales que obviamente no son propaganda por no constituir campaña o publicidad.

      En este punto existe otra coincidencia entre la propuesta presidencial y el PRI, donde este último denomina mayor libertad de expresión durante las campañas electorales, libertad que sin embargo, hoy se encuentra garantizada en la Constitución y en las leyes pero que las autoridades electorales vienen tergiversando en un aparente excesivo celo, pero con un claro sesgo político. Entonces lo que corresponde es definir a la propaganda conforme a su propia naturaleza de campaña publicitaria (reiterada y que se prolonga en el tiempo) sea de comunicación social o no, se usen recursos públicos o se trate de un fraude a la ley.

Otras propuestas son las de leyes únicas en materia electoral y de figuras de democracia directa o participativa con las cuales se pretende establecer la consulta popular y la revocación de mandato para su aplicación a nivel federal y local. La legislación única aportaría uniformidad en la regulación de las elecciones y los procesos de consulta, puede simplificar y hacer más accesible las leyes a la ciudadanía en lugar del actual sistema legal que en esencia repiten lo mismo en una gran cantidad de leyes generales, federales y locales.

     Enunciadas las propuestas que se han puesto sobre la mesa, falta esperar el acuerdo de los distintos actores políticos en los temas para lograr la mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores para aprobar reformas constitucionales, con la anticipación de un año para su aplicación en el proceso electoral de 2024. Las partes deben dejar la descalificación a priori para transitar en los acuerdos que ya anuncian las propuestas, evitar el escándalo como el generado en la reforma electoral de la Ciudad de México que tan sólo implica un pequeño ajuste a la estructura del OPLE de áreas creadas desde 2014 sin función alguna y un gran derroche de recursos públicos.

       Otro posible escenario es la reforma a las leyes secundarias sin reforma constitucional, donde la fuerza mayoritaria cuenta con un gran margen de acción para reformar el sistema electoral, por lo que la oposición no puede permitirse bloquear una reforma constitucional ni quedarse al margen de la reforma a las leyes secundarias.

       En consecuencia, a todos conviene una reforma electoral pactada y de consenso que ofrezca a la población un sistema electoral sencillo, austero y confiable que se adapte a la nueva realidad del país.

*Experto en temas electorales y asesor legislativo


[1] Alemania votará con lápiz y papel | Alemania | DW | 03.03.2009

22 de julio de 2022