Cristian Orrego
El 11 de marzo del presente año asumió un nuevo gobierno en Chile, encabezado por Gabriel Boric, y respaldado por una amplia colectividad de partidos y agrupaciones políticas, dentro de las cuales se encuentra el Partido Comunista. En su primer discurso, desde el Palacio de la Moneda, Boric hizo varias referencias a Salvador Allende, y al Golpe de Estado que terminó con su vida aquel 11 de septiembre de 1973:
“Estas paredes han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado y no olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes y eso nunca más se puede repetir en nuestra historia”, agregó al inicio de su discurso. Luego, para cerrar, agregó: “como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor”.
Las referencias a un pasado arrebatado por las fuerzas militares -en conjunto con la derecha y los sectores conservadores chilenos- permiten vislumbrar un futuro promisorio, al menos en términos declarativos. El pueblo de Chile lleva esperando años de transición para que llegue la ansiada democracia, para que se recupere la senda del poder popular, aquel que llevó a Salvador Allende a la presidencia, y que cimentó las bases para un proyecto colectivo: la vía chilena al socialismo.
Boric asume con un gabinete compuesto, en su mayoría, por mujeres y por cuadros jóvenes; donde gran parte de los cargos más cercanos son detentados por exdirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, actual ministra vocera de gobierno, y Giorgio Jackson, ministro encargado de llevar las relaciones con el Congreso. Además, por primera vez el cargo de ministro(a) del Interior es detentado por una mujer, la expresidenta del Colegio Médico de Chile, Iskia Siches, figura clave en el triunfo de Boric. Sin embargo, existen también autoridades que asumen que formaron parte de los anteriores gobiernos de la Concertación (coalición política de centro izquierda que tomó las riendas de la transición en 1990), ante lo cual se tiene especial suspicacia.
La pregunta que surge ante tal situación es ¿qué tan alejado estará el actual gobierno de las prácticas llevadas a cabo por una coalición que prometía ser de izquierda y que terminó acercándose a la centro derecha? Esto, claramente, puede restar legitimidad al proceso, sobre todo considerando que tales autoridades que provienen de partidos de la exconcertación, en el actual gobierno están ocupando cargos clave en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Más allá de la composición de los equipos entrantes y de la conformación heterogénea de los principales círculos de toma de decisión, el gobierno de Boric deberá enfrentarse a desafíos que requieren de solución inmediata. A los problemas de larga data, como la relación del pueblo mapuche con el Estado chileno, la desigualdad, la concentración de la riqueza, la situación de las pensiones, y la dificultad para acceder a derechos sociales, se suman ahora problemas coyunturales, relacionados con la crisis migratoria y los efectos de la pandemia, entre otros.
La problemática que sufre el pueblo mapuche remonta a los orígenes de la República de Chile. Según un sector mapuche, la única manera de dialogar con el Estado se dará luego de que se ponga sobre la mesa la restitución de tierras y la liberación de los presos políticos. Respecto de esto, durante los primeros días de gobierno, la ministra del Interior, en una improvisada visita, viajó al Wallmapu (territorio mapuche) junto a una comitiva, la cual fue repelida con disparos percutados al aire por desconocidos.
La desigualdad y la concentración de la riqueza representa otro de los tópicos que tendrá que solucionar el actual gobierno, sobre todo porque ello representa una promesa de campaña. En este sentido, el actual gobierno posee una oportunidad histórica que dar una solución real al problema de la desigualdad, y así distinguirse de los anteriores gobiernos de la Concertación que, más allá de las declaraciones de campaña, no lograron entregar una solución real.
Para esto, será clave que prontamente el gobierno trabaje en una reforma tributaria que logre recaudar fondos suficientes para la implementación de su agenda. En este tema en particular, el impuesto a los super ricos representa una bandera de lucha que se retomará con mayor fuerza, ahora desde el Poder Ejecutivo.
En el tema migratorio, el gobierno entrante tendrá que hacer frente a una crisis migratoria que se agudizó en los últimos años, en gran parte a causa de las políticas aplicadas bajo el mandato de Sebastián Piñera. Ahora, se tendrá que actuar sobre la base de una Ley de Migraciones recién aprobada, y de un reglamento elaborado en el periodo anterior. A pesar de que, hasta el día de hoy no se cuenta con una autoridad designada en materia migratoria, las señales que ha dado el presidente se orientan a mantener la frontera resguardada por los militares, y cerrar la puerta a la posibilidad de un “perdonazo”.
Es decir, a cualquier proceso de regularización extraordinaria. Ahora que se está en medio de una crisis migratoria (por el grado de desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes), la política migratoria se juega entre dos polos: por un lado se encuentra la visión “buenista” que lleva a pensar que no deben existir las fronteras y que el país debe acoger a todas las personas que lleguen a territorio nacional, y por otro lado, la visión “pragmática”, que logre garantizar una migración segura, ordenada y regular, lo que implica, entre otras cosas, el control fronterizo, las restricciones a la migración, y un proceso de regularización que permita a las personas migrantes acceder a un mínimo de derechos que, con estatus migratorio irregular, no pueden acceder.
El gobierno que está asumiendo, es hereditario de décadas de fortalecimiento de un modelo que fue sistemáticamente horadando la calidad de vida de las personas, con derechos sociales restringidos, pensiones insuficientes, y sobre todo, con una fuerte carga emotiva vinculada a la dictadura. Ante esto, el gobierno de Boric se juega entre dos polos construidos durante décadas en Chile.
O se inclina hacia la izquierda, diferenciándose de los distintos gobiernos de la Concertación, que prometieron la igualdad como efecto de la transición a la democracia; o bien, hace valer un modelo que ha beneficiado durante décadas a las clases privilegiadas, y que se ha logrado mantener a costa de la salvaguardia de los anteriores gobiernos de la Concertación.
La esperanza de un cambio en las condiciones materiales de vida existe en gran parte de la población chilena, que ve en este gobierno la posibilidad de lograr mayores niveles de calidad de vida, y restituir la “dignidad” que fue arrebatada desde 1973. Sin embargo, también existe cierto escepticismo en otro sector, que está a la espera de que las declaraciones se materialicen y provoquen cambios reales, a costa de la pérdida de poder y privilegios de las clases, hasta ahora, dominantes.
Se está entrando a un punto de inflexión, con un proceso constituyente abierto ocurriendo de manera paralela. Uno de los mandatos que se ha planteado el gobierno entrante está representado por, a diferencia del periodo anterior, resguardar dicho proceso y garantizar que la nueva constitución pueda responder a las grandes demandas del país. En esto, tanto los elementos simbólicos como materiales están a la base de la posibilidad de un cambio.
No se está frente a un gobierno revolucionario. Se está frente a un gobierno progresista que ha apostado por la gradualidad. Es de esperar que, en dicha gradualidad, la correlación de fuerzas no implique un continuismo respecto a los gobiernos de la “llamada transición”, sino más bien, que este sea un gobierno de transición a la espera de un próximo gobierno que prosiga en la ruta de las transformaciones profundas que el país requiere y ansía.
