José Luis Camacho López
Cualquier propuesta de un nuevo periodismo en México para distanciarlo de las turbias y añejas relaciones que han viciado y caracterizado a la libertad de prensa en el país -en manos y bajo control de minorías que confunden los negocios con el ejercicio periodístico-, debe partir de que la información y la opinión son bienes públicos vinculados indisolublemente a los procesos de democratización del país.
Democracia y comunicación es un debate inacabado planteado desde el siglo pasado para romper con los monopolios privados de la información, que todavía dominan en el mundo, ahora encarnados en las empresas que gobiernan en la internet. Este binomio fue motivo de iniciativas como el Informe McBride, que al definir a la comunicación la determinaba como un proceso mediante el cual, “el individuo pasa a ser un elemento activo y no un simple objeto de comunicación”, concepto del que surgió la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) de efímera vida, que sin embargo dejó la huella de una iniciativa dirigida a la democratización de los poderes de la comunicación y la información que sigue vigente en nuestro tiempo.
A partir de esta definición de reconocer la personalidad social como sujetos activos a quienes forman las audiencias o los ratings, se planteaba “aumentar el grado y calidad de la representación social en la comunicación de la participación” de los sectores de la población excluidos al promover el “incremento de la participación social en la conducción de los medios y la pluralidad de los mensajes” (Juan Somavia, Foro Internacional de Comunicación Social, organizado por El Día en 1982).
En ese sentido, una condición sine qua non para la democratización de los medios de información implica la democratización de las sociedades con un respeto irrestricto a sus derechos civiles y humanos, en los que se encuentra la libertad de prensa, la difusión de informaciones y opiniones libres garantizando el derecho a la información.
Un nuevo periodismo tiene que garantizar esos derechos para que correspondan y coincidan con las necesidades informativas de los sectores de la población contemporánea, particularmente de los grandes sectores sociales marginados que aún carecen de expresión en los actuales medios de información regulados por la economía de mercado, dedicados a vender las noticias y las opiniones como mercancía y a tratar a sus audiencias como consumidores y no como una ciudadanía con derechos constitucionales.
Libertad de prensa y democracia es un binomio esencial para un nuevo periodismo. Un claro ejemplo estos días del manejo parcial, manipulador e interesado en los medios de información privados concentrados en apenas un puñado de empresas, es el referente a la contrarreforma eléctrica. Sus empleados: reporteros, editores y conductores o actores mediáticos que alquilan tiempos de las concesiones de esos corporativos, manejan la misma línea y orientación para deslegitimar esa iniciativa de reformas constitucionales sobre la industria eléctrica.
Arnaldo Córdova al recordar el “célebre Informe MacBride”, no objetaba que los medios podían ser objeto de negocio, pero advertía que su manejo “es un asunto de interés público”, que con inversión pública o privada deben “responder siempre al interés general y no sólo a la brama del dinero” porque su función tiene que ver con “difusión del conocimiento, educación, ilustración de los pueblos, y con la difusión objetiva de las noticias” (“El cinismo de los medios”, La Jornada, 16 de septiembre de 2007).
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador observamos con toda nitidez el tránsito de la etapa de subordinación mutua entre la prensa comercial y el poder público del antiguo régimen (PRI y PAN), a la etapa de la denigración de su adversario en Palacio Nacional, que los ha llevado a los extremos de un manejo de noticias y de la opinión en el cual subyace el empleo más arcaico del anticomunismo artero, feroz y hediondo, que se practicaba en la misma prensa mexicana, entre los años de las décadas de los cuarenta hasta los ochenta del siglo pasado.
En los medios de información mexicanos no existe una condición esencial de la democracia y de una genuina comunicación: el diálogo plural al que se refería Octavio Paz en su ensayo Pacto Verbal como uno de los pilares de la democracia (1995, Obras Completas FCE), un diálogo que contribuya al entendimiento y comprensión de los problemas nacionales.
Los actuales actores de medios contemporáneos desconocen esa noción de diálogo. No existe en las cabinas de los medios electrónicos de radio y televisión ni mucho menos en los diarios impresos o digitales. Las emisiones cotidianas de esos medios se caracterizan por ser monólogos en gran parte exacerbados por las políticas del actual gobierno. Son esclavos del rating, en el cual no existen los públicos ni las audiencias, simplemente sujetos consumidores dominados por el libre mercado.
Los esfuerzos de diálogo en los medios mexicanos son aislados, en general domina la autocomplacencia y la simulación sobre la comunicación con las personas que sintonizan radio y televisión. Lo mismo ocurre en los medios digitales. Las redes sociales no son tampoco un modelo de diálogo, en general se manifiestan fobias, filias y prejuicios, sin la posibilidad de un diálogo porque los mismos medios de las TIC no lo procuran.
Los medios públicos de radio y televisión son débiles, tampoco indagan el sentido del diálogo, se mantienen como cotos cerrados sin indicadores claros sobre sus audiencias, sin definición de sus fortalezas y actualización de sus oportunidades. Es una lástima que no exista una profunda reforma integral de estos medios que les permita reforzar competencias y ampliar audiencias.
A pesar de que estos medios dependen de recursos públicos, padecen de lo mismo que caracteriza la vida de los medios privados, autocomplacencias y complacencias, no se atreven a experimentar propuestas de diálogo y crecer y desarrollarse como reales factores de equilibrio en el escenario de los medios de información en el cual el predominio del espectro radioeléctrico, en el que se supone el Estado y la sociedad deben ejercer una soberanía democrática, está bajo la servidumbre de las empresas mediáticas privadas.
Tampoco este tipo de medios de origen gubernamental propician una noción de diálogo democrático, de autorregulación y transparencia, que sería condición para ejercer un nuevo periodismo; no solamente para cultivar los géneros periodísticos tradicionales y practicar formatos más atractivos o conservar emisiones que abordan los sentimientos y tradiciones de sectores de la población mexicana. En estos medios también prevalecen los monólogos en las emisiones de sus cartas programáticas. Navegan en el espacio radioeléctrico sin invención ni renovación. Requieren de esa profunda e integral reforma que les permita ser ese necesario y urgente instrumento de equilibrio en los espacios mediáticos.
En México, la mayoría de los medios de información fueron creados y surgieron de las entrañas de los poderes políticos y económicos y han dependido de un pacto no escrito para simular la libertad de prensa, entre los poderes del Estado, en subordinación mutua a partir de concesiones de distinta índole: subsidios, partidas publicitarias, favores fiscales, condonación y pagos en dación; créditos, licitaciones a favor de negocios paralelos a las empresas mediáticas a través de tráfico de influencias.
Un alto funcionario de las administraciones de los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, se jactaba de que la corrupción era una de las “correas de transmisión” del régimen hacia los medios de información que se renovaba durante los procesos electorales y en cada sucesión presidencial.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rompió con ese pacto; liberó a los actores mediáticos, a las empresas, propietarios, directivos, editores, columnistas, reporteros, a todos los periodistas de ese pacto de control y subordinación mutua en el ejercicio de la libertad de prensa y optó por correr los riesgos de enfrentar la exacerbación y la inquina de los voceros de los medios afectados por la ruptura de ese pacto, que les garantizaba manejar las libertades públicas de información, opinión y derecho a la información como mercancía política y económica.
Sin embargo, el hecho de que López Obrador haya liberado a los medios del reclusorio de prerrogativas y la corrupción que los vinculaba con el gobierno federal, no significa que exista plena libertad de prensa en México, si los periódicos y las corporaciones de la radio y la televisión forman parte de monopolios patrimoniales de unas cuantas familias que usan esas libertades de información y opinión para beneficio de sus intereses particulares y acrecentamiento de sus fortunas.
Mientras estas grandes empresas mediáticas mercantiles controlen y regulen los ejercicios constitucionales de las libertades públicas de información y opinión, “sean instrumentos de presión de intereses económicos”, y sean los empresarios privados quienes “determinen qué existe o qué no existe en las páginas” de sus diarios no habrá libertad de prensa, como señaló Juan Somavia, fundador de la agencia de noticias del Tercer Mundo Inter-Press Service, y quien participó junto con Gabriel García Márquez en la redacción del Informe MacBride, publicado en 1980 que plantea desde entonces un Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC).
Desde que era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, López Obrador creía favorable que en una democracia “se deba respetar el derecho a la crítica y a disentir” (Notimex 21 de enero de 2005). En algunas ocasiones López Obrador ha señalado la necesidad de separar a la información de los poderes económicos y políticos (el 15 de junio al abrir un espacio dedicado a “Quién es quién en las mentiras de la semana” y el 4 de noviembre pasado).
Entre las medidas para separar a los medios de información del poder público adoptadas por este gobierno, destacan la drástica disminución de la publicidad para las empresas mediáticas, así como los espacios de comunicación donde se analiza lo publicado por los medios de información durante las conferencias matutinas, que ya había efectuado durante su paso como Jefe de Gobierno. Es una modalidad de diálogo público que ha irritado a las empresas mediáticas mercantiles y a sus empleados.
Empero, las medidas realizadas por el actual gobierno de la Cuarta Transformación de la República son aún insuficientes, si persiste el control de la libertad de prensa por parte del grupo de familias propietarias de las empresas de los medios de información impresos, electrónicos y digitales, son insuficientes para crear las condiciones de un nuevo desarrollo de otro tipo de prensa que se distancie de los poderes públicos, mientras no se favorezcan condiciones para apoyar empresas de nuevo perfil informativo y de opinión que favorezcan un verdadero equilibrio en los espacios mediáticos.
Entonces, pregunta Zócalo: ¿qué tipo de nueva prensa necesitamos?
Por principio, cuando ya contamos con un diagnóstico provisional de hechos que han influido en la conservación de la vieja prensa, de sus viciosas relaciones con los poderes públicos, políticos y privados -aún incrustados hasta la fecha en instancias estatales, municipales o en los aparatos legislativos u organismos autónomos-, el primer paso es promover una profunda reforma integral transparente de la vida de los medios de información en México, que garantice una completa libertad de información y de opinión junto con el derecho a la información, sin ningún tipo de censura, simulaciones ni complicidades; y se garantice la existencia de mecanismos de financiamiento transparentes a cooperativas de periodistas por parte del Estado que propicien el desarrollo de un nuevo periodismo, vía publicidad gubernamental bajo otros parámetros, que no sean el rating ni los subsidios, los arreglos a modo debajo de la mesa o cualquier otra forma de sujeción o control como los que han pervertido la libertad de prensa en México. Un nuevo periodismo transparente y con memoria histórica.
