Polarización: la estrategia de la negación informativa
Comunicación Política, Hemeroteca

Polarización: la estrategia de la negación informativa

Gerardo Albarrán de Alba

La disputa por el poder político en México ocurre en la arena de los medios tradicionales y las redes sociodigitales, en un clima de polarización y confrontación cada vez más exacerbado, que se expresa a través de la violencia simbólica con la que se pretende imponer narrativas irreconciliables. Les propongo algunas pistas teóricas para encuadrar el permanente enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los medios tradicionales, desde el populismo y la mediatización de la política hasta el alineamiento de las élites mediáticas con el establishment del que forman parte.

Antes de esto, demos un largo paso atrás. En el principio fue el periódico. Y con él, la secularización y la defensa de las ideas. Luego vino la vocación de servicio público, y la prensa se constituyó en instrumento de la democracia liberal, junto con el mito de que la democracia y la prensa eran igual y lo mismo en todas partes, o que deberían serlo. Ni lo han sido ni lo serán, pero esta retórica alimenta hoy imaginarios públicos desde los que filias y fobias se disputan los discursos y sus significados.

Los sistemáticos cuestionamientos y descalificaciones del presidente López Obrador a la prensa en general, y a algunos periódicos y periodistas en particular, son respuesta (las más de las veces) a coberturas sesgadas y a posicionamientos político-editoriales que son magnificados desde las redes sociales para luego regresar a los mismos medios como nueva “información”. Así, medios y redes sociales se retroalimentan mutuamente, como serpiente que se muerde la cola, un uróboros informativo devorándose a sí mismo.

A pesar de tres alternancias en la Presidencia de la República (del PRI al PAN, en 2000; del PAN al PRI, en 2012, y del PRI a Morena, en 2018), la imperfecta e inacabada transición democrática en México se refleja en los trompicados avances en términos de libertad de expresión y de prensa, así como de acceso a la información para la sociedad general.

La lenta pero constante democratización de la vida pública no ha terminado de liberar a los medios de su encuadre en el modelo liberal capturado propuesto en 2014 por dos académicos mexicanos de la Universidad Iberoamericana, Manuel Alejandro Guerrero y Mireya Márquez.

Planteado así, los medios mexicanos “son liberales en tanto que están técnicamente diseñados bajo el modelo de financiamiento privado y regido por el mercado, pero capturados porque, a diferencia del ideario liberal, no están regidos por el interés público, sino que están supeditados a intereses políticos, económicos o gubernamentales en distintos grados”.

Estos autores identifican a las élites mediáticas no como “contraparte” sino como parte misma del establishment, lo que explica su perfil conservador y declaradamente antiizquierdista. Lo que nos muestra la literatura académica es que, en muchos casos, las políticas de mercado per se no garantizan la independencia de los medios del control gubernamental en Latinoamérica, ni mucho menos de las presiones de grupos económicos y actores políticos conservadores.

“Esto se traduce en un desplazamiento de los medios y los periodistas como fuentes primarias de información de cada vez más gente, que se va quedando sin referentes de contrastación, otro factor que alimenta las distorsiones en la mediatización política. Y la función vigilante del periodismo se pervierte al quedar nuevamente subordinada a “usos culturalmente heredados y a reglas no escritas del autoritarismo”, ha explicado Mireya Márquez, particularmente cuando el periodismo crítico se utiliza como moneda de cambio.

La arena virtual

En tanto, periódicos, revistas y noticieros de radio y televisión se llenan con las mismas prácticas corporativas que posicionaron en los medios a Enrique Peña Nieto como candidato presidencial del PRI en 2012, pero que ahora son utilizadas para denostar al presidente López Obrador: propaganda en forma de gacetillas, patrocinios de columnas y artículos de opinión, y entrevistas y coberturas pagadas.

La editorialización de los conductores de noticieros borra toda frontera con la información e impone un marcado sesgo y predisposición anti-López Obrador y todo lo que tenga que ver con su movimiento político. Esta tendencia se ha incrementado conforme se acerca el 6 de junio, día de la elección intermedia, y nutre la distorsión informativa en redes sociales.

Esta polarización se hace más evidente en Twitter, una red social basada en intereses, convertida en espacio para cualquier tipo de disputas en todo el mundo, prácticamente sin moderación alguna. A mediados de mayo pasado, el propio CEO de Twitter, Jack Dorsey, reconoció públicamente los problemas de la plataforma, que se ha tornado tóxica: “Hemos visto abuso, acoso, manipulación, automatización y desinformación”, aceptó.

En México estas actitudes se dispararon desde las elecciones presidenciales de 2012 y la disputa entre los “peñabots”, articulados en la campaña del candidato del PRI, y las hordas de bots no orgánicos para impulsar la campaña de la candidata del PAN Josefina Vázquez Mota, a partir de posicionarla en los llamados trending topics.

A partir de ahí, Twitter es frente de guerra, de ataques y noticias falsas, y de la disputa por los hashtags. Twitter no es una arena menor. México ocupa el noveno lugar mundial de usuarios de esta red, con un estimado de 11 millones, según cálculos recientes de Statista. Ahí, los ataques y descalificaciones se alimentan a sí mismas y son amplificadas y cada vez más distorsionadas en cámaras de eco de radio y televisión, reforzando prejuicios y temores.

La disputa por la narrativa se encuadra en lo que Rossana Reguillo, coordinadora de SignaLab en el ITESO, nombra “políticas de visibilidad”, a partir de los marcos interpretativos que construyen diversos actores en la sociedad sobre sujetos y sucesos, influyendo más en la emoción que en la razón, es decir, la “administración social de las pasiones”.

Para Signa Lab, el encuadre mediático determina la construcción de la relevancia de los acontecimientos. En el caso de López Obrador, ha documentado el condicionamiento de coberturas mediáticas al apoyo o denostación de la figura presidencial.

En este clima de polarización y confrontación no se pretende debatir, sino atacar; no se busca convencer, sino aniquilar la imagen y las ideas del contrario; no se interesa en construir, sino fragmentar. Triste espectáculo son los spots de campañas que aspiran a la legitimación mediante la expurgación del otro.

Conviene tener muy presente que el clima de confrontación de los medios con el gobierno de López Obrador responde a disputas que van más allá de los constructos democráticos y de los valores normativos de la prensa. Hay una disputa por el poder.

Para entender el creciente antagonismo de la prensa tradicional con el gobierno de López Obrador, conviene recordar que “la fuerza que pueda tener la tradición de una prensa de opinión tiene que ver con la historia de las relaciones entre los medios de comunicación y el sistema de partidos y grupos sociales organizados, y que estas características de la cultura periodística son a la vez indicadores de un paralelismo político”, como establecieron desde 2004 el estadunidense Daniel Hallin y el italiano Paolo Mancini, dos especialistas en sistemas mediáticos comparados.

Según ellos, “en los sistemas donde existe un fuerte paralelismo político, la cultura y el estilo dis¬cursivo del periodismo están estrechamente relacionados con los de la política”.

Lo cierto es que medios y periodistas se embozan tras la idea de un periodismo de servicio público como máscara ideológica que oculta otros fines, monopolios y cotos de poder. Creer lo contrario “sería extremadamente ingenuo”, como advierten Hallin y Mancini, y aun así hay que resaltar los abundantes (aunque todavía minoritarios) esfuerzos de autorregulación ética, no sólo como un tema moral sino incluso como una justificación profesional.

Pero este concepto de “paralelismo político” pierde eficacia fuera de sistemas políticos competitivos, con actores claramente definidos, y una relación de sana distancia institucionalizada entre medios y agentes políticos, como demostraría más tarde el investigador brasileño Afonso de Albuquerque.

Lo grave no es que la gran prensa tradicional asuma posiciones políticas (eso no sólo es esperable, sino hasta necesario), lo que es peligroso es que lo haga desde falsas neutralidades para ocultar su parcialidad. Al pervertir su función vigilante, esa prensa atenta contra la democracia que dice defender.

Esto lleva a escenarios donde los medios se convierten en agentes que atentan contra la propia democracia, particularmente en ambientes de ineficacia estatal, aunado a la debilidad de estados de derecho, como ha advertido el argentino Silvio Waisbord. En la experiencia mexicana, esto se tradujo históricamente en medios atrapados por intereses extraperiodísticos, tanto políticos como privados, que cancelaron su función social”.

Aquí encontramos el origen de una de las batallas declaradas de López Obrador contra el poder mediático acumulado gracias a las reformas neoliberales de finales de los 80 y los 90, particularmente en los mercados audiovisuales y de telecomunicaciones, con la consecuente inhibición del pluralismo en los medios, el florecimiento del infoentretenimiento, la trivialización de la vida pública y la mercantilización de las noticias.

Mediatización hegemónica y contrahegemónica

La persistente identificación que hace López Obrador de la prensa tradicional con los poderes fácticos impulsa la política de comunicación presidencial para contrarrestar a las corporaciones mediáticas conservadoras que son contrarias a los intereses populares con los que se identifica este gobierno.

A esto, Silvio Waisbord lo identifica con el “populismo”, pensado desde la mediatización de la política y la reorganización de los sistemas de medios en Latinoamérica, como un intento contrahegemónico de los medios, pero “desde arriba”, desde el control del Estado, algo contra lo que se oponen esos medios tradicionales y los grupos de interés económico, porque les disputa “el monopolio de la captura” del que nos hablaban Guerrero y Márquez.

En México, el fantasma del socialismo es invocado desde las étites, particularmente ante el avance reformista de López Obrador que pretende reestructurar las relaciones entre Estado y mercado que en otros países sudamericanos se tradujo en un mecanismo para regular el sistema de medios.

De algún modo, existen ciertas similitudes entre la estrategia que desarrolló Hugo Chávez en Venezuela para centralizar la comunicación en torno suyo como mecanismo para contrarrestar el poder de los grandes medios privados, particularmente después de que –no olvidemos– esos medios se convirtieron en actores políticos y participaron abiertamente en el fallido golpe de Estado de 2002 contra Chávez.

Sin embargo, contra lo que alegan sus detractores, existe una gran diferencia hasta el momento entre López Obrador y otros gobiernos sudamericanos que han sido anatemisados como “procomunistas”: la llamada “Cuarta Transformación” no ha intentado regular a los medios.

Mientras creció la concentración de propiedad mediática de gobiernos de izquierda en Sudamérica, en México no se aprecia mayor intervencionismo estatal, aun cuando persisten el clientelismo y la discrecionalidad para aplicar los marcos legales, como recién lo evidenció el propio presidente López Obrador al cuestionar los contratos del empresario Olegario Vázquez Raña, propietario del Grupo Imagen, para administrar reclusorios, mientras usa sus medios para denostar a su gobierno.

Periodismo y democracia

La democracia no es solo un sistema político, es una cultura. En ella, el periodismo juega un papel central. Una labor que debemos asumir desde los propios medios es el análisis y la crítica del papel del periodismo en la endeble democracia mexicana. Es decir, no sólo revisar cuál ha sido su rol fáctico en estos años de transición inacabada, sino plantearnos cuál debe ser nuestra función en la construcción de una sociedad plural e incluyente, lo que necesariamente tiene que llevarnos a repensar los valores normativos de nuestra profesión desde el mismo plano de la sociología de los medios.

Y es que no estamos hablando de un problema sólo de los medios, vistos como empresas particulares que lucran con un bien público, que es la información, a los que interesa el dinero y la influencia como extensiones de poder de sus propietarios y accionistas. Este es un problema epistemológico de desarrollo periodístico y, por tanto, es un problema de la democracia de este país.

La mayoría de los periodistas son, junto con la sociedad, una suerte de rehenes de juegos de interés de los que forman parte como meros engranajes. Sólo que muchos periodistas están imbuidos culturalmente en un rol de comparsa.

Gracias al trabajo de académicos como Guerrero y Márquez, sabemos que, junto con los vicios e inercias históricas que arrastra, el ejercicio periodístico está sujeto a las presiones comerciales de los propios medios y la presión de los intereses políticos. El desempeño periodístico se encuentra bajo constante amenaza de captura por parte de intereses comerciales de los propios medios, de intereses políticos de los actores vinculados con los medios y de las propias inercias y vicios arrastrados de épocas autoritarias respecto de prácticas y rutinas de producción.

Por eso, los medios también deben rendir cuentas a la sociedad, particularmente los electrónicos. Todos tenemos la obligación moral de la transparencia. Así, al menos, tendríamos más claro como sociedad los intereses que se disputan el poder con el pretexto de obtener nuestro voto.

Por lo pronto, habremos ido a las urnas este 6 de junio disminuidos cívicamente por la polarización y confrontación que distorsionan el debate público y secuestran la información. Se han dejado de discutir las ideas que nos permitirían construir una sociedad donde la diversidad y la pluralidad nos enriquezca y, en su lugar, nos han imbuido en el prejuicio, los estereotipos, la descalificación y el envilecimiento de la cosa pública.

21 de junio de 2021