Ayer se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia realizó investigaciones en contra de la periodista Marcela Turati, la antropóloga Mercedes Doretti y la abogada Ana Lorena Delgadillo, por considerarlas sospechosas del crimen de las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Esta masacre fue cometida en el municipio del mismo nombre, en 2010, y cobró la vida de casi 200 personas (identificadas como migrantes centroamericanos) halladas en 48 fosas clandestinas, en una ejecución masiva realizada sin motivo aparente por el cártel de los Zeta.
Desde ese momento, Turati, Doretti y Delgadillo han realizado diversas investigaciones sobre el caso, el móvil del mismo y los responsables. Hecho que fue malversado por la Procuraduría General de Justicia, implicándolas como sospechosas intelectuales del mismo.
Ayer se dieron a conocer, en una publicación del diario The Washington Post, evidencias y documentos que demostraban que estas activistas habían sido asediadas por las autoridades mexicanas, siguiéndolas y monitoreándolas de manera telefónica.
Organizaciones se han manifestado en contra de este tipo de actos por parte de autoridades, ya que violan los derechos humanos de los individuos y la presunción de inocencia, sin tener prueba alguna de la implicación de los mismos en algún acto delictivo.
(AMFP)
