Mesa puesta para juzgar espías
Comunicación

Mesa puesta para juzgar espías

Las revelaciones encontradas en la investigación internacional Pegasus Proyect realizada por periodistas de diez países y 17 medios de comunicación, entre ellos Aristegui Noticias y Proceso, aporta elementos importantes para abrir en México carpetas de investigación por al menos “corrupción” en contra de quienes par­ticiparon en la adquisición del programa espía Pegasus.

Según Santiago Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, empresas (más de 30 empresas fachada, de acuerdo con una investiga­ción de Aristegui Noticias y Proceso), habrían participado en la compra del programa espía Pegasus e insumos a quienes se les identificaron irregularidades financieras y discrepancias fiscales. Esas compras se realizaron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la investigación internacional, unos 50 mil números celulares estarían en una lista que fue entregada al grupo de periodistas Forbidden Stories, quien a su vez convocó al resto de los medios y a Amnistía Internacional para averiguar, quienes habrían sido suscep­tibles de ser investigados en cada país. De esa cantidad de teléfonos, al menos 15 mil corresponden a números de mexicanos.

En la lista aparecen los teléfonos del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, su entorno familiar y político, así como una decena de periodistas como Carmen Aristegui, Rafael Rodríguez Castañeda, Álvaro Delgado, Jenaro Villamil, Marcela Turati, Daniel Lizárraga, además de defensores de derechos humanos. Los abogados de las familias de los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, y políticos opositores.

El programa Pegasus estuvo a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), cuando fue secretario de Gobernación, el actual senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha insistido en negar la adquisición del programa, que también fue comprado en el sexenio pasado para la Secretaria de la Defensa Nacional y la entonces Procuraduría General de la República.

De aquellos 15 mil propietarios de celulares, ¿Quiénes realmente, habrían sido espiados? No lo revela la investigación de Proceso y Aris­tegui Noticias. Eso lo sabe el entonces titular del CISEN, Eugenio Imaz, subordinado de Osorio Chong. Frente a tanta evidencia, en contra de funcionarios del gobierno de Peña Nieto, quienes incurrieron en prácticas anticonstitucionales por espionaje, y señaladas las empresas que habrían cometido irre­gularidades financieras o fiscales, queda en la Fiscalía General de la República actuar, y administrar justicia, ante tan lamentables agravios a la ciudadanía

3 de agosto de 2021