Alma Rosa Alva de la Selva*
Los días que corren no son los mejores para la diversidad de enfoques en los medios de comunicación del país. El repertorio de visiones distintas y fundamentadas tanto sobre los grandes problemas nacionales, como también con relación a otro tipo de asuntos de interés público no abundan en los espacios de los medios, sean tradicionales o digitales. En el México de hoy, contar con varios miradores o puntos de vista sobre un asunto que ayuden a construirse una propia opinión, no es una posibilidad fácil de encontrar en el panorama mediático actual.
No se trata de un asunto menor: la existencia del pluralismo constituye uno de los más altos valores del funcionamiento de los medios de cara a su razón de ser, que no es otra que la de estar al servicio del interés y beneficio de la sociedad en su conjunto.
¿Puede aplicarse lo arriba señalado a la forma como opera buena parte de la radio y TV comercial, e incluso portales digitales de noticias en México? ¿En cuántos de estos segmentos puede hablarse verdaderamente de pluralismo informativo? ¿Qué dice la ley al respecto?
Intentar responder a tal pregunta remite a revisar el concepto de pluralismo político, un concepto que conlleva la idea de que la vida política se basa en la diversidad ideológica y la libertad de expresión, dos importantes pilares de la democracia.
En países donde se han conseguido avances sustantivos para alcanzar el ideal democrático el pluralismo político, se vincula con la libertad, misma que conduce a la discusión y participación ciudadana en los asuntos públicos. Así, en lo que llama “la comprensión informada”, uno de los politólogos contemporáneos más influyentes, Robert Dahl, considera que los ciudadanos deben tener oportunidades amplias y equitativas para conocer y elegir qué opción sería la más adecuada para sus intereses (Dahl:1989).
Es decir, en tal escenario los ciudadanos pueden efectivamente “formar su preferencia”, y con ello, incluso impulsar asuntos a la agenda pública y al mismo tiempo expresar sus argumentos. En efecto, sólo un sistema auténticamente democrático tiene las condiciones para que se expresen e incluso se discutan las diferentes corrientes de pensamiento, en medio de un ambiente de tolerancia y contribución. Tan importante es contar con una variedad de pensamiento y de interpretaciones.
Se trata, ni más ni menos, de un valor democrático el cual, de existir, habría de tener en los contenidos de los medios de comunicación uno de sus más claros reflejos.
Ahora bien, desde otro ángulo, el del régimen legal, la puesta en práctica en nuestro país del pluralismo se encuentra asegurada, por lo cual no debiera haber inquietudes al respecto. Veamos: por una parte, tanto en el pasado como actualmente, a nivel legal la función social de los medios ha sido orientada hacia el fortalecimiento de las convicciones democráticas en la república. Esto se ha garantizado a nivel constitucional, en el artículo 6º de la carta magna, donde se señala que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna”. Igualmente se establece que “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Por otro lado, como parte de las adiciones al apartado B de dicho artículo, se ha definido a las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, por lo tanto, en lo que toca a este último sector (radio y TV) aún el predominante entre las grandes audiencias nacionales, “el Estado garantizará que el servicio sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional(…). ”
Los alcances regulatorios del tema no terminan ahí, pues también es indispensable hacer referencia al artículo 3º constitucional, norma que como se sabe se vincula con la educación. Ahí se establece que los contenidos transmitidos vía la radiodifusión, además de entretener e informar también habrán de contribuir a la democracia, considerada como un sistema de vida dirigido al mejoramiento económico, social y cultural del pueblo (artículo 3º, fracción II, inciso a), para reflejar una visión nacional en cuanto a las problemáticas del país, la defensa de la independencia política y económica, el interés general de la sociedad y la igualdad de derechos, entre otros principios.
Si a partir de lo anterior pudiese afirmarse que en México la variedad de enfoques ideológicos y el ejercicio de la libertad de expresión están garantizados por ley en los espacios mediáticos, es así, aunque tal avance aplica más bien en la teoría: en la realidad cotidiana de las audiencias, los medios (clásicos o digitales) en los cuales es posible encontrar un repertorio de puntos de vista sustentados, analistas que realmente discutan y presenten argumentos, así como conductores de programas noticiosos que no mezclen información con opinión, aderezadas tales prácticas con frecuentes descalificaciones, son difíciles de encontrar.
Buscando las razones de fondo de dicho problema, que no es menor puede decirse que tales prácticas se deben a varios factores, entre los cuales resalta uno, especialmente en los llamados medios electrónicos “tradicionales”: la característica de constituir y funcionar como un “poderes fácticos”.
No es ésa una configuración reciente, sino de larga data en la trayectoria de los medios radiofónicos y televisivos, los cuales aún cuentan con considerables audiencias en el país, donde una amplia porción de ciudadanos continúa sin acceso a la red (espacio éste, por cierto, donde hay una gama mayor de opiniones o posturas sobre los temas).
Como bien ha documentado Fernando Mejía Barquera en su conocida investigación sobre el desarrollo de la industria y la televisión de frente a la política del Estado mexicano (1989), a partir de los años cuarenta comenzó a erigirse un nuevo bloque político en el país. Una de las fracciones de ese grupo emergente, “algunos de cuyos miembros ya existían como grandes empresarios desde los años del maximato especialmente, pero que en su mayoría empezaron a conformarse como tales, gracias precisamente, al especial apoyo que recibieron de los gobiernos que dirigieron al país a partir de los años cuarenta”, señala Mejía, fue adquiriendo notable poder económico. Pero no sólo fue eso: dicha fracción, proveniente del sector empresarial, asentado en el Valle de México, logró crear una relación armónica con altas esferas de la burocracia política y consiguió entablar convenientes negociaciones con la cúpula de éste, sobre todo en la larga etapa del dominio priísta.
Fue así como, explica Mejía, esa fracción conjuntó poder económico y político y comenzó a ocupar un sitio dentro del bloque gobernante, con influencia directa en el gobierno como también desde el interior de las instituciones estatales. A tal sector se vinculó el grupo dirigente de la radiodifusión, que desarrolló una cercanía con la burocracia política que se tradujo en una particular simbiosis, con apoyos mutuos desde la administración pública, espacio desde el cual se promovían los intereses de la radiodifusión comercial, mientras en los espacios de ésta se favorecían las decisiones o políticas gubernamentales.
Con acuerdos políticos con el partido y grupo gobernante que por lo general resultaban fructíferos para ambos, serían las cadenas de televisión abierta las que, una vez transcurrida la etapa del “Estado fuerte” en el país (durante la cual la industria mantuvo cierta subordinación hacia el ente gubernamental) desplegarían a todo lo ancho su condición de poderes fácticos en los años siguientes.
En los momentos actuales, ese “poder basado en hechos” que se ejerce fuera de los ámbitos formales o institucionales presencia el rompimiento de ese viejo pacto simbiótico. Se resiste a renunciar a la capacidad que había ganado no sólo de influir en las decisiones de la élite gobernante, sino incluso de condicionarlas y hasta de lograr modificarlas. Esa configuración histórica se resiste a dejar de intervenir como el influyente actor político que rebasó a las leyes y las instituciones e incluso pasó por encima de los derechos de los ciudadanos, a cambio de “pertinentes” acuerdos.
Hoy, mientras el gobierno actual se encuentra en la búsqueda de construir una relación distinta con los industriales mediáticos (sobre todo aquellos que están migrando del ámbito de la radiodifusión a los escenarios digitales), ese grupo, que vale reiterar continúa formando parte del “bloque dominante” ha puesto a funcionar su maquinaria con una postura y objetivos claramente unificados, en cuanto al rechazo de cambio alguno que afecte aquel pacto simbiótico que les resultara tan favorable pero que ahora se desvanece.
Su reacción se ha traducido en programas informativos y programas plenos de comentarios parciales, donde las descalificaciones han sustituido a los argumentos y a la crítica objetiva y necesaria.
Una de las perniciosas consecuencias de tal práctica, que niega los principios y función social del auténtico periodismo es la notable escasez de opciones para las audiencias, lectores o usuarios de los medios. Por más que se recorra el cuadrante radiofónico o el dial televisivo las alternativas resultan escasas ante la mimetizada narrativa de denostación de las acciones del gobierno actual, sistemáticamente aplicada en las emisiones noticiosas cotidianas.
Por lo que toca a las redes sociodigitales, puede decirse que si bien en sus espacios se registra un mayor repertorio de voces críticas, opiniones y contenidos, con las excepciones del caso, esa diversidad se ve opacada frecuentemente por la baja calidad de las discusiones que ahí se entablan, los mensajes de odio que saturan las redes o la difusión de fake news. De ahí que su contribución con insumos al pluralismo en materia informativa y de opinión sea limitado.
Así pues, la férrea cerrazón de un amplio grupo de medios a la diversidad ideológica en los despachos informativos y emisiones de análisis muestra que en nuestro país una amplia porción del sector mediático constituye uno de los sectores más rezagados de la sociedad mexicana, al punto de que incluso pudiese convertirse –si no lo es ya- en un obstáculo para el avance del arduo proceso de la democracia en México.
*Doctora en Comunicación por la UNAM
