Fallido control de daños del INE, que cometió dos graves errores: argumentar falta de recursos, y suspender actividades preliminares del proceso revocatorio. En gobiernos anteriores había una gran laxitud y benevolencia de la mayoría de los consejeros del IFE-INE hacia los intereses gubernamentales, y los partidos que los llevaron al poder. Les aprobaban casi todo, el dinero que pedían, considera Eduardo Huchim, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal.
El también periodista, escritor y articulista afirma que detrás de la conducta del INE, además del dinero, está una gran soberbia y una pretendida infalibilidad de sus acuerdos, criterios y decisiones. El presupuesto del Instituto, sus funciones y estructura deben ser revisados porque “es un enorme devorador de dinero público”, en tanto que los partidos reciben un excesivo financiamiento, agrega.
-En diciembre arreciaron las diferencias entre el INE y el gobierno del Presidente López Obrador, luego de que seis consejeros aprobaron aplazar la organización de la consulta para la revocación de mandato, argumentando falta de recursos económicos. ¿Cuál es su opinión acerca de ese nuevo enfrentamiento?
-La aprobación del acuerdo que suspendió actividades del proceso de revocación del mandato fue un despropósito del Consejo General del INE, aprobado por un solo voto de diferencia 6-5. Es decir, hubo cinco consejeros que, por diferentes razones, disintieron de los otros seis.
-Ese grado de confrontación entre las partes, no se había visto nunca, ni durante los años que funcionó el IFE ni recientemente ahora con el INE. ¿A qué lo atribuye, qué cambió?
Lo que cambió, fundamentalmente, es la aprobación automática del presupuesto del INE. En vez de la otrora actitud complaciente de los diputados, ahora se dio el choque de dos visiones: una que ha hecho de la austeridad una práctica cotidiana, y otra que, acostumbrada a la sobreabundancia presupuestal, se resiste a dejar privilegios y a hacer las cosas con más eficiencia. Es decir, aumentando la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos.
Si recordamos la conducta anterior del INE-IFE encontraremos que, antes del actual sexenio, no había rebeldía sino más bien laxitud y benevolencia de la mayoría de consejeros hacia los intereses de los gobiernos anteriores y los partidos que los llevaron al poder. Pero éstos les aprobaban todo, o casi todo, el dinero que pedían.
-El INE tuvo que esperar dos resoluciones de la Suprema Corte y una del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le ordenaron continuar la organización de la consulta para la revocación del mandato y no aplazarla, para anunciar que sí continuaría con el proceso de organización. ¿Qué hay detrás de esas resistencias del INE, qué tan cierto es el argumento de Lorenzo Córdova defiende la autonomía del árbitro, pero parece impulsar la confrontación política con el gobierno, que prefiguraría la defensa de intereses de los opositores?
-El INE ha intentado un control de daños con una narrativa que pretende hacer virtuosos dos graves errores: a) argumentar la falta de recursos cuando aún no se sabía si se reunirían los requisitos para convocar a la consulta sobre revocación de mandato (en particular las firmas necesarias); y b) el acuerdo que suspendía ciertas actividades preliminares del proceso revocatorio.
En realidad, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligaron al INE a dar marcha atrás en sus pretensiones. Hubo una implícita desautorización del Poder Judicial al Consejo General.
El INE ha empleado -con algún éxito entre algunos opinadores- el argumento de la defensa de la autonomía, como si ésta pudiera medirse en dinero. Detrás de la conducta del INE, además del dinero, está una gran soberbia y una pretendida infalibilidad de sus acuerdos, criterios y decisiones.
-Al resistirse Lorenzo Córdova y otros consejeros electorales a realizar esa consulta estaban ignorando la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato, pero también desafiando los dos resolutivos de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, sólo para oponerse al gobierno federal.
–Así es.
-Después de que la Corte y el Tribunal Electoral resolvieron que el INE debía continuar con la realización de la consulta y no atrasarla, desde el órgano autónomo se informó que reduciría gastos hasta de 50 por ciento en algunos rubros. Lo que difiere de posturas anteriores de Córdova, quien días antes afirmaba “que nadie está obligado a lo imposible” (refiriéndose a la falta de recursos), y Ciro Murayama aseguró que el INE carecía de los “recursos mínimos” para realizar la consulta. Entonces, sí hay dónde recortar gastos allí, pero ¿en dónde más?
-Suponiendo que no hubiera ya más dónde recortar, toca ahora revisar los costos del INE. Es decir, maximizar la eficiencia que decíamos antes. En este sentido, en la sesión del Consejo General del 17 de diciembre, un consejero -José Martín Faz Mora- ofreció algunos rubros para explorar costos menores para diversas actividades del proceso de revocación.
Resulta difícil argumentar la falta de recursos para cumplir una obligación constitucional -el proceso de revocación- cuando se cuenta con casi 14 mil millones de pesos aprobados para el INE en 2022 (más de mil 100 millones de pesos al mes). Hay quienes suponen que de esa cantidad salen los recursos para los partidos políticos, pero no es así. Si se suma el financiamiento público de los partidos, el total rebasa los 19 mil millones de pesos.
-Cuando Lorenzo Córdova afirma “no cree en la revocación de mandato” (porque “cree en las responsabilidades del voto conferido”), y Ciro Murayama considera que el derecho de revocación de mandato “abarata las elecciones en México”, se oponen a una expresión de la democracia participativa, ¿qué postura están adoptando? La revocación enriquece o deteriora la democracia en un país. El Presidente López Obrador asegura que con la revocación de mandato se evitan futuros golpes de Estado.
-La conducta y el discurso de esos dos consejeros en particular exhibe una realidad que urge corregir en el INE: han pasado de árbitros a jugadores y juegan en contra del gobierno y del partido en el poder.
-Los consejeros Córdova y Murayama se han apropiado de la representación política del INE por sus roles protagónicos y mediáticos y se han arrogado la representación del Instituto, exacerbando las posturas políticas. Es decir, ¿el INE abdica de su deber de arbitrar las contiendas electorales para involucrarse en disputas de grupos políticos?
-Esos dos consejeros y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, dominan el Consejo General. Convendría que los demás consejeros tomaran conciencia de que ellos son mayoría y podrían reencauzar la conducta desafiante del INE que gusta mucho a la oposición, pero no tanto al electorado.
-Qué riesgos se corren de continuar el enfrenamiento entre el INE y el gobierno federal. El Presidente insiste en que el INE debe reducir sus gastos, que considera superfluos; mientras el órgano autónomo se resiste a reducir salarios, prestaciones y gastos onerosos, a lo que se sumó la reducción de su presupuesto en 26 por ciento.
-El presupuesto del INE, sus funciones y su estructura deben ser sometidos a revisión porque el órgano electoral es un enorme devorador de dinero público. También deberían ser revisados salarios y prestaciones de la burocracia dorada enquistada en el órgano electoral.
Esa revisión debería incluir también a los partidos políticos, que reciben un excesivo financiamiento público.
En un país con grandes colectividades en la pobreza y con tantas y tan profundas desigualdades sociales, no es racional gastar casi 20 mil millones de pesos en el INE y en el financiamiento a partidos.
-¿Por qué es importante el derecho constitucional a la revocación de mandato?
-La revocación de mandato puede ser un poderoso instrumento para frenar la corrupción en la jefatura del Estado mexicano y en los estratos superiores del gobierno. Si, como ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se acreditan el latrocinio por tales estratos y políticas públicas contrarias al interés nacional, la sociedad mexicana tendrá en ese derecho la vía para la destitución de un mandatario corrupto y abusivo
