Eduardo Ibarra Aguirre
El vacío informativo fue la respuesta del oligopolio mediático, en particular del cuarteto de las grandes televisoras, al ejercicio presentado en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el día 20, sobre el estado que guarda la seguridad pública, uno de los problemas que más preocupan a los mexicanos.
Es normal si, como se consignó aquí el lunes, la mediocracia entró al quite ante la incapacidad de los liderazgos partidistas y empresariales de las oposiciones para abrir cauces al enojo e incluso odio hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero no lo es tanto, si los corporativos de la denominada caja idiota hacen de la nota roja los espacios predilectos desde 1994, cuando el periodista y comunicador Antonio Mora Hurtado se quejaba de la ausencia de información general. Y los televidentes terminaban bañados en sangre.
Cierto es que tampoco los resultados de los tres primeros años del presidente Andrés Manuel son para echar campanas a vuelo, pero menos para ignorarlos, cuando el impacto económico de las acciones del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, mismas que participaron en el 66% de las operaciones de seguridad, causaron un impacto económico de seis mil 362 millones de dólares, producto de los decomisos de drogas ilícitas, particularmente fentanilo y anfetaminas que pasaron, respectivamente, de 559 kilogramos incautados en el pasado gobierno a 3 497 en éste, con una afectación de mil 398 millones de dólares.
O bien, si de diciembre de 2018 a la fecha aumentó el decomiso de armas en 80% con respecto a los últimos tres años de Enrique Peña Nieto, al pasar de 14 mil 411 armas a 26 mil 027, de las cuales 70% proceden de Estados Unidos.
Es preciso agregar que en 31% de las aprehensiones se utilizó la inteligencia y la incautación de aeronaves aumentó 143% en el comparativo de ambos periodos, al pasar de 65 a 159. Muchas de esas aeronaves tienen matrícula estadunidense.
Respecto de la letalidad derivada de agresiones de grupos delincuenciales se redujo, pues pasó de mil 412 civiles fallecidos, en 2011, a 212, en 2021. Pero Jorge Javier Romero jura y pregona todo lo contrario. Las quejas y las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos disminuyeron, en 2012-15 fueron tres mil 189 quejas y 20 recomendaciones, en tanto que en 2018-21, hubo dos mil 314 quejas y seis recomendaciones.
Y menos aún es para ignorarse que en 2018-21 la evolución de la incidencia delictiva se redujo en 22.1% en tres años con respecto a la segunda mitad del harto corrupto gobierno de Peña Nieto. Según cifras oficiales, uno de los delitos que más preocupan, el homicidio doloso, tiene una disminución de 3.8% y en los últimos cuatro meses está a la baja.
El desglose del balance arroja una reducción sustancial en robo total (21.3%), robo de vehículo (29.4%), robo de transporte público (27.9%) y feminicidio (19.3%). Por el contrario, la violencia familiar se incrementó 15.5% y las violaciones sexuales 20.8%, lo que explica el silencio de los grupos feministas anti López Obrador.
Lo anterior muestra la enorme tarea pendiente que reclama el concurso de todos los actores políticos, agentes económicos y sociales. Es imposible avanzar más y mejor sin la suma de esfuerzos y voluntades –como finalmente lo asumen los 32 gobernadores–, incluidos los de quienes se pitorrean de la estrategia federal y la caricaturizan, igual que ahora Televisa, Azteca, Imagen y Multimedios no se dieron por enterados, quizá porque Peña Nieto, su anterior mecenas, queda muy bien exhibido.
