La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el pasado miércoles una audiencia solicitada por ocho organizaciones civiles ante el riesgo del establecimiento, por parte de los Estados, de tecnologías con capacidades de vigilancia sin una regulación adecuada respecto de las repercusiones sobre los derechos humanos consagrados en la Convención de América.
Pidieron además que se respete la moratoria propuesta por la Oficina del Alto Comisionado y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, para que este tipo de tecnologías dejen de comercializarse hasta que existan regulaciones estatales basadas en los principios de la legalidad para su correcto funcionamiento.
En la audiencia se mostraron diversos casos en los que la nula regulación sobre este tipo de tecnologías deriva en violaciones a la privacidad, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la igualdad y a la no discriminación. Sin organismos a los que las empresas digitales tengan que rendirle cuentas y sin leyes para la aplicación de justicia en el caso de dichas violaciones.
Además se aclaró que no existen contrapesos constitucionales ni controles democráticos respecto de las acciones realizadas por este tipo de tecnologías, adquiridas y utilizadas por los Estados para fines autoritarios (disfrazados de seguridad pública), y en los cuales se han visto especialmente afectados periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.
En dicha audiencia se recalcó que cada Estado debe de cumplir con los compromisos acordados por el Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, para realizar adecuaciones en los marcos regulatorios y operativos del uso de tecnologías de intervención, vigilancia, comunicaciones, acceso a datos y geolocalización por parte de los mismos.
Sin embargo, aunque son de conocimiento público algunos casos en los cuales los derechos humanos de los ciudadanos han sido atentados por el uso de este tipo de tecnologías, los defensores de estas últimas argumentan que no existe información suficiente sobre los daños que producen y mucho menos información suficiente para crear una legislación para su regulación.
(AMFP)
