El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, pese a sus intentos por negociar, Grupo México pidió al gobierno 9 mil 500 millones de pesos para dejar operar tres vías de Ferrosur al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, razón por la que el gobierno decidió desplegar elementos de la Secretaría de Marina en dicho tramo ferroviario.
“Si actuó la Marina es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que se detengan las operaciones, están operando”, explicó el mandatario esta mañana, al ser cuestionado sobre la presencia de elementos armados en un tramo del ferrocarril Ferrosur en Coatzacoalcos, Veracruz, que se dio el pasado viernes.
El suceso se interpretó como una toma, ocupación, y expropiación de las vías concesionadas a Ferrosur, propiedad de Grupo México, de German Larrea, empresa que acusó una “sorpresiva e inusitada toma de instalaciones”. La medida fue interpretada por medios opositores como “expropiación” y “ocupación”.
El viernes 19 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto donde se declara de utilidad pública: “La conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario” en los tramos de las líneas “Z”, “ZA” y “FA”, ordenando la “ocupación temporal inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec” a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La longitud de las vías férreas es de mil 565 kilómetros.
López Obrador aseguró que desde un inicio se buscó llegar a un acuerdo con Grupo México, sin embargo, no se logró. Explicó que para que el Corredor Interoceánico cumpla su objetivo de unir al Golfo de México (donde está el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz) con el mediante el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico, se necesitan las concesiones de los tramos que actualmente opera Ferrosur.
El mandatario argumentó que no se trató de una expropiación, pues “se expropia lo que es propiedad privada”, sino que lo que hizo fue “recuperar una concesión que es de la nación”.
“Este tramo de concesión tiene que restituirse, y nosotros le damos el derecho de paso [a Grupo México], pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación, por seguridad nacional e interés público, y es completamente constitucional y legal”, abundó.
Aseguró que la decisión de emitir dicho decreto en el DOF el pasado viernes, la tomó después de que Grupo México pidiera al gobierno pagar 9 mil 500 millones de pesos por su uso, a pesar de que en un principio pareció que sí iba a aceptar un acuerdo. “Así ya no se puede. Ni si quiera es un precio justo, sino un abuso”, acusó el mandatario.
Explicó que ahora lo que sigue es esperar al procedimiento legal para que la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se pague una indemnización, si es que les corresponde, subrayó.
