Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, informó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta mañana durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Pablo Gómez Álvarez dio detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano en contra del exsecretario Genaro García Luna, así como familiares suyos y otras empresas y de otras cinco personas que estuvieron involucradas en una red de corrupción, el cual se está llevando a cabo en Florida, Estados Unidos.
El funcionario explicó que un conglomerado de empresas familiares obtuvo 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas, “a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”, información que se obtuvo de acuerdo a la investigación de la UIF en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Detalló que los recursos obtenidos fueron transferidos al extranjero mediante lavado de dinero, justificando la compra de muebles e inmuebles, así como otros activos precisamente en Florida.
Explicó que la UIF identificó esta red de corrupción de García Luna a partir de una transferencia de una de las firmas empresariales involucradas a él por un monto de diez millones de dólares y se presentó una demanda civil el 21 de diciembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Florida para resarcir el daño generado.
Como evidencia de las investigaciones realizadas al exfuncionario, Pablo Gómez dio a conocer los nombres de los implicados, entre los que se encuentra la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra. Además, durante la conferencia presidencial, proyectó evidencia de los contratos mediante los cuales obtuvieron estos recursos.
Diana Morán Reyes
