Alma Rosa Alva de la Selva
El arranque del 2021 ha sido portador de la reactivación de un tema que desde el año pasado había generado polémica e intercambio de opiniones: los órganos autónomos y la posibilidad de modificar su estructura y tareas.
En efecto, en junio del 2020 el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, dio a conocer una iniciativa de ley que recomendaba cambios en el diseño institucional de los órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, regulador para ese vasto ámbito y creado en el 2013, en el marco de la llamada Reforma Telecom.
Esa propuesta legislativa, que sugería fusionar en una nueva institución a varios de dichos organismos, sin desaparecerlos, generó una controversia tan encendida y sin ánimo de diálogo con el Senado por parte de los involucrados, que obligó, sin más, al retiro de ese proyecto, aun cuando desde el Congreso se había señalado que su posible discusión en parlamento abierto sería bienvenida y todas las voces, escuchadas.
El rechazo le ganó a ese proyecto de ley, pero derrotando también con ello al debate y a una saludable revisión del desempeño y eficacia de los órganos autónomos. En cambio, lo que hubo fue una defensa a ultranza de éstos, como si fuesen perfectos y no hubiese nada por mejorar.
Fue así como esa propuesta legislativa, que pudo ser el momento para corregir, enriquecer y valorar si, después de más de un lustro la acción de dichos organismos es pertinente frente a las condiciones y necesidades del país (que por principio y fin de cuentas es lo más importante) se convirtió, como anticipamos en su momento, en una oportunidad perdida para analizar los avances (que los hay) de tales organismos, como también de su actuación ante situaciones clave que han requerido del ejercicio efectivo de la autonomía que les ha sido conferida (por ejemplo en el caso del IFT, frente a sus poderosos regulados) con un saldo no del todo convincente.
Parecía que el asunto había sido desplazado de los pendientes de la agenda nacional. Sin embargo, el 8 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo saber en la conferencia mañanera que pronto impulsaría una reforma administrativa para los órganos autónomos, sobre todo por razones presupuestales y que se podría optar por su integración a dependencias del gobierno federal. Anunció que analizaría el tema con su gabinete.
Fue entonces cuando resurgió el tópico, al mismo tiempo que el desacuerdo de quienes se resisten al necesario examen del funcionamiento de los organismos mencionados y los posibles ajustes derivados de tal revisión. Salieron al paso expresiones iracundas, acompañadas de aspectos reiterativos que no conducen a la construcción de un debate más propositivo que reactivo, que podría despejar el camino y contribuir a fortalecer auténticamente tales instituciones.
Es por la ausencia de un debate objetivo y suficientemente documentado sobre el tema que conviene reflexionar sobre algunos de los puntos de conflicto en torno al mismo, como punto de partida para una valoración del rol desempeñado por los controvertidos organismos autónomos, particularmente el regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión, frente a los requerimientos nacionales en la materia.
Autonomía no es soberanía
Uno de los aspectos de mayor polémica radica en la insistencia de que pretender modificaciones a los organismos equivaldría a un atentado contra su autonomía, característica definitoria de tales instituciones pero que en la discusión se plantea desde una concepción inexacta, casi sin límites para su acción, al punto de entender a éstas como intocables.
Si bien un organismo autónomo lo es en función de la independencia en sus decisiones y por contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, en realidad, como lo han hecho ver varios juristas esa autonomía es una “independencia relativa” con respecto a otros poderes y órganos del Estado que sí son soberanos, en tanto se trata de poderes superiores, algunos de los cuales “generan leyes sin recibirlas de otros” (Ruiz Valerio:2017).
Los órganos autónomos no se encuentran en tal situación y por ello no pueden comportarse como los arriba descritos, sino que, más allá de los informes periódicos y comparecencias ante autoridades que están obligados por ley a presentar, habrían de estar dispuestos a una rendición de cuentas más amplia.
¿Un perfil tecnocrático?
Otro aspecto que se menciona de forma recurrente para defender y avalar la estructura y funcionamiento actual de tales organismos, y marcadamente el IFT, es su carácter técnico, presentado como blindaje a toda prueba ante “la política” y por tanto garante de una toma de decisiones supuestamente lejana de los intereses de los sujetos de su función reguladora.
Aun cuando la necesidad de especialización en asuntos tan importantes como el acceso a la información gubernamental y por añadidura, altamente complejos como la protección de datos personales (tema crucial en el Siglo XXI) y desde luego, la regulación del hipersector de las telecomunicaciones (incluida la radiodifusión, es decir, radio y televisión) y las TIC está fuera de duda, es de cuestionarse el pronunciado perfil asumido por el IFT, con enfoques de su tarea propios de expertos que emiten dictámenes desde su atalaya.
Y es que el argumento de la “probidad técnica” como equivalente a la pertinencia y asepticidad política no es garantía de que se esté realizando cabalmente un servicio a favor del interés público. Al menos en el caso del IFT, así lo han dejado ver ciertos episodios, por ejemplo, la reciente y por demás tardía declaratoria de Grupo Televisa como agente preponderante en la televisión restringida, segmento donde el dominio el consorcio ha sido flagrante y prologado. Esto, con todo y que una de las razones más importantes para la creación del Instituto fue el imperativo de acotar efectivamente la gran concentración existente en el país, tanto en el sector telecomunicaciones como en el de radiodifusión.
De impedir se busquen equilibrios en aspectos como éste, se corre el riesgo de que el organismo creado en el 2013 se convierta en un espacio reservado para la tecnocracia, que predominantemente echa mano de soluciones técnicas para problemáticas relacionadas con aspectos sociales.
Organismos distantes de la sociedad
Vale no olvidar que muchos de los organismos autónomos surgieron en respuesta a las demandas de la sociedad mexicana manifestadas en las últimas décadas del Siglo XX, y las cuales en el ámbito del acceso a la información gubernamental y los medios de comunicación se plasmaron en propuestas como las vertidas por el llamado “Grupo Oaxaca”, para el primer caso, y las agrupaciones de la sociedad civil que construyeron la iniciativa ciudadana para un nuevo marco legal de la radio y la televisión en el 2002, que pugnó por la creación de un consejo o comisión para la comunicación nacional ciudadanizado. Así pues, en ese sentido, la creación de instituciones como el INAI y el IFT representó un avance.
Sin embargo, cabe preguntarse en cuanto al organismo regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión lo siguiente: más allá de dirigirse a la sociedad con asuntos de tipo técnico que le afectan, como el “apagón analógico” o las tarifas de los servicios, ¿dónde está su vinculación con la heterogénea sociedad mexicana? El Instituto no parece haber construido una relación con los ciudadanos, a quienes entiende sólo como usuarios. Es por ello que problemáticas como las diversas desigualdades digitales que aquejan al país no son asumidas por el IFT como asuntos de carácter central. El Instituto tendría que estar al tanto asimismo de ese ámbito tan importante de los usos sociales de las TIC, sobre todo para contribuir a la formulación de las políticas públicas en la materia, una tarea que también forma parte de su misión.
Como bien señalaran miembros del Sistema Nacional de Transparencia, se requiere de “instituciones públicas fuertes, confiables y cercanas a la gente”.
Adicionalmente a los aspectos anteriores está también el hecho insoslayable de que, en medio de la crisis económica causada por la pandemia, los órganos reguladores se han tornado más visibles para la ciudadanía como instituciones privilegiadas y poco sensibles frente a los enormes problemas de las mayorías, para las cuales los sueldos jugosos y condiciones ventajosas de sus altos funcionarios, que en muchos casos han rechazado aun una reducción mínima, como sí han aceptado otros servidores públicos, resultan poco empáticas o faltas de solidaridad.
Las claves del cambio
En lugar de cerrarse a un análisis más amplio que toque aspectos tan importantes como los de tipo técnico y se traduzca en transformaciones que favorezcan el interés público, la discusión sobre el tema podría tomar en cuenta los aspectos siguientes:
- A partir de diagnósticos basados en información rigurosa, así como de las propuestas centrales de un debate público serio y con visión propositiva, llevar a cabo una reforma de los organismos autónomos que optimice su funcionamiento, de cara a la situación del país y las necesidades de la sociedad mexicana en la materia.
Como parte de dicha reforma habrían de acometerse los siguientes aspectos:
- Reforzar la imparcialidad y autonomía de dichos organismos;
- Revisar el perfil institucional de organismos que han asumido un carácter eminentemente técnico (por ejemplo. el IFT), para que sin perder su especialización, indispensable para efectuar sus funciones, se vinculen mayormente con las problemáticas sociales frente a los nuevos escenarios digitales.
- Con el fin de fortalecerlos y perfeccionarlos, realización de un análisis a fondo de los logros y déficits de dichos organismos, así como de su estructura y diseño institucional, sin que se modifique la naturaleza de su función ni sean subsumidos por dependencias del gobierno federal.
- Encontrar la fórmula virtuosa para un diseño institucional que, en paralelo a preservar los saberes técnicos de su materia, permita vincular a las instituciones mayormente con la ciudadanía y les dote de una visión social.
El momento actual obliga a realizar un balance puntual sobre los logros del funcionamiento de los organismos autónomos, caso por caso y no con el fin de extinguirlos, sino para realizar cambios para que efectivamente cumplan con la misión para la cual fueron creados. Ése es el reto.
