Ivonne Acuña Murillo*
En los primeros tres meses del presente año el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se topó con las protestas y el paro de las mujeres del 9 de marzo y la pandemia del COVID-19, que no sólo modifican el contexto en el que pensó tomaría las medidas necesarias para hacer realidad su proyecto de la Cuarta Transformación (4T), sino que, en función de sus propias estrategias de comunicación, acciones y resultados, podrían convertirse en problemas de gobernabilidad.
La gobernabilidad, en este escrito, debe entenderse como la capacidad de gobernar en términos de eficacia y legitimidad, de acuerdo con la visión clásica weberiana, y en términos de comunicación como se propone en este escrito. Es decir, a la visión teórica tradicional debe agregarse una nueva dimensión en función de la importancia que ha adquirido la comunicación política y el manejo de los medios de comunicación, tradicionales (prensa radio, televisión) y alternativos (redes sociales).
Desde esta perspectiva, la legitimidad no se logra sólo a partir de la eficacia en la instrumentación de políticas públicas y en relación con los aciertos en términos administrativos, políticos, económicos, culturales, ecológicos, sino por la forma en la que el gobernante en turno es capaz de comunicar sus proyectos y avances, y en la medida en la que pueda concitar consensos en torno a las acciones realizadas.
La relación primera establecida entre estos conceptos supone que, a menor eficacia, menor legitimidad y, por tanto, menor gobernabilidad. Es decir, apoyo a las acciones gubernamentales. Incluyendo la dimensión de la comunicación política se puede afirmar que la disminución de la legitimidad y con ella la posibilidad de menor gobernabilidad, no depende sólo de una menor eficacia, sino de errores al comunicar a la población objetivo (mujeres, gente expuesta al contagio del coronavirus) las estrategias para resolver los problemas asociados a dicha población.
Un problema de gobernabilidad no supone desde el inicio actos violentos, revolucionarios, contrarrevolucionarios, boicots o terrorismo, sino acciones más pequeñas, simbólicas incluso, que muestran un desacuerdo de fondo respecto a las soluciones ofrecidas por el gobierno.
Atendiendo la definición mínima de legitimidad, propuesta por Max Weber, se puede pensar en esta como: “la probabilidad de que la gente obedezca”. En este sentido, la gente obedece a su gobernante en la medida en que asume que este es legítimo y es legítimo en función del derecho que sus seguidores le reconocen para ocupar un puesto público de alta responsabilidad.
Pero, para que esto ocurra deben cumplirse ciertas condiciones previas como la confianza de los seguidores en el líder, la creencia en su legitimidad y en su capacidad para gobernar y resolver los problemas más apremiantes, y la seguridad de que cumplirá lo prometido.
Visto así, la gobernabilidad supone la construcción de consensos que permitan a quien gobierna contar con el apoyo suficiente para hacer realidad el proyecto ofrecido.
Es innegable, que López Obrador llegó a la presidencia de la República después de una exitosa campaña de comunicación política y de haber logrado un apoyo popular sin precedentes. En los primeros meses de su administración, de acuerdo con datos de la casa encuestadora Parametría, su aceptación llegó a niveles del 85%.
Poco a poco, ese nivel de aprobación fue bajando hasta mantenerse constante entre un 65% y un 75%. Cifra muy alta todavía y que hablaba del enorme apoyo popular con que seguía contando el actual mandatario y que de alguna manera estaba pagando, esperadamente, el costo de ser gobierno, pero aún con muy buenos números de aprobación. Pero, justo en los primeros meses de este año, los números favorables del presidente mostraron una tendencia a la baja acercándose al 50%.
Se podría pensar que estos números hablan sólo de la popularidad del primer mandatario, sin embargo, tienen que ver con la aprobación de su gobierno, aunque, en este punto, confirman expertos como Francisco Abundis, director de Parametría y otros, que la población califica mejor al presidente que a su administración. Esto significa que la imagen de AMLOt pesa más que la de su gobierno y otros elementos de su gabinete y del sistema político.
En estos términos, los índices de aprobación se relacionan directamente con la legitimidad de quien gobierna y con la confianza que sus gobernados y gobernadas le tienen. Es aquí donde la pregunta obligada es ¿qué pasó en los primeros meses de 2020 para que bajaran de manera notoria los índices de aprobación de AMLO?
Aunque la respuesta podría no ser sencilla, en el contexto de esos primeros meses aparecen inevitablemente dos fenómenos claramente diferenciados: por un lado, las protestas de las mujeres en contra de los feminicidios y su exigencia de que se haga algo al respecto; por el otro lado, la pandemia del COVID-19, la transmisión del virus en el mundo y la comparación con las estrategias tomadas por otros países, así como la respuesta dewl gobierno federal y de López Obrador, en particular.
Movimiento Feminista, lejos de la derecha
En el primer caso, las respuestas inadecuadas expresadas por el presidente de la República a las protestas de las mujeres y del Movimiento Feminista, las cuales adquirieron notoriedad a partir del viernes 16 de agosto, cuando en la llamada “Brillantada”, grupos de mujeres lanzaron brillantina morada, pintaron, rompieron, gritaron, y aunque dicha manifestación no tuvo como su principal destinatario al gobierno federal, sino a la administración local de la Ciudad de México por la supuesta violación de policías en contra de una menor de edad, si marcó el tono de las protestas posteriores.
Destaca al respecto, la forma como el presidente ha minimizado las causas femeninas, en particular el feminicidio; sus respuestas abstractas y generales en torno al problema cada vez que se le pregunta, en alguna conferencia mañanera, qué hará su gobierno al respecto. La forma como desde la principal tribuna del país, ha deslegitimizado al movimiento y las causas de las mujeres al afirmar que son manipuladas por los conservadores para derrumbar a su gobierno; que ha convertido al movimiento, junto con la derecha, en arena de lucha de intereses ajenos a este; y, la falta de empatía y comprensión que ha mostrado en torno a lo que viven las mujeres, jóvenes en particular, en este momento en México.
Lo anterior ha llevado a miles de mujeres a sentirse “traicionadas” por un mandatario que se muestra progresista en otros temas, pero que desoye sus voces en función de una pretendida moralización de la sociedad que al restituir el tejido social disminuirá los feminicidios, ignorando el trasfondo histórico-cultural-patriarcal-machista que atraviesa de lado a lado la realidad nacional y que permite, justifica o ignora los horribles asesinatos y todo tipo de violencias ejercidas en contra de las mujeres.
Paradoja para un presidente que conoce y ensalza la historia de México, pero que desconoce la historia del Movimiento Feminista y las múltiples teorías y estudios empíricos que lo acompañan, desconocimiento que lo ha llevado a recortar presupuesto, indiscriminadamente, a las estancias infantiles y los refugios para mujeres, perdiendo de vista la función social de estos en el camino de las mujeres al empoderamiento y la autonomía.
La falta de empatía con el movimiento de las mujeres, mostrada una y otra vez a través de las respuestas en las conferencias mañaneras, como ya se dijo, ha minado la confianza de estas hacia el presidente, mientras que la falta de medidas eficaces para frenar no sólo los feminicidios, sino las múltiples violencias sufridas por ellas, tanto en el espacio de la vida privada como en el ámbito público, carcomen igualmente la legitimidad otorgada por las mujeres al presidente, el 1 de julio del 2018, acercando a las mujeres a la desobediencia.
Coronavirus y presiones contra AMLO
El otro caso, la pandemia del COVID-19 y la estrategia seguida por el presidente López Obrador y su administración para enfrentar de la mejor manera la amenaza que dicho virus representa, muestra también problemas de gobernabilidad.
Así como el Movimiento Feminista, el coronavirus se ha convertido en arena de lucha del presidente y de sus opositores, quienes politizan el tema en lugar de buscar la conciliación y con ella soluciones conjuntas para enfrentar la amenaza que el virus representa.
Por supuesto, ni los feminicidios, ni las violencias machistas, ni la pandemia fueron provocados por la actual administración; los primeros vienen de una muy antigua cultura machista y el segundo, viene de fuera. Sin embargo, las respuestas del Ejecutivo ante tales problemáticas si es responsabilidad de quien ocupa hoy la silla presidencial. Esto es, no hay manera de que López Obrador omita su responsabilidad y de que, para bien o para mal, pague los costos de sus decisiones.
En torno al manejo de la pandemia destacan dos posturas: la de quienes han criticado las decisiones gubernamentales buscando presionar por todos los medios para que el presidente tomara las medidas que ya se han implementado en otros países, entre ellas la cuarentena y con esta la disminución de la actividad económica al mínimo posible, el cierre de fronteras, la aplicación masiva de pruebas (la que por cierto ningún país ha hecho pues se aplican solo en caso de sospechas, pues son pruebas caras y no se tienen los insumos como para aplicarlas a toda la población).
Y la de quienes, como el gobierno, asumieron que había que contener dichas medidas lo más posible para minimizar el daño económico que se causaría a una economía ya de por sí golpeada por la falta de crecimiento y caracterizada por la existencia de una fuerza laboral informal, el 60 por ciento del total de gente empleada, que no cuenta con protección social y que, en su mayoría vive al día, y que se vería en graves problemas para subsistir. A lo anterior se suma, la evidencia sociológica previa de que la gente no aguanta tanto tiempo encerrada en casa y que cuando esta medida se toma debe hacerse en el momento adecuado, para evitar que la gente desesperada por el encierro decida romper la cuarentena en el momento de mayor transmisión de la pandemia.
Se puede decir, en descargo del gobierno, que existe evidencia de que ambas cosas son ciertas, el daño a la economía y las respuestas inadecuadas de la gente como resultado de apurar las medidas que otros países han tomado siendo que la epidemia les llegó un mes antes que a México, por lo menos. Sin embargo, los factores que han provocado la presión en contra del gobierno son múltiples y en algunos casos incluyen también argumentos de peso.
Por un lado, las inevitables comparaciones en torno a lo hecho por otras administraciones para contener la pandemia, entre ellas la de Estados Unidos, Corea del Sur, España e Italia, y lo que han hecho bien o han hecho mal. Quienes presionaron a López Obrador argumentaron que debería verse en esos espejos y apurar las medidas de contención.
Se sumó igualmente, una intensa campaña en medios tradicionales y redes sociales en contra de lo hecho hasta ahora por la administración federal, politizando el tema y buscando con malicia golpear a López Obrador, más allá de una preocupación legítima por el “bienestar del pueblo”. Grupos políticos comendados por personajes ya conocidos que esperaban un “brote” de muertos por todas partes para crucificar al primer mandatario, mostrando con ello su falta de eficacia administrativa y política.
El gobierno se defendió afirmando que México aún estaba en la “Fase I”, la de importación del virus y no en la “Fase II”, la de propagación. Sin embargo, voces de científicos autorizados como el epidemiólogo Carlos del Río, profesor de medicina y salud global en la Universidad de Emori en Atlanta, negaron el estatus
científico de tales etapas, las cuales, afirmó, no son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que parecieron un invento de esta administración para retrasar las medidas, que como se dijo, tendrían consecuencias anticipadas.
Por otro lado, se cuestionó la tardanza en constituir el Consejo de Salubridad General de la República, contemplado en la Constitución Política, y cuya pertinencia ha sido explicada por el maestro David Sánchez Mejía, asesor del Colegio Nacional, en un artículo publicado por el sitio Animal Político, el 18 de marzo, y cuyo Consejo General estaría conformado entre otras instituciones por Secretarios de Estado, el de Salud a la cabeza, los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Cirugía, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras, de acuerdo con las afirmaciones del ministro en retiro José Ramón Cossío y la senadora Josefina Vázquez Mota.
Este Consejo, mismo que finalmente se constituyó el 19 de marzo, opera como autoridad ejecutiva autónoma y tiene la facultad de imponer medidas restrictivas relacionadas con la emergencia sanitaria, ordenando las acciones tomadas en todo el país tanto por gobiernos locales, empresas, instituciones de educación, al tiempo que descentralizaría las decisiones que hasta ahora recaen de manera personalista en el presidente de la República.
La falta de este órgano, en las primeras semanas de la contingencia sanitaria, supuso a los ojos de diversos actores, una falta de estrategia general que llevó a muchas instituciones a parar actividades desoyendo lo indicado por la autoridad federal, ante el riesgo de contagio, entre ellas, universidades como la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); la Universidad Iberoamericana (UIA), el Tecnológico de Monterrey, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Universidad del Valle de México (UVM), entre otras; así como el Poder Judicial de la Federación, por instrucciones de su presidente el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea; el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, por decisión del presidente municipal Miguel Treviño de Hoyos.
Deficiencias en la comunicación del Presidente
Los factores presentados, unos internos y otros externos, presionaron no sólo a López Obrador y su equipo sino a diferentes grupos de la sociedad para tomar medidas sin coordinación aparente. Desde este punto de vista, la falta de confianza en la prudencia del gobierno y en su eficacia para contener la pandemia, provocaron acciones que bien podrían ser consideradas como parte de un proceso que lesiona la gobernabilidad de la presente administración.
A lo anterior, habrá que sumar la dimensión de la comunicación política, centrada en el presidente de la República, que en el caso del COVID-19 no ha sido la más acertada, máxime cuando en las conferencias mañaneras López Obrador, aludió a tréboles de cuatro hojas y a imágenes religiosas como protectores y cuando no respondió de manera directa los cuestionamientos de las y los periodistas desviando el tema de la pandemia a cosas como el aeropuerto de Texcoco, la corrupción y otros tópicos. Peor aún, cuando él mismo violó los protocolos del distanciamiento social haciendo mítines públicos en los que abrazó y besó a una niña, olvidando que “todo comunica”.
Como remate, no logró, en las primeras semanas de la contingencia sanitaria, contagiar su tranquilidad a la mayoría, ni comunicar con total claridad la pertinencia de sus estrategias, pero, sobre todo, no pudo construir en torno a ellas los consensos necesarios para encaminar a todo el país por la misma ruta en relación con el coronavirus.
Así presentado, aparentes errores de comunicación política (no hay que olvidar el perfil del pueblo al que habla el presidente), acciones que no convencieron a muchos actores y sus resultados posibles, en torno a las demandas de las mujeres y la pandemia del COVID-19, colocaron al presidente López Obrador frente a un escenario con posibles problemas de gobernabilidad, mismos que pueden desaparecer sí su apuesta es la correcta. En poco tiempo, al menos en lo que refiere a la pandemia, no así en referencia a las mujeres, se sabrá quién tuvo la razón: AMLO o sus críticos.
